Pie de Página
CIUDAD DE MÉXICO.– La discusión sobre cuál es la reforma judicial que necesita el país parecía la oportunidad perfecta para, por fin, abrir el debate sobre las carencias estructurales que sufren las personas con discapacidad para acceder a la justicia. Sin embargo, esto no fue así.
“La estrategia de realizar foros públicos para acercar la información a las personas fue buena, pero como siempre, no se incorporaron las necesidades de las personas con discapacidad”, señala Susana Gómez, integrante de la Coalición de Personas Sordas (CoPeSor).
En entrevista, la activista hace un recuento de las carencias que reflejaron los foros sobre la reforma al Poder Judicial. Y también, la ausencia de mecanismos dentro del Estado mexicano para realmente garantizar el acceso a la información (y la justicia) para toda la población.
Foros inaccesibles reflejan olvido institucional
Para que las personas sordas pudieran tener acceso a la información sobre la reforma judicial, los foros donde se debatieron debieron incluir intérpretes.
El asunto no es menor, reflexiona Susana Gómez, pues la ausencia de intérpretes impidió que las personas sordas, por ejemplo, se enteraran de la propuesta, y por ende, las excluyó de participar.
“Casi ningún foro tuvo intérpretes de lengua de señas. Sólo el último, que fue el de Sinaloa, sí tuvo intérprete, pero no participaron personas con discapacidad”, explica Susana.
Ante esto, la Coalición de Personas Sordas solicitó a la Cámara de Diputados que se realizara, por lo menos, un foro enfocado a personas con discapacidad. El Poder Legislativo no respondió a la solicitud.
¿Por qué el Congreso no está consultando a personas con discapacidad?
«¿Por qué el Congreso no ha generado un espacio, un mecanismo (así como tienen las áreas de género), para que cuando se requiera, se consulte a personas con discapacidad?», cuestiona Susana Gómez, y su reclamo es totalmente válido.
Un ejemplo, explica, es que aunque desde 2005 la lengua de señas mexicana es reconocida oficialmente como lengua nacional, en los órganos de impartición de justicia sigue sin haber intérpretes o la participación de personas sordas.
Éste desinterés se refleja en las convocatorias, como las de los Diálogos Nacionales para la Reforma Judicial, las cuales, critica la activista, no se presentaron en un formato accesible ni con antelación, un factor clave para garantizar el acceso a las personas con alguna discapacidad, pues siempre necesitan más tiempo para participar.
Aunado a esto, en los debates tampoco se discutió la violencia estructural que impide a comunidades concretas el acceso a la justicia. Y así, como las mujeres o los pueblos originarios fueron excluidos en las reflexiones, también pasó con las personas con alguna discapacidad.
Los obstáculos
En México, según el Censo Nacional de los Sistemas Penitenciarios Federal y Estatal del NEGI, en 2023 existían 233 mil 277 personas privadas de la libertad o internadas. La cifra es la más alta desde 2017.
De éstas, se desconoce cuántas tienen alguna discapacidad, lo cual representa un riesgo, pues en muchos de los casos, explica Susana Gómez, los juicios se hicieron violando los procesos judiciales.
Muchos de estos casos, explica la activista, terminan llegando a la Suprema Corte, quienes determinan las violaciones al proceso que sufrieron las personas con discapacidad. Esto, algunas de las veces, tarda hasta 10 años, cuando es algo que debería atenderse desde el primer momento de un juicio.
“Hay casos de personas que están encarceladas sin un juicio justo, porque a veces es el mismo juez quien niega el intérprete adecuado», critica.
Como ejemplo, recuerda el caso de una mujer sorda y migrante, originaria de Guatemala, a la que detuvieron. Su caso es particular, pues aunque esa mujer tuvo acceso a un intérprete, no le fue de ayuda, porque como en las lenguas indígenas, la lengua de señas, también varía de acuerdo con el país.
“Es ridículo que tengamos protocolos que dicen que se necesitan personas de apoyo, y no existan esas personas de apoyo. O Inclusive, a veces los intérpretes, en el caso de personas sordas, no entienden nada del proceso judicial”.
Además de esto, otro obstáculo que enfrentan las personas con alguna discapacidad se encuentra en el momento de la denuncia.
