Por donde sea que llegues a San Cristóbal, lo primero que verás será sin duda verde: montañas, bosques, humedales. Esta primera impresión rara vez dura. Porque cuando miras dos, tres veces, surgen de inmediato las minas de arena, cuya voracidad atraviesa con apuro algunas cadenas montañosas, igual que los camiones de volteos, la ciudad. Aparecen también las gasolinerías y cantinas, frente a centros de desarrollo infantil (CENDIs). O manantiales rellenados para el desarrollo inmobiliario. O la amenaza escondida en algún mensaje de apariencia inocua: «vendo lotes en zona arbolada. Facilidad de pagos».
Humedal y mina de arena. Foto: Alberto Chanona.
No hay vida que resista el embate de una lupa. Y la vida de la ciudad, menos que ninguna. Pero lo que halles al acercarte, dependerá de hacia dónde mires, de a quién le preguntes y hasta de lo que creas. En cualquier caso, las respuestas circularán en sentidos contrarios, señalándose al paso unas a otras, no necesariamente sin razón.
Todos flotan
La noticia surgió el 30 de abril de su cuenta de facebook y se esparció pronto a diversos medios de comunicación locales y nacionales: el síndico municipal Miguel Ángel de los Santos había pedido a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), poco más de un mes atrás, revocar las dos concesiones de extracción que tiene Coca Cola Femsa –a través de Inmuebles del Golfo–, en San Cristóbal de Las Casas. Sus argumentos eran la defensa los derechos humanos de la población, al agua y a la salud, y la escasez del líquido que padece el municipio.
Que una autoridad municipal tome postura en favor de sus gobernados, contra los intereses de una empresa trasnacional, es algo que ocurre más bien poco en México. Por eso, la respuesta al gesto público del síndico llegó pronto en forma de aprobación, también pública. Hasta el momento de escribir estas líneas, por ejemplo, una petición en change.org, que hacía eco de la solicitud del funcionario, había reunido casi 27 mil firmas para revocar dos de las 87 concesiones que tiene la refresquera en el país, a través de 8 embotelladoras (sin contar Jugos del Valle ni Santa Clara: Arca Continental, Bebidas refrescantes de Nogales, Bepensa, Coca-Cola Femsa, Corporación del Fuerte, Corporación Rica, Embotelladora de Colima, Embotelladora del Nayar), para extraer 23 029 724.34 m3 de agua; o bien 123 concesiones, de las que extraería 33 775 585.86 m3, si se incluyen las otorgadas a otras embotelladoras de productos Coca Cola, según datos del Registro Público de Derecho al Agua (Repda), publicados por la UNAM como parte de una investigación en 2014.1
Embotelladora de Coca Cola Femsa, al pie del Huitepec. Al cruzar los datos de la empresa con los del Repda referidos en el libro de la UNAM citado, se obtiene que el volumen de agua concesionada a la planta de San Cristóbal representaba, hasta 2014, el 1.82 por ciento del total otorgado por Conagua a 8 de las 10 embotelladoras declaradas por Coca Cola México en su sitio web.(clic)Foto: Alberto Chanona.
Personas y organizaciones ambientalistas repasaron, entonces, en medios de comunicación, la lista de males a los que Coca Cola contribuye: el índice de diabetes en la región, el daño renal, la obesidad, la caries, el millón 150 mil litros diarios que extrae la empresa para producir bebidas azucaradas y envasar agua en botellas de plástico. Todos ellos, argumentos válidos en una confrontación que ocurre sobre una capa de hielo muy delgada, en la frontera entre la moral y las actividades lícitas.2
La principal causa de la petición del síndico, no obstante, según ha afirmado varias veces, era la escasez de agua que padece la ciudad. En una entrevista realizada por el periodista Ernesto Ledesma, en RompevientoTV, el funcionario dijo, además:
«No alcanzan las fuentes de agua con que contamos, para abastecer a toda la población… aunado al hecho de que la ciudadanía percibe a la empresa Coca Cola, que pues aprovecha gran parte del caudal de agua con que contamos, y supone que por eso no llega a sus hogares».
Y fue por ahí donde su argumento, igual que la ciudad cuando llueve, empezó lentamente a cubrirse de agua y suciedad.
La respuesta de Conagua –«posicionamiento» la llamó– llegó unos días después, el 5 de mayo. Breve y puntual, decía poco más o menos que la escasez en San Cristóbal no era atribuible a la empresa refresquera. Coca Cola, explicó el organismo federal, emplea agua del subsuelo (a 130 y 200 m de profundidad) y la ciudad, mayormente, fuentes superficiales; ninguna de ellas conectadas entre sí, hasta donde se sabe.3 Esto significaba que la revocación no resolvería, en modo alguno, el problema del abasto insuficiente.
El síndico no explicó de qué modo esperaba que el retiro de esas concesiones se tradujera en abasto para la ciudad. Y si, como afirma Conagua, hay suficiente disponibilidad allá abajo –se trata, dijo, de una cuenca «subexplotada», un término preciso, pero cuyas connotaciones hablan del modo en que la legislaciones suelen conceptualizar al agua–, no queda claro entonces qué le impide al ayuntamiento solicitar concesiones para abastecer al municipio del agua subterránea.
De los Santos tampoco dijo nada respecto de las fuentes que ya existen, amenazadas de forma constante por constructoras, invasiones, grupos armados y hasta por las aguas residuales. Ni de las violaciones a derechos humanos que esos conflictos acarrean y que sí entran, de facto, en las responsabilidades a cargo del gobierno municipal. No es cierto. Sí dijo algo: que no han detenido a nadie, pero sí clausurado y levantado denuncias y que, simplemente, no han tenido éxito presionando a las fiscalías o procuradurías. La historia es conocida desde hace varias administraciones. Y los argumentos, previsibles a partir de ahí.
Por su parte, contrario a lo esperado, la Conagua no dedica siquiera una línea a defender el derecho humano. No arriesga un solo pie en el terreno pantanoso de una discusión ética sobre el uso del agua para producir refrescos o envasarla. En su carta, se limita a señalar «aquí no es». Bastó, sin embargo, para obligar al síndico a mirar hacia otro lado, más cercano a sus competencias y facultades. Uno donde décadas de omisión, de nula planeación urbana, violaciones a la ley y negligencias por parte de autoridades municipales de diferentes banderas partidistas, flotan como la mierda río abajo.
Carteles de reclamo a funcionarios de la actual administración municipal, durante la celebración del quinto aniversario de la declaratoria de «Lugar Sagrado Humedal de María Eugenia», el domingo 19 de julio de 2020. Foto: Alberto Chanona.
Casas y terrenos rellenados, en el polígono de sitios Ramsar supuestamenteprotegidos por el Estado Mexicano.Durante años, las autoridades han sido incapaces de evitar que los propietarios rellenen y construyan. Recientemente, clausuraron una de estas construcciones. Pero no sirvió de nada. Fue edificada a la vista de todos, de forma continua, antes y después, sólo durante el periodo de confinamiento por el Covid-19. Según el síndico actual, Miguel Ángel de los Santos, es imposible para el municipio mantener vigilancia permanente en estos lugares. Fotos: Alberto Chanona.
