MANUEL MONROY
Tras aprobarse este martes la Ley de Gobierno Digital del estado de Chiapas, la diputada María Mandiola consideró que la digitalización de la administración pública permite mejorar los servicios, reducir la burocracia, transparentar los procesos y garantizar el acceso a la información y trámites gubernamentales.
Reconoció la visión del gobernador Eduardo Ramírez, para impulsar esta iniciativa con el firme propósito de modernizar la administración y acercar los servicios públicos a todas y todos los chiapanecos.
«Esta ley establece un marco normativo integral para la modernización del gobierno a través de la digitalización de trámites y servicios, fortaleciendo áreas clave como la ciberseguridad, protección de datos personales y la transparencia proactiva», dijo.
En un breve análisis sobre esta propuesta, la legisladora destacó cuatro elementos de la misma. «El primero es el Consejo Estatal de Transformación Digital Gubernamental, órgano colegiado que es presidido por la Secretaría de Finanzas, que se encargará de definir la política en este rubro».
Dio a conocer que entre las atribuciones del mencionado organismo está: Aprobar el programa de inversión tecnológica gubernamental asegurando el uso eficiente de los recursos, además de promover la Ventanilla Digital y Bancarización de trámites y servicios públicos, facilitando pagos y gestiones sin la necesidad de acudir presencialmente.
El segundo elemento, subrayó, es la Agencia Digital Tecnológica del estado -sectorizada a la Secretaría de Finanzas- la que tendrá la responsabilidad de ejecutar las estrategias digitales aprobadas por el Consejo y entre cuyas funciones destaca administrar y desarrollar la plataforma única de servicios digitales.
En cuanto al tercer elemento, Mandiola enfatizó los derechos ciudadanos del gobierno digital, pues no solo beneficiará a las instituciones, sino que colocará a la ciudadanía en el centro de la transformación digital, donde entre otras cosas, las personas podrán obtener copias digitales de documentos oficiales.
Sobre el cuarto punto, refirió que abordan las sanciones a servidores públicos, es decir, que se sancione a quien obstaculice su aplicación, incluyendo negarse a digitalizar trámites y servicios, no garantizar la seguridad y protección de datos personales y, no actualizar portales con información confiable.
