Fredy Martín Pérez
En las últimas semanas, más de 50 elementos de las corporaciones de Comitán de Domínguez y Tuxtla Gutiérrez han sido detenidos
San Cristóbal de las Casas.— “Todos los jales los hacemos nosotros [los elementos de la Policía Municipal]”, reveló en febrero pasado el director de Seguridad Pública municipal de Berriozábal, Germán Alegría Estrada, en un video grabado tras ser levantado por presuntos miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
El jefe policiaco expuso los vínculos que existen entre algunos alcaldes, funcionarios locales y estatales de esta entidad con grupos de la delincuencia organizada en los municipios de Villa de las Rosas, Tapachula, Comitán de Domínguez, Tuxtla Gutiérrez, Berriozábal, entre otros, donde el Cártel de Sinaloa enfrenta al Cártel Jalisco Nueva Generación-Cártel Chiapas Guatemala.
El mando policiaco fue asesinado después del interrogatorio criminal. Su cuerpo se encontró el 24 de febrero junto a los cadáveres de su chofer y su escolta, Rafael Martín Vázquez Pérez y Ulises Gómez de la Cruz, respectivamente, quienes también fueron secuestrados. Los tres estaban dentro de un automóvil que fue abandonado en Tuxtla Gutiérrez.
La versión de Alegría Estrada adquiere relevancia, pues algunos de sus señalamientos han sido comprobados en días recientes.
En las últimas semanas se realizaron operativos en dos municipios relevantes, Comitán de Domínguez y Tuxtla Gutiérrez, que llevaron a la detención de unos 55 elementos.
De acuerdo con lo dicho por Alegría Estada, el Cártel de Sinaloa, con pocos hombres, tiene que recurrir a la policía municipal para llevar a cabo sus “operaciones”.
La versión del mando
“Hay pocos sicarios. Todos los jales los hacemos nosotros”, explicó el funcionario en el video.
Dijo que sobre la carretera federal costera número 200 había puntos de control de la delincuencia, a la altura de Tapachula. Otro punto lo ubicó en Tuzantán, con una casa de seguridad donde tenían gente secuestrada para interrogarla, y otro punto en el municipio de Tonalá.
Explicó que los criminales ordenaban a la policía municipal mover las cámaras del C5 para que no quedaran grabados secuestros u otras acciones criminales. Por ejemplo, cuando un comando se llevó al dueño del lavado de vehículos en Berriozábal, le hablaron a él para que las cámaras dejaran de operar. “A mí me habló el comandante López, que yo volteara las cámaras”.
En Tuxtla Gutiérrez, la capital de Chiapas, donde Alexis Zuarth fungía como director de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, los agentes también movían cámaras y participan en levantones de personas, que luego entregaban a los criminales.
“Allá en Tuxtla operan (…) ellos traen como dos o tres camionetas. Hacen todos los jales. La verdad lo hace la ley. Mueven las cámaras y borran las grabaciones que tienen ya arreglado con C5”, reveló.
Agregó que también en Villa de las Rosas, el “encargado de pase” era el Iván, conocido como El 300, yerno de Chus Orantes, padre del alcalde Antonio Orantes.
“En Comitán también, pues ya todos sabemos que el mero encargado (de los criminales) es Fox (como se conoce al alcalde Mario Antonio Guillén Domínguez)”, sostuvo Alegría Estrada.
En este sitio el presidente municipal conformó un grupo paralelo de la policía municipal, hombres con uniformes de camuflaje y armados con fusiles de asalto y perros, al que le llamó Los Zorros, “para que pudiera patrullar con mayor seguridad”.
Este grupo entró en marcha hace tres años y medio, cuando inició la confrontación en las organizaciones criminales. Los Zorros eran famosos porque no cruzaban palabra con los pobladores, para no delatar su acento norteño. “No hablan”, decía en tono de burla un funcionario del propio ayuntamiento cuando se referían a Los Zorros.
Operación impune
En La Trinitaria, municipio fronterizo con Guatemala, agentes de la Policía Municipal tienen un retén a la altura de la comunidad Nuevo Villaflores, sobre la carretera Panamericana, en un tramo que es de jurisdicción federal.
Los policías revisaban maletas, fotografiaban identificaciones de automovilistas, las placas de las unidades e interrogaban a las personas.
Un empresario turístico que pasó por el lugar en agosto pasado expuso en redes sociales que fue detenido por uniformados: “Unos 200 metros antes de llegar al crucero Lagos de Colón, del lado izquierdo había una pick-up patrulla con rótulo de la Policía Municipal, sin especificar de qué municipio. En medio de la cinta asfáltica dos personas con uniforme con logos de la Policía Municipal sin indicar de dónde.
“Me hicieron la señal de parar y así lo hice. Me preguntaron de dónde venía y a dónde iba. Me dice uno de ellos: ‘Usted no pasa por aquí frecuentemente, ¿verdad? Este vehículo tampoco’. A lo que contesté (…) no paso por acá, muy de vez en cuando. Amablemente uno me dijo: ‘Le vamos a tomar foto’ y el otro me dijo que abriera la puerta para ver hacia dentro y ver a los pasajeros, a los que no les preguntaron nada, sólo dándose cuenta que efectivamente eran extranjeros. (…) Intercambiaron algunas frases de cortesía (del clima, del estado de la carretera). Le pregunté de dónde eran, me dijeron que pertenecían a la Policía de La Trinitaria”, reseñó el empresario.
Los operativos
El domingo 15 de diciembre —una semana después de que Eduardo Ramírez Aguilar sustituyera como gobernador a Rutilio Escandón— la Policía Estatal de Chiapas detuvo a 92 agentes de la Policía Municipal de Comitán de Domínguez.
De ese total, 46 fueron puestos a disposición de un juez y luego recluidos en el penal de El Amate, entre ellos hay cuatro mandos que portaban armas sin registro y no estaban inscritos en el Registro Nacional del Personal de Seguridad Pública; están acusados de los delitos de motín, ejercicio ilegal del servicio público y asociación delictuosa.
Durante el mismo operativo fueron destruidas 38 narcotiendas que operaban las 24 horas del día, en varios puntos de Comitán, incluyendo las principales avenidas, parques y cerca de escuelas e iglesias.
El 23 de diciembre nueve policías municipales de Tuxtla Gutiérrez y dos de Investigación fueron detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público, todos acusados del delito de desaparición forzada de personas.
Ese mismo día el gobernador Ramírez Aguilar dejó entrever que los operativos continuarán.
