Ciudad de México. La política de austeridad de Andrés Manuel López Obrador para reducir los sueldos de funcionarios públicos está en concordancia con lo que dice la Constitución, afirma el académico Diego Valadés.
El constitucionalista explicó que los funcionarios que no estén de acuerdo con esa medida podrían acudir a tribunales, los cuales resolverán que no hay derechos adquiridos que puedan invocarse frente a lo que dice la Constitución en el artículo 127
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El artículo 127 señala que ningún servidor público podrá recibir una remuneración mayor que el Presidente de la República. Y López Obrador anunció que percibirá 108 mil pesos mensuales, 40 por ciento del salario del actual jefe del Ejecutivo federal, Enrique Peña Nieto. Esta reducción significará un tope salarial para el resto de los funcionarios, con eventuales excepciones.