Matemáticas que duelen
Tal vez porque sea la soledad o el egoísmo el corazón ansioso de la condición humana, o porque una habilidad atrofiada de la sociedad es pensar en lo común –quiero decir en lo que nos une a los, a las comunes, aquello que nos hace comunidad–, uno tiende a mirarse el ombligo. A mirar su casa, su consumo, su obligación, su derecho. Así, es casi imposible dedicar un pensamiento al agua. A menos que nos falte. Entonces sí, uno saca cuentas y las cuentas no cuadran: pagamos el recibo y el agua no llegó (suponiendo que vivamos en un área urbana, porque si no, la historia es dramáticamente otra). En cualquier caso, hablamos de un recurso que no puede o no debiera entenderse como algo que es posible comprar. Si las fuentes de abastecimiento se secan o contaminan, o son tomadas por algún grupo violento, no importa cuánto dinero paguemos. Sencillamente, no habrá agua. A veces hay soluciones, claro, como los dos pozos de 200 m de profundidad que ya emplea la ciudad para abastecerse y que Conagua no menciona en su posicionamiento. Como sea, ninguna solución es sencilla. O barata. Ni siquiera ahora, cuando el municipio todavía cuenta con disponibilidad de fuentes superficiales de agua.
Jesús Carmona de la Torre, ingeniero bioquímico industrial, académico –con licencia sin goce de sueldo– de El Colegio de la Frontera Sur (Ecosur) y director general del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (SAPAM), estima que una red de agua y saneamiento de las dimensiones que requiere San Cristóbal implicaría una inversión mayor a 500 millones de pesos (grupos ambientalistas locales consideran hasta 1200 mdp). Eso, además, sin incluir a otros sistemas de agua independientes: Chupaltic, La Garita, Alcanfores Huitepec, Rancho San Nicolás, La Hormiga, Getsemaní, San Antonio del Monte, Cascajal (Salsipuedes), Nueva Maravilla y algunos menores que se suministran del agua de lluvia. Todos ellos, necesarios, pues el municipio no garantiza el acceso al agua a todos sus habitantes.
Obtener 500 millones de pesos para modernizar un sistema de agua y saneamiento, con equipamiento a veces obsoleto y drenaje, por tramos, inconcluso, parece un reto difícil de remontar.
A fin de buscar soluciones al ahorcamiento financiero del SAPAM, en una carta fechada el 7 de marzo de 2019, el Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos (CEPAZDH) llamó a los dos sindicatos del organismo municipal «al diálogo público, abierto y transparente, en el que se puedan llegar a acuerdos que permitan mejorar el funcionamiento del sistema y sacarlo adelante, apegado al marco legal de los derechos laborales establecidos en la ley del trabajo».
Hablaron ahí también de crear una Contraloría Ciudadana, con la que esperarían mejorar la administración del organismo operador del agua. No se ha formalizado aún, pero la propuesta fue incluida en un proyecto de ley ciudadana del agua, que se someterá pronto a discusión en la Cámara de Diputados (volveré sobre eso más adelante).
El SAPAM es un organismo descentralizado, financiado por la aportación de los usuarios. Aun contando con las tarifas comerciales e industriales, el monto real de la tarifa doméstica, dice Carmona, debería ser de 245 pesos por hogar. Difícilmente lo habría aceptado el público usuario. Por eso, al final, quedó en 155 pesos y en 72, para algunas zonas con algún grado de marginación.
El gasto mensual oscila entre 3.5 y 4 millones de pesos. Pero no siempre los consiguen. En junio de este año, por ejemplo, sólo ingresó 1.2 millones, una cantidad apenas suficiente para cubrir el costo mensual de la energía eléctrica que emplea en el suministro del servicio.
«Este mito de que SAPAM es la caja chica del ayuntamiento –se queja el director– no es verdad. Nosotros tenemos que recurrir al ayuntamiento, para que nos preste dinero y cubrir las necesidades operativas».
Por otra parte, refiere, las reglas de operación de los programas federales dificultan su acceso. De acuerdo con la normatividad, la Conagua aporta el 40 por ciento de cualquier inversión que apruebe. El 60 por ciento restante debe provenir de otras fuentes, estatales, municipales o del propio organismo beneficiario. Pero las matemáticas duelen cuando los números son rojos. Porque nunca hay dinero para invertir ese porcentaje y los proyectos del SAPAM no suelen pasar del escritorio, lamenta su director.
Ahora, regresemos un momento a casa. Digamos que si ninguna eventualidad nos dejó sin agua, no volveremos a pensar en ella, quizá, tan pronto como desaparezca por el caño.
Y deberíamos.
Aguas negras de San Cristóbal, antes de que se pierdan por el Túnel. Foto: Alberto Chanona.
Aguas negras
El director de SAPAM calcula que San Cristóbal debe lidiar con alrededor de 700 litros por segundo (l/s) de aguas residuales. Es decir, más de 22 mil millones de litros anuales (22 075 200 m3), una cantidad de agua sucia casi 50 veces mayor a la que se lleva, limpia, Coca Cola (419 774.30 m3), cuyo producto estrella es conocido peyorativamente como «las aguas negras del imperio».
SAPAM reporta un bombeo anual de 10 688 520 m3 (esto es 339 l/s, una cantidad ligeramente menor que hace diez años: 344 l/s). Hay una diferencia de 11 386 680 m3 entre el bombeo de SAPAM y la estimación anual de aguas residuales. Puede explicarse –y esto lo supongo– por el agua obtenida a través de los sistemas independientes, la refresquera, las descargas del municipio de San Juan Chamula y, acaso mayormente, de la lluvia. Porque en San Cristóbal, la lluvia y las aguas negras comparten el mismo flujo y destino. Así, en total, las aguas residuales promedian 60 millones de litros diarios.
En junio pasado, durante las tormentas tropicales Amanda y Cristóbal, algunas colonias sufrieron inundaciones. Otras, además, quedaron temporalmente sin servicio de agua potable, a causa de los daños en algunas fuentes de abastecimiento. La Kisst, por ejemplo, uno de cuyos cárcamos fue alcanzado por el desbordamiento del río Amarillo, que recibe descargas directas del drenaje de la ciudad y que pasa a unos veinte metros del manantial.
A nadie sorprenden ya las inundaciones recurrentes ni la contaminación de los manantiales. Sorprendente es, en cambio, que sus causas lleven tanto tiempo vigentes. Y de forma tan visible, como es el caso del río de aguas negras junto a un manantial.
En 2017, la divulgación de un estudio firmado por Ane Galdos-Balzategui, de Fundación Cántaro Azul, y varios investigadores de Ecosur, entre ellos el propio Jesús Carmona, hoy director de SAPAM, alimentó la indignación de los habitantes de San Cristóbal. La noticia –reproducida desde entonces como pocas veces la ciencia, a través de Facebook y Whatsapp– era que había caca en el agua. O dicho de otro modo: todas las fuentes evaluadas habían presentado contaminación fecal. Cito algunos fragmentos aislados de ese trabajo:
«Los niveles de contaminación son muy elevados para el agua destinada al consumo humano. Las concentraciones entre las que oscila la contaminación fecal están clasificadas por la OMS (2008) como de riesgo alto y muy alto para la salud».
