- ASF detectó también que 3.2 millones de pesos fueron pagados a 154 funcionarios que ya habían sido dados de baja
Excélsior
Como resultado de una fiscalización realizada al gobierno de Nuevo León, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó una serie de anomalías en la cuenta pública, entre ellas posibles responsabilidades de funcionarios públicos, que en 2017 pagaron con recursos federales a 84 servidores públicos por encima de los tabuladores autorizados, esto por un monto de 3.3 millones de pesos.
Ante ello, la dependencia federal emitió una promoción de responsabilidad a servidores públicos de dicho gobierno, a cargo de Jaime Rodríguez Calderón, y 33 promociones.
En sus informes de auditorías 2017 y 2018, la ASF dio a conocer que, por ejemplo, en 2017 emitió 4 observaciones por más de 90 millones de pesos y 13 recomendaciones.
Ese mismo año, destaca otra promoción contra funcionarios de la Secretaría de Salud que no acreditaron la salida de la Secretaría de Salud del Estado de Nuevo León equivalentes al 100% de dosis recibidas para el programa de vacunación universal.
También se detectó que se pagó con recursos de participaciones federales a 154 funcionarios después de su fecha de baja definitiva por un importe de 3.2 millones de pesos.
LA ASF DETECTA MANO NEGRA DE SERVIDORES EN NL
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) emitió una promoción de responsabilidad a servidores públicos del gobierno de Nuevo León en 2018, y en 2017, 33 promociones para lo mismo, dentro de la revisión de las cuentas públicas de esos años, por irregularidades que van desde hacer depósitos de dinero federal en las locales, no utilizar cientos de miles de vacunas para prevenir enfermedades y observaciones en la utilización de decenas de millones de pesos.
Lo anterior, la ASF lo dio a conocer en sus informes de auditorías 2017 y 2018 de cumplimientos financieros, en las que, por ejemplo, en 2017 emitió cuatro observaciones por más de 90 millones de pesos y 13 recomendaciones.
En el caso de 2018, la única promoción de responsabilidades es para detectar a los funcionarios públicos del gobierno de Jaime Rodríguez Calderón que no reportaron a la Secretaría de Hacienda las evaluaciones a los recursos del Fondo para las Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas.
Este ordenamiento al órgano de auditorías o equivalente, del estado, se encuentra dentro de la auditoría mil 111 realizada al gobierno de la entidad.
Con respecto de 2017, destaca una promoción para iniciar ese mismo procedimiento en contra de los servidores públicos de Nuevo León, que en la Secretaría de Salud no contaron con la documentación que acredite la salida de 147 mil 880 y 170mil 430 dosis de vacunas, del almacén central de la Secretaría de Salud del Estado de Nuevo León, equivalentes a 100% de dosis recibidas para el programa de vacunación universal.”
Esas dosis fueron recibidas por la entidad entre el 15 de julio y noviembre de 2017, pero no se cumplió con el convenio de colaboración celebrado entre la Federación y la entidad.
Esta investigación se encuentra en la auditoría 227 de cumplimientos financieros de la cuenta pública 2017.
En adición, ese año, se solicitó una investigación a la Auditoría estatal por posibles responsabilidades de funcionarios públicos de la entidad que pagaron con recursos federales a 84 servidores públicos por encima de los tabuladores autorizados, esto por un monto de 3.3 millones de pesos.
Además, se les pagaron con recursos de participaciones federales a 154 funcionarios públicos después de su fecha de baja definitiva por un importe de 3.2 millones de pesos. Estas irregularidades fueron consignadas en la auditoría mil 135 del año 2017 sobre cumplimiento financiero en el tema de participaciones federales a entidades federativas.
Al revisar los recursos para el Seguro Popular, se determinó que el gobierno de la entidad no realizó los registros contables de 72 millones de pesos en especie y tampoco los asignó, por lo que se solicita el inicio de una investigación para determinar la responsabilidad administrativa de los servidores públicos involucrados.
En tanto, en la auditoría de inversión física de ese mismo año se observó un probable daño a la Hacienda Pública federal, por un monto de 29.1 millones de pesos en la adquisición de concreto premezclado y pilas de cimentación para el Sistema de Transporte Colectivo, el Metrorrey, en el que no se justificó el cálculo de más de 33% de “desperdicio de concreto”.
