* Exhiben atropellos contra ciudadano al que no le pagan uso de suelo por renta de torres de Comisión
Como si las cosas en Arriaga no estuvieran ya complicadas, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a cargo de Alexander Cruz de la Rosa, violenta los derechos humanos fundamentales de una familia arriaguense, ya que sin presentar orden otorgada por un Juez, invadió una propiedad privada haciéndose acompañar por la Guardia Nacional, policías Federal, de Investigación, Estatal, municipal y Protección Civil municipal en un fuerte operativo donde con lujo de violencia y exhibiendo sus armas de cargo, ingresaron sin permiso a la propiedad del señor Joaquín Rodríguez López y Delfino Rodríguez Álvarez, a quienes la CFE se niega a pagarles lo que por ley les corresponde por el Uso de Servidumbre y Suelo de las siete torres de alta tensión que cruzan por su propiedad.
Desde hace varios años los legítimos dueños de esta propiedad, los señores Joaquín Rodríguez López y Delfino Rodríguez Álvarez, sostienen una pugna legal contra CFE, empresa ahora privada, que se niega a cubrir la indemnización correspondiente por la Servidumbre y uso de suelo de las siete torres que cruzan la propiedad, por lo que sin razón legal que la respalde el representante de CFE, Alexander Cruz de la Rosa, se hizo acompañar de toda la fuerza pública conocida en Arriaga, para invadir sin ningún derecho la propiedad privada de los quejosos.
Lo más lamentable es que la misma autoridad municipal, encabezada por el impuesto presidente municipal, José Alfredo Toledo Blas, quizá por algún acuerdo monetario en lo oscuro con CFE, respaldó esta violenta violación a los derechos humanos de esta familia arriaguense, pues a pesar de no llegar a ningún acuerdo en una reunión convocada por el presidente en el Ayuntamiento, éste respaldó con sus elementos policiacos y de protección civil, la ilegal acción de CFE contra la propiedad privada de esta familia.
Ahora por estas acciones violentas e ilegales de CFE, los dueños de la propiedad temen por su seguridad y la de sus familias, porque si una empresa privada del Estado Mexicano puede violar la ley de esta forma, no existirá autoridad que pueda defenderlos, en caso de que algo les sucediera a ellos o sus familias su integridad personal o de sus bienes.