«Entre 5.6% de población que consume agua de llave sin hervir se estimó un total de 4 345 (5 528, límite superior) casos anuales de gastroenteritis por E. coli O157:H7, Campylobacter, rotavirus y Cryptosporidium. El Campylobacter sería el responsable de 70% de los casos, y según fuente de abastecimiento, el manantial La Kisst sería la fuente responsable del mayor número de casos (1 324 casos, 30.5%). En el supuesto de que toda la población consumiera diariamente el agua que suministra el servicio municipal, el número de casos ascendería a 77 588 por año».
«Según los registros, se calculó que en 2013 se atendieron en los servicios de salud públicos un total de 6 896 casos de diarrea en San Cristóbal de Las Casas. Según la Cofepris (2006). En México sólo se reporta uno de cada 19 casos de diarrea, de modo que en 2013 el número total de episodios pudiera considerarse de 131 024».
De entonces a la fecha, bajo la administración de un académico involucrado en el tema, es probable que en San Cristóbal haya mejorado al menos la cloración del agua, como afirman algunos boletines de SAPAM, que indican que antes sólo se cloraban los manantiales Peje de Oro, La Kisst, La Hormiga, La Almolonga y el tanque de La Hormiga. «En esta administración se han logrado clorar 22 puntos de abastecimiento, de un total de 24; y se tienen nuevas bombas en el manantial de la Hormiga, la Kisst, pozo Convivencia, rebombeo en El Mirador Sur y se dispone de proyectos para resolver el abasto de agua a través de pozos profundos», confirma Jesús Carmona.
Todo lo demás, sin embargo –la politización del agua dentro y fuera del SAPAM, el presupuesto insuficiente, el equipamiento obsoleto, los colectores inconclusos, las aguas residuales y un abrumador etcétera–, sigue tan actual como hace treinta o cuarenta años.
El Túnel, como se conoce a la salida de aguas negras de la ciudad. Estas aguas van a dar a localidades como Guadalupe El Túnel, que son también parte del municipio y cuyo derecho al agua y medio ambiente sano no suelen ser tomados en cuenta por ninguna política pública. Rara vez la ciudad voltea a ver hacia fuera. Pero aun así es alcanzada por su omisión. Porque una vez que sale del túnel, sin tratamiento alguno, se emplea esta misma agua para el riego de hortalizas que más tarde abastecerán algunos puntos de venta, otra vez, en San Cristóbal. Foto: Alberto Chanona.
«El reto –considera Carmona– es una sociedad consciente de un cambio necesario, para disponer del vital líquido a través de un sistema fortalecido, sin problemas económicos. El reto es tan actual como en el resto del país y sólo los organismos operadores con inversión han empezado a sobresalir para enfrentarlo».
En esas circunstancias, hace más de un año, Fundación Femsa, brazo filantrópico de Coca Cola, ofreció la donación de 40 millones de pesos. Primero, se dijo, para una planta potabilizadora. Y luego, poco después, para un método de tratamiento basado en humedales artificiales. La decisión ética de aceptar o no recursos de la empresa embotelladora y hasta la conveniencia técnica de la planta de tratamiento encendieron una polémica. Pero ese fuego venía de lejos. Ha ardido despacito durante años, alimentado por la desconfianza, los bulos, la opacidad y algunas verdades incómodas.
El agua encuentra su camino. A través del aire, de la luz y de la roca, cerro abajo, por encima o debajo de la tierra, el agua encuentra su camino. Siempre.
Pero no es la única. El dinero también lo hace. Construye puentes. Abre puertas. Seduce. Cabildea leyes. Levanta ciudades o las tira.
He ahí dos fuerzas en conflicto. La Tierra, cuyos recursos hacen posible la vida, la humana entre las demás. Y la economía, sin la cual la mayor parte del mundo humano no se mueve un centímetro, sujeta como está a la oferta y la demanda, a la contribución fiscal y al empleo, al deseo y a la necesidad.
Es así en todos lados. Pasa con la minería en las reservas naturales, con el agronegocio en la Selva Lacandona y pasa también con la Coca-Cola en San Cristóbal de Las Casas.
Contradicciones y conflictos
En San Cristóbal, la percepción pública no favorece a Coca-Cola. Por un lado, porque es un poderoso icono del capital. (¿O hay algo más capitalista que un señor gordito, barbón, vestido de rojo, que destapa la felicidad en forma de juguetes y de azúcar? ¿Hay algo más opuesto que una lata de Coca Cola a ese otro señor gordito, barbón y también rojo, cuyo fantasma recorre el mundo, como aseguran quienes creen en fantasmas?). Y por el otro, porque abundan las pruebas de daños a la salud provocados por el elevado consumo de bebidas azucaradas.
Recientemente, por ejemplo, sin ir más lejos, el debate alrededor de las nuevas etiquetas de alimentos procesados volvió a poner sobre la mesa el tema de la obesidad, la hipertensión y la diabetes, como factores asociados, en México y Latinoamérica, a la letalidad del Covid-19. Tanto es así que motivó a Oaxaca a prohibir la venta directa de comida chatarra a menores de edad, una regulación que a pesar de las controversias que generó en la opinión pública, será tal vez el comienzo de una ola, pues ya otros estados (Tabasco, Tamaulipas y Sonora, por ejemplo) comenzaron a preparar iniciativas similares.
Cambio de hábitos. Foto: cortesía Cántaro Azul.
En Los Altos de Chiapas, esos mismos problemas de salud plantean una decisión ética respecto de recibir –o no– dinero donado por Coca Cola.
«Entiendo la posición ética de no aceptar ese dinero –dice Margarita Gutiérrez, responsable de Incidencia y Cambio Sistémico, en Fundación Cántaro Azul–. Pero también, si estamos aceptando que las industrias paguen, digamos, por servicios ambientales, esto sería algo semejante. La Coca lleva muchos años sacando agua. Este pago sería parte de la compensación del aprovechamiento del agua que ha hecho en esta cuenca. Es una decisión ética y es compleja. ¿Hasta dónde cada quien puede ceder y aceptar dinero de una empresa con la que no estamos de acuerdo?».
―¿Cántaro Azul aceptaría?
―No. Porque sería contrario al objetivo de Cántaro Azul: brindar soluciones para generar acceso a agua segura en comunidades rurales, en escuelas, en poblaciones vulnerables. Particularmente, en las escuelas, estamos muy enfocados en que las niñas y niños, la comunidad escolar en sí, consuman agua segura y adquieran hábitos saludables. El consumo de bebidas azucaradas va justo en contra de lo que estamos promoviendo. No podríamos aceptar recursos de una empresa que promueve las bebidas azucaradas.
Como sea, la analogía de Margarita no es exagerada en el contexto legal mexicano. Las leyes mexicanas sí prevén pagos ambientales de las industrias, lo cual no es otra cosa que validar su existencia y hasta la necesidad de que existan. Recientemente, la actividad de las refresqueras fue incluso considerada como «esencial» para la economía, casi al comienzo de la emergencia sanitaria por el Covid-19, en un acuerdo de la Secretaría de Salud.
