En la presente Administración federal, las Fuerzas Armadas han asumido al menos 13 tareas adicionales a las de seguridad nacional, entre ellas: la construcción de infraestructura (Tren Maya, Aeropuerto en Santa Lucía, Bancos del Bienestar); capacitación policial; apoyo y distribución de programas sociales; control de puertos y aduanas; combate al robo de hidrocarburos; control de la migración, así como la atención a la emergencia sanitaria ocasionada por el Covid-19 y la distribución de vacunas.
Tras señalar lo anterior, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), advierte que la incorporación del mando de la Guardia Nacional al Ejército contraviene lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido, que únicamente en las circunstancias de un caso concreto pudiera justificarse la participación extraordinaria de fuerzas armadas en labores de seguridad pública, garantizando que esto implique una intervención excepcional, temporal y restringida.
Asegura que la participación de la Sedena en las tareas de la administración pública, ajenas a su naturaleza esencial, debe ser subsidiaria y temporal. “Alargar la permanencia de los militares en las calles impide avanzar en la consolidación de instituciones civiles propias de una nación democrática y que respondan al fortalecimiento de la seguridad y justicia”, considera y agrega que con ello, se ponen en riesgo la imagen, la aceptación ciudadana e incluso la integridad de la Marina y el Ejército.
El organismo asegura estar convencido que es imprescindible garantizar el derecho a la seguridad pública y combatir a la delincuencia, “pero sabemos que el cumplimiento de dicha obligación debe estar a cargo del Estado con instituciones civiles y no militares”, subraya y agrega que la mejor manera de atender la inseguridad y combatir a las organizaciones criminales es a través de labores de inteligencia, la desarticulación financiera, entre otras tareas.
Coparmex afirma coincidir con el llamado de la organización Causa en Común, en el sentido de que es urgente restablecer y fortalecer los mecanismos institucionales construidos a lo largo de muchos años y luchas ciudadanas como es el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP). Creado en 1995, tiene como función establecer las acciones y objetivos de la seguridad pública en México a partir de la coordinación entre instancias, instrumentos, políticas, servicios y acciones a nivel federal, estatal y municipal.
Califica como apremiante no suplantar a las policías estatales y municipales, sino fortalecer sus capacidades. “Las instituciones civiles de la policía a nivel local deben robustecerse, pues son las policías y las Fiscalías quienes están facultadas para interactuar con la población civil, prevenir los delitos y la violencia y llevar a cabo investigaciones y procedimientos legales de los delitos del fuero común que más impactan a los ciudadanos”, enfatiza.
Los empresarios aglutinados en dicha instancia hicieron un llamado a favor de la consolidación de la Guardia Nacional. “Es responsabilidad del Estado garantizar que la estrategia de seguridad deje a un lado toda improvisación y solución inmediatista. Queremos un país con tranquilidad y en paz que solo podrá alcanzarse con instituciones sólidas y logrando que impere el Estado de Derecho. No a la militarización, sí a la estrategia, inteligencia y coordinación”, sostiene.
