La Jornada
Washington. El candidato socialdemócrata Bernardo Arévalo denunció «una escalada de la persecución política» de cara al balotaje presidencial del 20 de agosto en Guatemala, durante una conversación este miércoles con el grupo de reflexión estadunidense Atlantic Council.
El país más poblado de Centroamérica vive días de tensión desde la primera vuelta electoral del 25 de junio por la petición de la fiscalía de suspender la personalidad jurídica del partido Semilla, de Arévalo, quien se enfrentará a Sandra Torres, también socialdemócrata.
Fue el fiscal Rafael Curruchiche quien pidió al juez Fredy Orellana que ordenara al Tribunal Supremo Electoral (TSE) suspender a Semilla. Ambos han sido sancionados por Estados Unidos, que los considera actores «corruptos y antidemocráticos».
Arévalo dijo que no pudo viajar a Washington, sede del Atlantic Council, porque se les informó de la posibilidad de «entre 12 y 16 órdenes de detención que se suponía que iban a ser emitidas contra los miembros» del partido Semilla.
Se trata de «una escalada de la persecución política que estamos sufriendo en este momento», denunció.
«Es descaradamente ilegal», porque contraviene lo decidido por el Tribunal Constitucional y el TSE, que apoyaron claramente la celebración del balotaje, añadió.
Para Arévalo «esta campaña de desgaste» judicial busca distraer e impedir que pueda «salir a hablar con la gente».
«Estamos seguros de que no hemos hecho nada malo», recalcó.
La victoria electoral de Arévalo en junio sorprendió a propios y extraños.
Él la atribuye a que «fue una elección que de alguna manera catalizó al pueblo guatemalteco para traducir la protesta latente contra la corrupción en una protesta activa».
Su gran prioridad si gana el 20 de agosto es «eliminar la corrupción» para poder «rescatar las instituciones», explicó.
Pero tendría que lidiar con un Congreso de mayoría conservadora, un escollo que no le parece insalvable.
«Ya hemos identificado una serie de actores y partidos en el Congreso con los que podríamos cooperar probablemente en torno a una agenda común», declaró sin mencionar cuáles.
Y además «los incentivos para mantener las fuerzas corruptas (…) van a cambiar» y esto puede provocar «una reorganización de las fuerzas» en el legislativo, vaticinó.