Lo cierto es que cualquiera que sea el costo (ambiental, de salud, de derechos humanos), casi no hay actividad cotidiana donde la industria no juegue un papel. Desde el alimento que ponemos sobre la mesa, hasta el dispositivo donde escribo o lees esto. Si rastreas su origen, sin duda vas a encontrar contaminación, destrucción, violaciones a derechos humanos e incontables casos de violencia. Tal es el costo de habitar el mundo del modo en que lo hacemos, dependientes del capital que generan esas industrias. Hay soluciones, pero no sencillas.
En teoría, el papel de la ley es regular las actividades de la industria, tanto como proteger al medio ambiente y garantizar los derechos que puedan estar involucrados. Pero sus alcances suelen ser más bien confusos. Y en la práctica, ese papel llega a ser, muy seguido, apenas una foto borrosa.
Porque el arbitraje de la ley no siempre garantiza la neutralidad cuando surgen conflictos entre el derecho de las industrias y el de las personas. Tal vez, porque quienes hacen las leyes y las ejecutan son muy seguido también quienes dirigen las empresas. En el caso de Coca-Cola FEMSA, en México, quizá el caso más representativo sea el de Vicente Fox, ex gerente de Coca-Cola y expresidente de México. O el de Roberto Campa Cifrián, ex procurador federal del consumidor, ex secretario del trabajo, exlegislador y hoy mismo director de Asuntos Corporativos de FEMSA, puesto donde sustituyó al exgobernador de Zacatecas, exdirector del IMSS y exsenador Genaro Borrego Estrada.
No es casualidad.
Aliados «clave», en la Cumbre de Fondos de Agua «No hay agua que perder», realizada en México en 2019. El agua en México, como en casi todo el mundo, hasta hace no mucho, ha sido tradicionalmente gestionada y administrada por sus usuarios: barrios y colonias que construyen sus propios sistemas de agua, personas que tienen un pozo en casa, campesinos y pequeños negocios, etc. Hoy, ese tipo de gestión debe ser registrada ante Conagua, si no se quiere estar fuera de la ley. De otro modo, Conagua podría suponer que esa agua está disponible y otorgarle una concesión a alguna industria: una minera, una granja porcícola, un negocio de palma africana, etc. Esto implica, pues, transferir la responsabilidad de Conagua a los usuarios más vulnerables. Según el programa de esta cumbre, participaron como ponentes representantes de Bimbo, Nestlé, FEMSA, etc. De los otros usuarios, que también toman decisiones en la gestión de su agua, no dice nada el programa.
Dicho eso, ¿hay modo, entonces, de aceptar una donación por 40 millones de pesos, de una empresa refresquera, para solucionar una parte de los problemas de abastecimiento y saneamiento de agua que padece San Cristóbal de Las Casas?
Los babilonios y las torres
Los babilonios ya no quieren inundarse. A un gobernante se le ocurre entones que la mejor solución es una torre, tan alta, que los ponga a salvo si ocurre otro diluvio. Así que ordena su construcción y reparte los contratos por asignación directa. En el proceso, aquí y allá, empiezan a surgir rumores y dudas sobre la efectividad de la torre y su propósito. Un rumor contradice a otro. Algunos pueden ser ciertos. Pero son tantos que ya nadie distingue. Es como si la gente hablara en distintas lenguas. Y a lo mejor sí. Como sea, la torre se vuelve tan problemática que no llega a ser concluida. Los constructores, entonces, la abandonan y se dispersan por la Tierra, en busca de nuevas asignaciones, contratos, gobernantes.
La torre de Babel, de Pieter Brueghel el Viejo.
Miles de años después, los constructores siguen combatiendo inundaciones con cosas como torres. La discusión tampoco ha parado y la supuesta efectividad de las torres como método contra las inundaciones no ha dejado de estar en duda. Pero ya hay quien ha empezado a sospechar de las motivaciones de los constructores y de los jefes de los constructores.
Los babilonios se siguen inundando. Y las goteras en la torre abandonada dan, francamente, miedo.
El caso Coca-Cola
Humedal en San Cristóbal de Las Casas. Foto: Jorge Aguilar Pinto.
Dos veces en años recientes, Coca-Cola FEMSA ha ofrecido donaciones a San Cristóbal de Las Casas para atender problemas relacionados con el agua: al final de la anterior administración municipal y al comienzo de la actual. La primera, una planta potabilizadora; y la segunda, 40 millones de pesos para construir una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) por humedal artificial.1 No lo consiguió en ningún caso, pues ni el ayuntamiento ni SAPAM aceptaron. Habría sido, en más de un sentido, digámoslo así, ganar la rifa del tigre.
Tal vez por eso, en ninguno de los dos casos, hubo consultas públicas ni foros abiertos, convocados por ninguna autoridad.
«Lo que entiendo –dice respecto de la planta de tratamiento Margarita Gutiérrez, responsable de Incidencia y Cambio Sistémico, en Fundación Cántaro Azul, una de las organizaciones con base en San Cristóbal que procura el acceso a agua segura en comunidades rurales, escuelas y poblaciones vulnerables– es que hubo reuniones bilaterales: Conagua con el ayuntamiento, la Conagua con Femsa, el Ayuntamiento con Femsa, el ayuntamiento con personas que se oponían a este donativo. Pero no una reunión donde estuvieran todos los actores implicados, que pudieran tener una discusión seria, técnica, para llegar a algún tipo de consenso».
Es cierto. La discusión no ocurrió por las vías deseables. Pero aun así hubo más o menos acuerdo social, a través de la radio y redes sociales, en que no podía aceptarse una planta de tratamiento que implicara construir un humedal artificial sobre un humedal natural.
Los humedales artificiales son sistemas que suelen funcionar con muchos menos recursos que otro tipo de plantas de tratamiento. Por eso, resultan más viables en países latinoamericanos con recursos limitados. Su problema es que requieren mucho espacio, algo que San Cristóbal tiene cada vez menos, dado su descontrolado crecimiento urbano. La planta de tratamiento ofrecida por Coca-Cola proyectaba una capacidad de 43.4 litros por segundo, de los 700 l/s de aguas residuales de San Cristóbal. Es decir, alrededor de 6 por ciento de lo que habría sido necesario para tratar el volumen total, lo que al final no resolvería de forma significativa el problema de las aguas residuales. Se habrían requerido unas 15 plantas similares.
Sistema de tratamiento de aguas residuales sanitarias basado en humedales artificiales, en Zapopan, Jalisco. Foto: cortesía CIATEJ.
Más aún. El espacio elegido para construir la planta de tratamiento es un sitio Ramsar y área natural protegida: el humedal de María Eugenia.
Juan José Rodrigo Hess Poo, coordinador del Comité de Cuenca del Valle de Jovel, dice que la elección del humedal María Eugenia obedeció únicamente a criterios ambientales y de protección. Porque en tiempo de seca, ese humedal «está en estrés hídrico, sufriendo las consecuencias del abatimiento de agua».
