Sin Embargo
En su Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2021, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos detectó en el penal de Juárez condiciones de hacinamiento y sobrepoblación, insuficiencia de personal de seguridad y custodia y presencia de actividades ilícitas.
Ciudad Juárez, 15 de agosto .– Al menos desde 2019, las autoridades de Chihuahua saben que son las bandas criminales las que controlan el penal de Juárez y que desde ahí se ordenan acciones que ponen en jaque a toda la ciudad, como sucedió este jueves 11 de agosto.
La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua señaló en su Diagnóstico del Sistema Penitenciario, de Reinserción Social y Preventivo 2019 que los reos tenían tal control que incluso tenían las llaves para acceder a ciertas áreas.
“(…) se observó que la seguridad está prácticamente a cargo de los propios internos, en algunos módulos, incluso algunos contaban con llaves de áreas como salones de clase y comedores”, indica el documento.
El poder acumulado por el crimen organizado dentro del penal es de tal magnitud que al menos en tres ocasiones distintas, Ciudad Juárez ha vivido al acecho de los asesinatos, balaceras e incendios provocados ordenados desde el Centro de Reinserción Social 3, una situación reconocida públicamente por las autoridades.
En noviembre de 2019, una revisión al interior del penal desató el caos en la ciudad, donde el saldo tras más 12 horas de actos criminales fue de 10 personas asesinadas, seis civiles heridos -cuatro de ellos hospitalizados por quemaduras-, 15 vehículos incendiados –10 de ellos de transporte público–, y una balacera a un edificio de Gobierno, de acuerdo con la Fiscalía General del Estado.
En esa fecha, las autoridades estatales señalaron al grupo de Los Mexicles -algunos de ellos detenidos-, como los responsables de los crímenes, en un intento por “distraer” del operativo de revisión, del que no se informaron los resultados.
Con una nueva administración a cargo del Gobierno estatal, siguieron los grupos criminales operando dentro del penal, como reconoció la Gobernadora María Eugenia Campos en febrero de este año, cuando frente al Presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo que los incendios intencionales, asesinatos a dos mujeres y una masacre en un bar estaban relacionados con la pugna entre dos cárteles por el tráfico de cristal en Juárez.
“Mucho de esto está surgiendo del interior de uno de los Ceresos aquí en Ciudad Juárez”, mencionó la mandataria estatal en conferencia de prensa.
La Gobernadora se refería a los hechos de enero de este 2022, cuando en una sola jornada hubo nueve vehículos quemados intencionalmente, así como una tienda y una caseta de vigilancia, hechos por los que Los Mexicles fueron nuevamente señalados como causantes, incluso con personas detenidas.
La tercera jornada violenta fue la del jueves pasado, cuando después de un motín al interior del penal, se desataron ataques por varios puntos de la ciudad, lo que dejó en total once personas asesinadas –dos de ellas dentro del Cereso–.
Como en las dos ocasiones previas, Los Mexicles fueron identificados como el grupo generador de violencia en la ciudad, según Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana.
“Se logra restablecer el control en el centro penitenciario a partir de la actuación de las fuerzas municipales, estatales y federales, pero, a partir de esta situación, este grupo delictivo, Los Mexicles, empieza a emprender acciones de disturbio y agresiones contra la población civil en Ciudad Juárez, dando como resultado nueve personas fallecidas que se suman a las dos que se suscitaron al interior del centro penitenciario”, dijo el funcionario en conferencia de prensa.
LAS IRREGULARIDADES DEL CERESO
Las familias de algunas personas privadas de la libertad en el penal de Juárez advirtieron que hombres armados, resguardados presuntamente por personal de custodia, entraron con armas de fuego con las que atacaron a internos del Cereso.
“A las 13:27 horas del día de ayer, al interior del Cereso Estatal número 3, en Ciudad Juárez, se tuvo conocimiento de una agresión en el módulo 2 de este centro penitenciario donde grupos delictivos identificados como ‘Los Chapos’ fueron atacados por un grupo rival denominado Los Mexicles, generando una riña al interior de este centro penitenciario, resultado 20 internos lesionados, cuatro de ellos por proyectil de arma de fuego, el resto por golpes y contusiones, así como dos personas privadas de la libertad muertos por proyectil de arma de fuego”, aseguró, Ricardo Mejía.
El ingreso de armas al penal se junta a otras irregularidades detectadas por las comisiones de derechos humanos, tanto la nacional como la estatal.
En su Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2021, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos detectó en el penal de Juárez condiciones de hacinamiento y sobrepoblación, insuficiencia de personal de seguridad y custodia y presencia de actividades ilícitas.
Hacia finales de 2021, el Cereso tenía a tres mil 712 internos, a pesar de que su capacidad era de solamente tres mil 135, según el Diagnóstico del Sistema Penitenciario, de Reinserción Social y Preventivo 2021 de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua (CEDH).
Dividido en el área de nuevos ingresos y cinco módulos más, el Cereso ofrece a sus internos condiciones de vida que distan de los estándares internacionales de tratamiento de personas privadas de la libertad.
“Las celdas están diseñadas para dos o tres personas, y en ellas se encuentran viviendo entre ocho y diez en cada una”, encontró la CEDH en su revisión de 2019.
Dentro del centro penitenciario, apuntó entonces el organismo, no había suficientes colchonetas ni cobijas, tampoco calefacción ni agua caliente o clima artificial para soportar el frío o calor extremos del desierto en el que está la ciudad.
En el área de nuevos ingresos había además de personas recién llegadas, procesados y sentenciados y las personas en situación de vulnerabilidad no contaban con condiciones adecuadas.
El mismo año, la CNDH detectó además insuficiencia de programas para la prevención y atención de incidentes violentos, insuficiencia de personal de seguridad y custodia y presencia de actividades ilícitas y cobros, hallazgos que se repitieron en el diagnóstico de 2020, cuando, además, señaló “ejercicio de funciones de autoridad por parte de personas privadas de la libertad (autogobierno/cogobierno)”.
En 2019, organizaciones de la sociedad civil entregaron al Comité contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas un informe en el que denunciaron la extorsión y corrupción que reina en el penal de Juárez, donde los internos deben pagar para acceder a una cama para dormir, para que no los pongan en zonas de alto riesgo controladas por delincuentes y para tener alimentos que estén en buenas condiciones, es decir, no en estado de descomposición.
