Prensa Latina
Desde hace un mes 160 personas maya q’eqchi’, incluidas mujeres embarazadas, niños, niñas y ancianos, viven debajo de los árboles, duermen en el suelo, sin comida, sufren afecciones de la piel, describió el medio local Plaza Pública.
El grupo fue desalojado y encontró refugio en el terreno que ocupa otra comunidad, pero también hay una orden judicial que busca expulsar a quienes les concedieron albergue, agregó.
Estos últimos, contó por otra parte Prensa Comunitaria, llevan alrededor de nueve años en el lugar, pues en agosto de 2015 sufrieron un desastre natural en sierra Santa Cruz, de donde eran originarios, y se vieron obligados a desplazarse.
En conjunto, 60 familias (30 de cada una) están en riesgo de quedar en la calle dentro de dos días, según informes sobre Buena Vista y Santa Rosita, pertenecientes al municipio El Estor, departamento caribeño de Izabal.
También, coincidieron otros reportes, para ese mismo 26 del presente mes el Juzgado Segundo de Primera Instancia Penal y Narcoactividad de Alta Verapaz ordenó el desalojo de la Finca Las Delicias y Dolores.
Las personas desplazadas (estimaron unas 40 familias, en total 125 personas) serán albergadas por la municipalidad de Cobán y el Ministerio Público solicitó apoyo en aras de garantizarles alimentación.
En el caso de Buena Vista y Santa Rosita, el gobernador de Izabal, Carlos Tena, llegó la víspera a conocer la situación de las familias, por orden del mandatario Bernardo Arévalo y la primera dama de la nación, Lucrecia Peinado, dijo.
Tras reunión en el lugar, el director ejecutivo de la Comisión Presidencial por la Paz y Derechos Humanos, Oswaldo Samayoa, afirmó que no existe una coordinación entre el Ejecutivo y el Poder Judicial para atender a los desalojados e implementar bien los protocolos en El Estor.
Mediante su perfil en la red social X, Samayoa descartó que cuestionen la propiedad privada, “estamos verificando qué situación hay en necesidades para atender derechos”.
Los protocolos nos obligan a conocer para poder atender. Toca asesorar al departamento para que coordine, remarcó.
El Comité de Unidad Campesina (CUC), una de las organizaciones históricas de campesinos defensores de las comunidades rurales, señaló el 22 de mayo en relación con Buena Vista, que el desalojo lo promovió una orden con “cuestionables irregularidades”.
Llamó a las autoridades y a la comunidad internacional para que intervengan y se respete el debido proceso y los derechos humanos de las familias q’eqchi’.
El propio CUC de Guatemala condenó el pasado día 11 las amenazas, desalojos y acciones violentas suscitadas en diferentes comunidades rurales con saldo de dos muertes.