«El agua que baja por el Navajuelos ha ido disminuyendo hasta el punto de que no escurre ni una gota de agua en el arroyo. Si hacíamos una planta que usara el cinco por ciento de superficie del humedal, para tratar el agua y regresarla al humedal, salvamos al humedal, porque lo volvemos a hidratar. Un humedal debe tener agua suficiente todo el año, para que las plantas se desarrollen y cobije la vida animal también».
Es probable que sea así, pues se trata de un área sometida durante años a la presión de propietarios y compradores de terrenos, que han rellenado y hasta construido de forma irregular.
No obstante, es difícil ignorar que ese humedal cuenta con declaratoria de la sociedad civil como «lugar sagrado». Grupos ambientalistas de la ciudad han luchado durante años, además, por protegerlo, haciendo reclamos constantes a, prácticamente, todas las autoridades responsables, en los tres niveles de gobierno. Esto es: se trata de un lugar sagrado por declaración y por su historia reciente. Sin socialización y aceptación previa y explícita del proyecto de planta de tratamiento en ese lugar, ¿había manera de no leer la elección del sitio como poco menos que una afrenta?
Celebración del quinto aniversario de la declaración del humedal María Eugenia como «Lugar sagrado».
Si la hubo, Pronatura, la organización que propuso la ejecución del proyecto, no pareciera haberse enterado. Aunque, en su carta de exposición del proyecto enviada a la actual alcaldesa Jerónima Toledo, la directora de Pronatura México,2 Katherine Gregoire, expone que:
«A la fecha, continúan los trabajos de sensibilización a la sociedad y esperamos que el H. Ayuntamiento, que preside, sea líder y valioso aliado para este fin».
¿A qué campaña de sensibilización se refería entonces?
El Comité de Cuenca del Valle de Jovel quizá habría podido decir algo al respecto. Pero los grupos ambientalistas del municipio acusan que hace años que el organismo dependiente de Conagua no cuenta en sus reuniones con la representación de todas las organizaciones de la sociedad civil, ni aun de la academia y el ayuntamiento. Varios de sus representantes no asisten ni son convocados a sus reuniones.
Por ejemplo, Alma Rosa Rojas, integrante del Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos (Cepazdh), dice:
«Nosotros, las organizaciones que estábamos y salimos del Comité de Cuenca, decimos que ya no existe el Comité de Cuenca. Es Rodrigo Hess Poo y Pronatura. Pero no hay asambleas ni reuniones oficiales desde hace mucho tiempo. No. Creo que hubo una en diciembre del año antepasado [2018], cuando recién asumió Jerónima Toledo a la presidencia municipal. Precisamente, convocaron a asamblea del Comité de Cuenca para que Coca-Cola presentara el proyecto de la planta tratadora. En el orden del día dice que iba a estar la Presidenta [Jerónima Toledo] y Lemus [director de Ecología municipal], como parte del municipio, y todas las instituciones que son parte del Comité. Porque las instituciones también son parte del Comité de Cuenca. Son 50 por ciento instituciones de gobierno (municipales, estatales, federales) y 50 por ciento sociedad civil, con participación de diferentes sectores de usos de agua: industrial, uso agrícola, uso urbano, organizaciones con vocación ecológica, etcétera. Entonces, convocaron a asamblea para presentar el proyecto. Son las instituciones las que llegan. Al final, el gobierno: Bienestar, INPI, SEMANH, Secretaría de Desarrollo, etcétera. Y de organizaciones, obviamente, llega Pronatura e invitan a otras que no son del Comité de Cuenca. Pero no hay un acta de nombramiento, de renovación del Comité de Cuenca. El acta sigue siendo la misma de 2007 y no ha habido una renovación del Comité. Sigue siendo Rodrigo el coordinador desde hace 13 años. Por eso decimos que no vale. Ya no estamos las organizaciones que, de alguna manera, empujábamos. No está tampoco la parte académica, que ese tiempo era Edith Kauffer y Antonino García, y otros compañeros de Ecosur y de la Unich y la Unach. Ellos también dejaron de asistir, exactamente, por lo mismo. Entonces, ni la parte académica ni las organizaciones de la sociedad civil participamos ya en el Comité de Cuenta. Es un Comité a modo, en donde Rodrigo invita a gente que es su aliada, que es su amiga y a las instituciones que, obviamente, avalan y respaldan todo lo que Conagua diga. Los representantes de las instituciones sólo van a hacer presencia. No proponen. No cuestionan. Y ni siquiera asisten los titulares: mandan al secretario del secretario del secretario. Al final, llegaban a las reuniones sin idea de lo que se iba a tratar. Es una participación que no funciona. Van nada más a levantar el dedo.
Otros ambientalistas del municipio también señalan verticalidad y falta de representación de la sociedad en el Comité de Cuenca. Y consideran que es promovida por Conagua, a la que responsabilizan de «ahorcar» a la mayor parte de los consejos y comités de cuenca del país, de modo que su existencia sea sólo de papel. Como cascarones vacíos.
Por su parte, Hess Poo, coordinador del Comité de Cuenca del Valle de Jovel, argumenta que el organismo debe ver y mediar por todos los tipos de usuarios. No sólo los de la ciudad. Porque, dice, se trata de la cuenca. Y la ciudad es apenas una parte de la cuenca.
«En principio –dice Hess Poo–, tenemos todos los [votos] institucionales, que siempre llegan a las reuniones, por fortuna. Tenemos a los representantes de la sociedad, como lo manda la ley. Están los usuarios comerciales. Están las organizaciones sociales de diversa índole. Y está la población de la ciudad. Pero estamos hablando de la cuenca, no sólo de la ciudad. Entonces tenemos también campesinos, gente que riega. No se tratan de un ejercicio democrático las reuniones del Comité. Nunca fue la intención. Es, más bien, un ejercicio participativo. Lo que se requiere es conocer la problemática de la cuenca de todos los actores posibles: ¿cómo viven los problemas del agua los hoteleros, las instituciones, la academia….?
»Por ejemplo, en el caso de la ciudad, aunque sean 200 mil habitantes, pues podrá haber una diferencia de tesitura entre los que tienen más y los que tienen menos, pero en general es una aproximación a los problemas del usuario urbano del agua. Aunque sean 200 mil, es prácticamente la misma. La discusión eterna es que hay organizaciones que, como tienen una representación social y mueven, digamos, a ocho colonias, entonces [dicen] ‘necesito tener el 30 por ciento de los votos’. Son argumentos que buscan controlar la estructura en función de sus intereses, no para encontrar soluciones. Ésa es la diferencia de visión que tenemos. Nunca aceptaron esta limitación, generada en el Comité, que disminuya sus posibilidades de mayoriteo».
Cualquiera que sea el caso, al final, no fue sólo que construir un humedal artificial sobre uno natural sonara a «meter agua sucia al agua limpia», sino sobre todo que no existían las condiciones sociales para aceptar esa propuesta, así planteada.
