Una iniciativa pretende ubicar los principios básicos en la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, para establecer una serie de principios y conductas que deben seguir las servidoras y servidores públicos, con la finalidad de generar directrices fundamentales de actuación, para eliminar la normalización de la conducta corruptiva.
Según el diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo, la corrupción es sin lugar a dudas el mayor lastre que aqueja al país y representa la problemática de mayor envergadura desde décadas atrás, pues ha limitado su crecimiento exponencial en todos los ámbitos, respecto a otras naciones.
El impacto negativo que ha generado la corrupción se ha encaminado al estancamiento en diversos aspectos como el cultural, social, especialmente económico; por ende, existe una preocupación inminente de la cual surge la necesidad de atenderlo desde los diversos campos de acción del Estado: Legislativo, Ejecutivo y Judicial.
Transparencia Internacional señala que México ocupa el lugar 138 de 180 países analizados y tiene una puntación de 28 de 100, situación sin duda lamentable ya que en el último año no solamente no decreció, sino que fue en aumento. Ante esto, es necesario generar las acciones necesarias para erradicar la corrupción en todas las esferas públicas.
El legislador dijo que para el combate de la corrupción se han realizado múltiples esfuerzos, en todos los niveles, por ello, en el año 2015 se creó el Sistema Nacional Anticorrupción, para hacer frente a este fenómeno, en el cual se diseñan, ejecutan y evalúan políticas públicas, con la firme intención de que este sistema sea suficiente para erradicarla.
Reconoció que una pieza fundamental en el desarrollo del combate a la corrupción es sin lugar a dudas, los servidores públicos. Durante décadas se ha tratado de erradicar este fenómeno, pero ha sido imposible debido a la normalización de la corrupción y su crecimiento exponencial, al grado de incrustarse en la vida cotidiana de la sociedad de manera cultural.
En esta tesitura las instituciones y organismos internacionales en la materia consideran que nuestro país tiene una calificación equivalente a cero en cuanto a integridad, ubicando a México en el último lugar de 31 países y apuntan lo siguiente:
“Los servidores y servidoras públicas del país cuentan con poca imparcialidad al realizar sus funciones y no tienen integrados valores éticos en el ámbito laboral. Lo que sugiere que hay una insuficiencia conductual importante dentro de la burocracia mexicana”, coinciden los organismos.
