MANUEL MONROY
Luego de que el Congreso del estado resolviera recibir la renuncia de los integrantes del cabildo de Arriaga y de que el Tribunal Electoral resolviera que esta acción fue inconstitucional, el Poder Legislativo chiapaneco se defendió asegurando que su trabajo siempre lo hace dentro del marco de la ley.
Al respecto, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso, Marcelo Toledo Cruz, señaló que dicha soberanía sólo hizo la parte que le correspondía sobre este caso. “Nosotros emitimos un dictamen que iba fundamentado por un acta de cabildo”.
Recordó que posterior a ello, algunos regidores dieron a conocer que los “obligaron” a firmar sus licencias definitivas, por lo que será la autoridad competente quien defina esta situación. “De nuestra parte está la emisión de un resolutivo y lo hicimos”, dijo.
Al ser interrogado sobre si entonces son los regidores quienes mienten sobre que sus firmas se les falsificaron para pedir sus supuestas licencias, el legislador de Morena dijo desconocer quien no dice la verdad. “El Congreso tiene documentación y la misma fue la que se remitió a la autoridad”.
Toledo Cruz adelantó que el siguiente paso será la respuesta que dé el Congreso al Tribunal y éste deberá actuar conforme a derecho. “Nosotros no tenemos intereses particulares más que se aplique la ley y que haya gobernabilidad en los municipios”, anotó el representante popular morenista.
Cabe recordar que en febrero pasado el Congreso aceptó las supuestas licencias definitivas de los regidores de Arriaga y rechazó las propuestas del mismo de nombrar al primer regidor el nuevo Presidente Municipal, luego de que el anterior fuera desaforado para que se le prosiguiera un caso penal.
La resolución del Tribunal Electoral del estado determina que el Congreso de Chiapas no respetó la garantía constitucional de audiencia al que tienen derecho los regidores, toda vez que pretende hacer el trámite de una supuesta solicitud de licencia definitiva al cargo que ostentan, el desconocimiento del procedimiento respectivo y la ratificación de las supuestas renuncias a sus cargos.
CUENTA PÚBLICA
Al preguntarle sobre la última parte de la Cuenta Pública recién aprobada (misma que corresponde al último trienio del gobierno de Manuel Velasco), el diputado aprovechó y dijo que los medios cuestionan mucho el trabajo de los legisladores. “Nosotros hicimos esa aprobación apegados a la ley”.
Y detalló: “La normatividad dice que la Cuenta Pública será revisada y validada y después remitida al Órgano de Fiscalización, es decir, la Auditoría Superior del estado y éste en un plazo de seis meses, deberá fincar la responsabilidades que considere, por lo que eso ya no es trabajo del Congreso”.