En un trabajo publicado por la revista Sociedad y Ambiente, de Ecosur, el investigador José de Anda Sánchez, del Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco (CIATEJ), señala que:
«Es necesario considerar cinco factores más que afectan directamente en el desarrollo sustentable de un proyecto de abastecimiento de agua potable o saneamiento de las aguas residuales (McConville y Mihelcic, 2007):
(1) el respeto sociocultural, (2) la participación comunitaria, (3) la cohesión política, (4) la sustentabilidad económica y (5) la sustentabilidad ambiental».
Si tomamos esos criterios como medidas de valor, ninguno favorecía al proyecto de la planta de tratamiento. El solo origen de los recursos (Coca-Cola FEMSA) generaba demasiado ruido.
En la percepción pública que predominó, la donación no significó nunca la emoción de resolver un problema. Porque la empresa representa más, mucho más, un conflicto de salud pública y de principios.
Aritmética vs la opacidad
Las decisiones y estrategias suelen estar mejor orientadas cuando hay datos disponibles e información transparente. Pero en todo lo que rodea a Coca-Cola o, para el caso local, a FEMSA, la información hay que obtenerla cruzando datos de aquí y de allá, yendo y viniendo de leyes y reglamentos que se refieren y despistan unas a otras, resolviendo fórmulas matemáticas (cuesta imaginar a los legisladores que uno conoce entendiendo esas fórmulas, por cierto) y haciendo solicitudes de información que a la larga resulta «reservada», como si de ello dependiera la seguridad de la nación.
Información negada por Conagua y el SAT a la investigadora Laura K. Jordan, del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropologia Social (CIESAS), para su tesis de maestría, El problema de la responsabilidad social corporativia: la empresa Coca-Cola en Los Altos de Chiapas.(Consulta aquí).
A fin de escribir esto que ahora lees, intenté contactar a Coca-Cola para preguntarle por sus impuestos y los empleos que genera. Por un momento, sorprendentemente, casi pareció que conseguiría una respuesta. También quise contactar a Conagua, cuyos datos públicos de contacto quizá la pandemia volvió inútiles. Asimismo, traté de obtener informes anuales y minutas de las reuniones del Comité de Cuenca del Valle de Jovel, pero su sitio web aparentemente está en reconstrucción o no aparecen las minutas ni los informes.
Así, pues, me limito a señalar algunas proporciones, con los datos disponibles, para entender mejor de lo que hablamos cuando hablamos de Coca-Cola FEMSA.
Por la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales, el artículo 223 de la Ley Federal de Derechos estableció que, hasta 2019, la cuota por cada metro cúbico de agua extraída del subsuelo era de $2.2396 (2 pesos con veintitrés centavos), en zonas de disponibilidad subterránea 4, en una de las cuales estaría San Cristóbal de Las Casas. Así tenemos que, si la empresa refresquera extrae 419 774.30 m3 anuales de sus dos concesiones en este municipio, entonces pagaría por ellas $940 126 anuales.
Parece poco para una empresa que, según su Informe integrado 2019, reportó ese año a sus accionistas un volumen de ventas por 194 mil 471 millones de pesos, en nueve países (México, Guatemala, Costa Rica, Nicaragua, Panamá, Colombia, Brasil, Uruguay, Argentina), como resultado de las ventas de 3 mil 369 millones de cajas de unidad.3
Imagen del Informe integrado 2019 Coca-Cola FEMSA.
Ahora bien, de ese total, sólo en México, la empresa obtuvo ganancias de poco más de 106 096 millones de pesos.
Si los dos pozos de la refresquera en San Cristóbal representan 1.82 por ciento del volumen total que tiene concesionado en el país, entonces esa planta local de la empresa produciría una ganancia anual y proporcional de 1 mil 930 millones 948 mil 680 pesos.4
Es decir, la planta de Coca-Cola en San Cristóbal generaría ganancias por casi 2 mil millones de pesos. A cambio, pagaría al Estado mexicano, por concepto de aprovechamiento, 0.048 por ciento de esa cifra ($940 126). Cada año.
Oye, espérate: ¿y sus gastos?
No soy matemático ni economista. Por eso, cuando terminé de hacer y verificar ésas y otras operaciones con los datos que hallé disponibles, consulté el apartado anterior con un amigo que entiende más que yo de números. Me confirmó que si los datos eran correctos, mis cuentas también lo eran.
Pero eso no fue todo lo que mi amigo respondió. Le pedí permiso para reproducir aquí el resto de lo que me dijo:
Es claro que sus ganancias son mucho menos, y habría algo de injusto en sólo demostrar las ganancias y no los gastos. ¿Cuántos empleados tienen? ¿Cuál es la calidad de esos empleos? ¿Cuántas familias mexicanas dependen de la empresa: embotelladores, mercadólogos, estibadores, repartidores, mecánicos…?
En una tienda, una botella de agua de medio litro me cuesta 8 pesos. Por la misma cantidad, podría rellenar mi garrafón. ¿Por qué no cargo mi cantimplora? ¿Por qué compro refrescos diariamente, si tanto mal hace su exceso?
¿Si se lograra que las industrias pagaran más por el agua, eso se reflejaría en algún beneficio social? ¿Si Coca-Cola se fuera de San Cristóbal o de México, habría un beneficio social?
Hay un punto en eso. Y es controvertido. Vayamos allá entonces.
El pago al Estado de 0.048 por ciento de sus ganancias representa apenas el costo de la concesión. En mayo de este año, se dio a conocer que FEMSA liquidó al Sistema de Administración Tributaria (SAT) 8 790 millones de pesos de adeudos atrasados.5 No se precisó el desglose de la cifra. Por tanto, tampoco se sabe a cuántos ejercicios fiscales correspondería el pago, para incluirla en estas cuentas.
Como sea, al pago por aprovechamiento de agua le faltarían impuestos y gastos operativos: ISR, energía eléctrica, mantenimiento del parque vehicular, combustible… Y el más importante de todos, la bandera que se apresuran a señalar gobiernos y empresas cada vez que se sienten cuestionados sobre sus decisiones y actividades: los empleos.
La opinión pública sobre el tema no suele tomar en cuenta a las familias cuyos ingresos dependen de la empresa. No se sabe si alguno de los tres niveles de gobierno plantearía un plan económico o jurídico laboral para apoyar a esas familias a superar el desempleo si, como pidió el síndico municipal a Conagua, le fueran revocadas las concesiones locales a Coca-Cola. El tema no es siquiera mencionado al paso con algún grado de seriedad. Y los empleados de la refresquera no son las únicas personas que habría que incluir en la conversación sobre la búsqueda de soluciones a los problemas que aquejan a San Cristóbal. Otro tanto son los trabajadores de las minas de arena, por ejemplo. Es obvio, ahí también, que debe hacerse algo (y pronto). El problema es qué y cómo enfrentar los efectos económicos de cualquier decisión.
En cuanto a Coca-Cola, tampoco es todo lo clara que debería en ese aspecto. Tal vez porque responder con claridad implicaría, necesariamente, iniciar una discusión sobre derechos laborales, seguridad social, fondos para jubilaciones, jornadas laborales, horas extras, outsourcing y varios etcéteras que, en general, provocan, digamos, incomodidad a las empresas.
