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La llegada de Donald Trump a la presidencia de EE.UU. ha causado todo un terremoto en América Latina. Su política contra la migración irregular y las coacciones a diferentes países han marcado ya la primera semana de su segundo mandato.
El encontronazo más sonado se ha producido en la última semana con el Gobierno del presidente de Colombia, Gustavo Petro.
Después de que Bogotá se negara a acoger aviones con ciudadanos colombianos deportados, alegando que no se estaban respetando sus derechos, un cruce de sanciones y amenazas de EE.UU. contra el país suramericano concluyó en las últimas horas con una negociación en la que Petro terminó aceptando las condiciones de Trump.
Personas como moneda de cambio
En siete días, Trump ha acabado prácticamente de un plumazo con el sistema de asilo internacional, una acción que envía un claro mensaje a la región: su prioridad con la región será el tema migratorio.
En paralelo, canceló la aplicación con la que los migrantes pedían cita para solicitar asilo en los puestos fronterizos; y reinició el programa ‘Quédate en México’, que obliga a migrantes de terceros países a permanecer en territorio mexicano.
Incluso ha ordenado eliminar la concesión de la ciudadanía estadounidense a todas las personas nacidas en EE.UU., independientemente del estatus de sus padres. Una medida que se encuentra suspendida y ha sido recurrida ante los tribunales por ser claramente anticonstitucional.
El cierre de todas esas vías legales reducirán en el corto plazo el número de migrantes en la frontera, pero se espera que el número vuelva a aumentar cambiando las vías seguras por las rutas más peligrosas, que podrían provocar más muertes. Según los datos que recoge la organización de defensa de los derechos humanos en las Américas, Wola, los agentes de la Patrulla Fronteriza han encontrado los restos mortales de más de 10.000 migrantes en territorio estadounidense desde el año 2000.
Promesas de deportaciones masivas
Trump ha reiterado su intención de llevar a cabo deportaciones masivas para sacar del país a todos los migrantes en situación irregular. Si consigue implementar esta política, para lo que necesitará ingentes recursos, estaríamos hablando de deportar a alrededor de 13 millones de personas, más del 3 % de la población del país, según las estimaciones del Consejo Americano de Inmigración.
Según esa institución esas deportaciones masivas costarían alrededor de 88.000 millones de dólares al año.
Las consecuencias económicas para los países de origen de los migrantes podrían ser, sin embargo, aún más devastadoras, pues se enfrentarían a un aumento sensible y repentino de su población desempleada, además de la pérdida de las remesas que representan un buen pellizco del PIB para algunas naciones.
Congelación de la ayuda internacional
Toda la ayuda internacional de EE.UU. ha sido congelada por 90 días, de momento. La idea es evaluar todos los programas y eliminar los que no estén alineados con la administración Trump.
Están en peligro programas que paliaban las causas en origen de la migración, como aquellos enfocados en la creación de empleo, en el combate a la corrupción o en fortalecer la presencia del Estado en áreas donde se producen cultivos ilícitos o en donde existen organizaciones armadas fuertes.
Una visión criminalizadora
La visión que Trump muestra de América Latina está relacionada con una agenda negativa. Se habla de migración ilegal, de narcotráfico o de criminalidad; pero no de cooperación en seguridad, del aporte de la migración a su país o de beneficios económicos.
Se trata del único presidente de la historia reciente de EE.UU. que, durante su primer mandato, no realizó ni una sola visita oficial a ningún país de América Latina, exceptuando su participación en la Cumbre del G20 celebrada en 2018 en Argentina.
Así las cosas, la política exterior dibujada estas últimas semanas se ve a través del prisma de la amenaza, cristalizado básicamente en la advertencia de la imposición de elevadísimos aranceles en el caso de no colaborar con sus planes.
El episodio vivido estos días con Colombia lo ejemplifica a la perfección. Tras la negativa de Petro a recibir dos aviones con deportados, Trump actuó inmediatamente con la imposición de impuestos a las importaciones colombianas de un 25 %.
Compromisos frente a recursos
La vivido durante la última semana se puede resumir en que Trump exige compromisos (en materia de migración, de lucha contra el narcotráfico y otros grupos criminales, etc.), mientras que trata de aportar el menor número posible de recursos, recortando los de administraciones anteriores.
Esta falta de negociación a través del ofrecimiento de recursos hace inevitable recurrir cada vez más a la fuerza, económica en principio, para imponer sus condiciones.
El presidente estadounidense lleva tiempo hablando de llevar a cabo un aumento generalizado de los aranceles; en el caso de Canadá y México ha llegado a mencionar la cifra del 25 %. Sin embargo, todavía no se ha implementado ese incremento, condicionándolo, por el momento, como en el caso colombiano, al cumplimiento de sus condiciones.
México en el punto de mira
A pesar de la apatía con la que Trump mira al sur de su hemisferio, México representa una excepción. De hecho, junto a Canadá, fue el único país nombrado en su discurso tras su toma de posesión el pasado día 20 de enero.
Es el socio comercial más importante de EE.UU. en el continente. Es el comprador de más del 80 % de las exportaciones mexicanas, mientras que representa el 40 % de las importaciones de México. Para hacerse una idea, el año pasado esa nación latinoamericana le vendió insumos por valor de casi 470.000 millones de dólares.
Además, el vecino del sur es fundamental para afrontar problemáticas como la de la migración -no solo mexicana, sino también procedentes de otros países del continente-, el tráfico de droga o el de armas.
A pesar de esta relación especial, el Gobierno de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum ya ha sufrido grandes exigencias, como retener en su suelo y hacerse cargo de migrantes de otros países o la propuesta de llevar a cabo en su territorio intervenciones militares unilaterales contra cárteles u otras organizaciones criminales, siempre bajo la amenaza de sanciones económicas.
¿Latinoamérica fraccionada?
Los países de América Latina se encuentran lejos de la integración que han propugnado muchos de sus líderes. El Mercosur no parece especialmente operativo; la Alianza del Pacífico no tiene ninguna actividad; la Celac (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) no suele alcanzar consensos; y no hay otras vías de integración funcionales a la vista.
El escenario se configura perfecto para las intenciones del inquilino de la Casa Blanca, toda vez que las negociaciones bilaterales, con cada uno de los países, son más favorables a sus intereses.
Precisamente se espera que sea eso lo que suceda durante la gira que esta semana lleva al secretario de Estado, Marco Rubio, a Panamá, Guatemala, El Salvador, Costa Rica y la República Dominicana.
El caso de Panamá es especial después de los reclamos de Trump sobre la soberanía sobre el canal, sin embargo, parece claro que en las otras paradas la cuestión de la migración será el principal asunto sobre la mesa.