Por ejemplo, recuerda Susana, desde hace dos años el Consejo para Eliminar y Prevenir la Discriminación recibió una queja porque las Fiscalías no tienen un mecanismo que permita hacer denuncias por videollamadas, con intérpretes que faciliten el acceso a la justicia. Hasta la fecha, la situación sigue igual.
“Lo más lamentable de todo es que no hay personal competente. Las personas sordas no saben en dónde pueden pedir un intérprete, que además sea competente en los temas de acceso a la justicia”, lamenta Susana.
¿Desinterés? ¿Falta de recursos? ¿O ambas?
La falta de intérpretes no es una casualidad, pues los trabajadores del Poder Judicial tienen muchos cursos disponibles sobre temas de derechos de personas con discapacidad. Sin embargo, acusa Susana, éstos cursos no son obligatorios, por lo que no hay una consecuencia para los jueces, o las autoridades encargadas, si no toman los cursos, o aplican ciertos protocolos.
Esta situación, añade, también devela otro mecanismo de exclusión: la falta de profesionistas del Derecho que sean sordos dentro de los órganos de impartición de justicia, lo que pone a relieve la exclusión de las personas con alguna discapacidad de los procesos formativos, o de su reconocimiento profesional.
Pese a esto, no todo es adverso, pues Susana reconoce que órganos como el Instituto de la Defensoría Pública ha tomado un papel importante en el tema de defensa de derechos de personas con discapacidad.
Esta institución, dice, ha retomado casos de personas con discapacidad, y «hacen lo mejor posible». Sin embargo, añade la activista, no cuentan con los recursos ni con el personal como para poder apoyar en todos los casos.
Por eso, para Susana, la base para paliar las desigualdades está en incorporar medidas de accesibilidad básicas, como el derecho a un intérprete. Pero también, la asignación de recursos para que esto sea posible, así como la obligación de todo funcionario en capacitarse al respecto.
Los pendientes
La discusión sobre la reforma judicial, aunque no les contempló, sigue siendo una gran oportunidad para hablar de los pendientes que hay para garantizar acceso a la justicia para personas con alguna discapacidad.
Para Susana, los pendientes pueden resumirse en tres grupos: el desinterés, la ignorancia, y la falta de accesibilidad.
“En el tema de discriminación a personas con discapacidad todavía no se comprende que el capacitismo funciona igualito que el machismo o que el racismo. Al final son sistemas de opresión que se basan en una exclusión de ciertas personas, con ciertas características”.
Como en el machismo y el racismo, reflexiona Susana, el capacitismo también está atravesado por el neoliberalismo. No basta, por ejemplo, que para las personas sordas ya haya intérpretes en noticieros o en las conferencias del presidente, sino que ésta capacitación debería ser pública, y no privada.
“Por ser población vulnerable, deberían de haber instancias públicas que se dediquen a la certificación y que no lo dejen a los privados”, apunta Susana.
Además de esto, cuando se atiende desde el sector público la necesidad de un intérprete, también, como todo trabajador, las personas con alguna discapacidad están a expensas de la precarización.
Esto, dice Susana, es porque dentro de las instituciones no existen espacios específicos para intérpretes o personal de apoyo para las diversas discapacidades, lo que provoca que, cuando están, estén dentro de contratos temporales o contratos por evento.
Otro problema que ve la integrante de CoPeSoR es que no ponen a los intérpretes en donde se necesitan.
Como ejemplo, critica lo que hace el Instituto Nacional Electoral, que pone intérpretes en las sesiones del Tribunal o el Consejo, pero «si alguna persona sorda tiene un problema con su INE, y va a algún módulo a pedir ayuda, no hay intérpretes”.
Y añade:
“Debería ser más fácil. Al final, los servicios que prestan los intérpretes, o cualquier otro personal de apoyo para personas con discapacidad, son servicios que se pagan con recursos públicos. Deberían de estar disponibles para quien los ocupe, y no ser limitativos de la institución a la que pertenezcan. Si se juntan el desinterés, la falta de voluntad y la falta de recursos, es una suma de todo”.
Susana González enfatiza que los foros sobre la reforma judicial son una gran oportunidad para que se abra el diálogo a los espacios públicos, pero pide que no se deje atrás a las personas con discapacidad:
“Toda esta apertura no va a servir si no hay forma de difundirlo a la población con discapacidad. El Poder Judicial debe garantizar los diversos apoyos”.