Le pregunté a Coca-Cola FEMSA por los datos que he vaciado en este trabajo. En especial, por el número de empleos directos e indirectos que generaba Coca-Cola FEMSA, KOF y/o Inmuebles del Golfo, en la planta de San Cristóbal de Las Casas. Sé que recibieron la solicitud de información, porque enviaron señales. Al final, sin embargo, no respondieron.
Traté también de contactar a trabajadores de la planta, para recoger su percepción del problema como parte de la comunidad. Ninguno quiso hablar conmigo por temor a perder su empleo, aunque sí me dejaron saber que son conscientes del rechazo que genera la empresa en la opinión pública.6
No obstante, en términos generales, el Informe integrado 2019 de Coca-Cola FEMSA afirma que ese año destinó $30 561 mdp, a «salarios y beneficios a empleados», para sus actividades en nueve países latinoamericanos.7
Imagen del Informe integrado 2019, de Coca-Cola FEMSA.
Si nuevamente utilizamos esa cifra y la cruzamos con los ya mencionados porcentajes que representan para Coca-Cola FEMSA el mercado mexicano (54.55 por ciento) y las dos concesiones locales (1.82 por ciento), tendremos que Coca-Cola aportaría $303 412 664 pesos anuales a la economía de San Cristóbal de Las Casas.8
En México, la diabetes mellitus es la segunda causa de muerte (algunos años llega a ser la primera, junto con las enfermedades del corazón). Pero no siempre fue así. En la década de los 70 del pasado siglo, no aparecía siquiera en los cinco primeros lugares. En los 90 ya ocupaba el cuarto puesto y después del 2000, no ha dejado de estar siempre en uno de los primeros dos lugares entre las causas de muerte del país. Pero los problemas de salud cuyo origen es la mala alimentación no aparecen espontáneamente. Vienen de mucho más lejos que una tiendita, de allá donde se toman las decisiones y se construyen las reglas del juego de la economía y la sociedad.
«Hay una deriva del capitalismo de los años ochenta que se topa con impedimentos legales. Es el caso de la industria agroalimentaria, al que pertenece Coca-Cola-FEMSA… Los años 80 y 90 son un periodo en que se encuentran, por todos lados, impedimentos legales que les permitan vender excedentes en todo el planeta. Lo que debían encontrar era una forma de pasar por alto esas legislaciones», explica la investigadora Ana Valadez Ortega, del Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano (Ceccam).
Al parecer, en el caso mexicano, una forma de librar los impedimentos legales fue el controvertido Tratado de Libre Comercio de América del Norte. No pocas fuentes (algunas de ellas registradas aquí o aquí, por ejemplo) indentifican al TLCAN (hoy TMEC) como el principal responsable de abrir una compuerta. La que inundó el mercado mexicano de alimentos procesados. Porque el modelo de negocios de empresas como Coca-Cola FEMSA es, por un lado, controlar los recursos de donde provienen sus insumos (el agua, por ejemplo, pero también el jarabe de maíz de alta fructosa, que jugó un papel en la crisis de la industria cañera del país) y, por el otro, la saturación del mercado.
Respecto de eso último hay que decir que todos esos productos se consumían ya en México desde antes de que se convirtieran en un problema de salud pública. Lo que aumentó fue su cantidad y disponibilidad, a través de producción excesiva, la multiplicación de tiendas de conveniencia y las prácticas casi monopólicas, sometido todo eso a una regulación, en general, laxa.
Hace unos años, en su investigación «Kilos de más, pesos de menos: los costos de la obesidad en México», el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) calculó que sólo la diabetes, asociada a sobrepeso y obesidad, le costaba a México «entre 82 y 98 mil millones de pesos que equivalen a 73% y 87% del gasto programable en salud (2012)». Detalla el centro de investigación:
«De esta cifra, 73% corresponde a gastos por tratamiento médico, 15% a pérdidas de ingreso por ausentismo laboral y 12% a pérdidas de ingreso por mortalidad prematura… Estimamos que cada año se pierden más de 400 millones de horas laborables por diabetes asociada al SPyO [sobrepeso y obesidad], lo que equivale a 184,851 empleos de tiempo completo. Esto a su vez representa el 32% de los empleos formales creados en 2014.
¿Qué decir frente a eso?
Sea que queramos un mundo donde Coca-Cola no exista o uno donde su consumo no adquiera, al menos, las dimensiones que tiene hoy en términos de salud, con toda probabilidad las soluciones tendrán que venir desde distintos frentes: leyes y reglamentos, campañas de educación, una apertura real (no simulada) de los organismos reguladores a la participación ciudadana y mucha disposición a aceptar que el mundo está cambiando. Como lo ha hecho desde siempre, a lo largo de la historia. Aunque no siempre sea claro hacia qué rumbo.
El amigo que me ayudó a confirmar la validez aritmética de las cuentas realizadas en este trabajo, concluyó su respuesta con una broma sobre el intento del Che Guevara, como ministro de Industria, de replicar el sabor de Coca-Cola en una gaseosa cubana.
Un caso similar fue tema de conversación hace poco más de una década, cuando se criticó la venta de las aguas negras del imperio en los caracoles zapatistas. El tema mereció una reflexión, motivada por la adicción al azúcar tal vez, pero que vale la pena leer completa: «Preguntas y respuestas como caminos. (Frente a una lata)». Porque como dijo en aquella ocasión el subcomandante Marcos: «Frente a esta lata de refresco se pueden tomar varias posiciones».
Si eso es cierto, lo mínimo que podemos hacer –mi apreciación personal, desde luego– es poner todas ellas sobre la mesa de la discusión pública.
Sin trampas.
Según el coordinador del Comité de Cuenca del Valle de Jovel, Juan José Rodrigo Hess Poo, a los 40 millones de pesos ofrecidos en donación por Coca-Cola FEMSA, habrían podido sumarse otros 40 mdp extras, a través de Conagua
En su tesis de maestría, El problema de la responsabilidad social corporativa: La empresa Coca-Cola en Los Altos de Chiapas, la investigadora Laura K. Jordan habla en una parte sobre los orígenes de la desconfianza que despierta entre diversas organizaciones ambientalistas la alianza de Pronatura y Coca-Cola FEMSA:
«La alianza con esta organización no es gratuita: desde el momento de su fundamento en 1981, Pronatura mantiene una relación especial de apego con Coca-Cola FEMSA. Andrés Sada Zambrano –integrante de la familia FEMSA– es uno de sus fundadores, y la Presidencia y Dirección de la asociación les han tocado a varios miembros [de] los clanes Sada y Zambrano… En Los Altos de Chiapas, estos dos factores –la simpatía básica que Pronatura le tiene a FEMSA, así como su orientación conservacionista– se combinan para producir un conflicto de intereses que se ha criticado como una conservación ‘viciada’. Desde hace pocos años, Pronatura mantiene una reserva ecológica de 102 hectáreas en el cerro de Huitepec, arriba de la planta de Coca-Cola en San Cristóbal –una ubicación decididamente estratégica, ya que protege el abasto de la materia prima (el agua) de su empresa afín (García García, 2005; Jordan, Laura, 2007; Valadez, 2007)».
Caja unidad = 24 porciones de 8 onzas de bebida terminada, según el informe referido. Esto significa que una caja unidad equivale a 5.67 l. Entonces, el volumen de ventas reportado en 2019 correspondería a 19 102 230 m3 de líquido envasado y vendido. OJO: esa última cifra plantea varias preguntas. Por ejemplo, esos 19 millones de m3, correspondientes al líquido vendido en nueve países latinoamericanos, no están tan lejos de los poco más de 23 millones de m3 totales que se le permiten extraer legalmente a FEMSA, a través de 87 concesiones, sólo en México. Pero tiene otras concesiones en los ocho países restantes que constan en su informe. Así que el volumen total de agua que extrae de Latinoamérica debe ser mayor. ¿Dónde está ese excedente? Una posibilidad es que la empresa no extraiga agua hasta los límites que le permite la ley. Otra es que sí lo haga y, aun cuando no la venda toda, le sirva para inundar el mercado. No sería raro. Tal es y ha sido parte de la estrategia de FEMSA de por sí. Lo hizo con las tienditas al impedirles vender otras marcas y, cuando esa ruta ya no funcionó, lo hizo otra vez imponiendo sus propias tiendas de conveniencia. Dos opciones más que podrían explicar el excedente desaparecido es que no lo esté reportando todo en sus informes; o que deseche más agua de la que le gusta aceptar cuando habla de que devuelve «el 100 por ciento del agua que utilizamos en la elaboración de nuestros productos». Hay serias dudas al respecto. Pero ni la empresa ni el Estado parecen muy interesados en responder nada.
Hagamos matemáticas. Éstos son los datos: A) Las ganancias reportadas a sus socios por Coca-Cola FEMSA en 2019 son de 194 471 millones de pesos, habiendo vendido 3 369 millones de cajas unidad de productos. B) Con 1 838 millones de cajas unidad vendidos en territorio mexicano, el país representa, aproximadamente, 54.55 por ciento del mercado de los 9 países latinoamericanos reportados en el Informe integrado 2029 de Coca-Cola FEMSA. Es decir, 106 096.081329 millones de pesos. C) Los dos pozos de Coca-Cola en San Cristóbal de Las Casas representan apenas 1.82 por ciento del total de concesiones otorgadas por Conagua a 8 de 10 embotelladoras declaradas por Coca-Cola México en su sitio web. (Por razones prácticas, porque faltan datos de las dos restantes, tomemos esas 8 como el total). D) El 1.82 por ciento de $106 096.081329 son 1 930 millones 948 mil 680 pesos. Esa cantidad es la estimación proporcional de ganancias que produciría a la empresa el agua concesionada, a través de dos pozos, en San Cristóbal de Las Casas.
El presidente López Obrador informó en abril que existía una lista de al menos 15 grandes contribuyentes con adeudos al fisco por 50 mil millones de pesos. Cobrar esos adeudos ha sido, sin duda, un respiro para la recaudación durante la crisis económica causada por el coronavirus.
La citada investigación de Laura K. Jordan, para su tesis de maestría en CIESAS, topó también con el reparo de los empleados de FEMSA en San Cristóbal para hablar del tema. Lo consiguió, sin embargo, en un caso que muestra la relación de amor-odio que a veces establecen los trabajadores con sus empleadores. Por una parte, gratitud ante lo que su entrevistado interpretaba como superación personal y laboral y, por otra, su conflicto con las presiones a las que se sentía sometido para alcanzar las metas financieras de la refresquera.
Atención: no afirmo que ésa sea la derrama económica real, vía empleos, que genera Coca-Cola en el municipio. Puede ser menos o más. Porque tal vez en algunos lugares y para ciertos puestos, por ejemplo, la empresa pague más a unos empleados que a otros. La enorme desigualdad del país tiene su origen, precisamente, en los centros empleadores, donde el salario mensual de un puesto directivo bien podría ser de, digamos, $80,000 y el de un obrero, de $800 semanales. Así pues, la cifra a a la que llegué, sobre la derrama económica de empleos en el municipio, representa apenas un acercamiento proporcional. La infiero, repito, al cruzar datos de tres fuentes: + Las cifras del Informe integrado 2019 de Coca-Cola FEMSA. + El porcentaje que representan las ventas en México de FEMSA Coca Cola (54.55 por ciento). + El porcentaje proporcional de los dos pozos concesionados (1.82 por ciento) del total de agua, a través de las 87 concesiones que tiene la refresquera en el país, a través de ocho embotelladoras.
La confrontación entre lo que debe procurar la ley y lo que en realidad permite atraviesa todo el sistema económico. Algunos científicos proponen el nombre de «capitoloceno» para definir a nuestro tiempo, marcado como está por la incompatibilidad entre un capitalismo que demanda crecimiento infinito y el planeta, cuyos recursos son finitos. El gobierno federal no es ajeno a esta discusión, ni a las contradicciones resultantes entre la ética y el marco legal del Estado, por lo general, defensor de la propiedad privada y el desarrollo. Las mineras, el Tren Maya o el decreto de la industria refresquera como «actividad esencial» durante la pandemia (la tasa de letalidad que el Covid-19 ha cobrado en el país está relacionada con obesidad, hipertensión y diabetes) son temas que circulan, a veces, en sentido contrario a las preocupaciones de varios funcionarios federales. Son conocidas, por ejemplo, las opiniones del titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Víctor Toledo. O del Dr. Hugo López-Gatell, subsecretario federal de Prevención y Promoción de la la Salud, quien en su reciente visita a Chiapas dijo: «¿Para qué necesitamos el veneno embotellado, el de los refrescos? ¿Para qué necesitamos donas, pastelitos, papitas que traen alimentación tóxica y contaminación ambiental? Las botellas llegan a ríos y luego al mar». (Regresar)
Al respecto, transcribo la explicación que me dio Margarita Gutiérrez, directora de Incidencia y Cambio Sistémico, de Fundación Cántaro Azul: «Para saber cómo funcionan los sistemas de flujo subterráneo, hay que hacer un estudio. Es probable, pero un poco raro, que el agua que se infiltre aquí llegue hasta allá abajo. En general, los sistemas de flujo son muy grandes y hay de dos tipos: regionales y locales. Los regionales pueden ser tan grandes como parte de Chiapas. Podría ser que parte de la lluvia en la meseta comiteca llegue a San Cristóbal. Pero no lo sabemos, porque no hay un estudio sobre eso. Es una nueva rama que en México no se ha adoptado institucionalmente y que se llama hidrogeología. A grandes rasgos, se valen de isótopos del agua subterránea y de lluvia para identificar, por ejemplo, dónde son las zonas de recarga».
El texto y fotos de esta crónica son publicados bajo licencia Creative Commons Reconocimiento-CompartirIgual 4.0 (CC BY-SA).
El Universal Nadxielly Isabel C. V., una joven originaria del estado de Chiapas, fue enganchada a través de una oferta laboral publicada en redes sociales,...
