En el documento, al cual tuvo acceso OEM-Informex, el despacho de abogados pide al juez que incluya 38 documentos que la propia Rosario N envió para corregir las fallas que la ASF detectó durante su gestión
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A menos de un mes del cierre de la investigación en el caso de Rosario N, su defensa pidió al juez que llamara a comparecer a 15 personas, entre las que se encuentran Emilio Zebadúa, quien se desempeñaba como Oficial Mayor de Sedesol, Juan Carlos Lastiri Quirós, exsubsecretario de Sedatu, actualmente detenido, así como David Colmenares Páramo, Auditor Superior de la Federación (ASF).
En el documento, al cual tuvo acceso OEM-Informex, el despacho de abogados Epigmenio Mendieta pide al juez que incluya 38 documentos que la propia Rosario N, en su calidad de Secretaria de Estado tanto de Sedesol como de Sedatu, envió para corregir las fallas que la ASF detectó durante su gestión y donde se da cuenta que ella atendió las peticiones del auditor y en ningún momento incurrió en un delito.
La contestación de acusación enviada al administrador del centro de justicia del Reclusorio Sur, como parte de la carpeta judicial por el delito de ejercicio indebido del servicio público en contra de Rosario N, la propia exfuncionaria señala: “niega total y categóricamente las acusaciones delictivas que en contra de mi persona fórmula la Agente del Ministerio Público de la Federación, pues se aparta de la verdad y pretende atribuirme la responsabilidad de hechos presuntamente constitutivos de delito en los que nunca he participado, ni son atribuibles a mi persona”.
Esto, dice, “me lleva a concluir que se trata de un tema meramente de carácter político, y no jurídico, lo cual consideró completamente injusto, pues los procesos penales no tendrían que servir para combatir a los adversarios políticos, ni tampoco para cobrar afrentas del pasado, tampoco se tendría que utilizar la prisión preventiva para cobrar venganza, ni doblegar voluntades”.
Incluso, le dice al juez de Enjuiciamiento, que hacerlo de esta forma, se traduce en una detención arbitraria, por injustificada, excesiva y desproporcional, pues en palabras del propio Fiscal General de la República, “se me exhibe ante la opinión pública y en los medios de comunicación, como un trofeo a la lucha de la corrupción del gobierno anterior, y se me mantiene en prisión, “por no ser solidaria con el estado”, dejando entrever que para obtener mi libertad “debo delatar a otros funcionarios”.
La defensa pide la comparecencia de Juan Francisco Martínez Lavín, quien fuera enlace entre la Sedesol y la ASF, Aldo Pavón Segura, que laboró en la Comisión Nacional de vivienda, Alberto Javier Sánchez Rojas, quien fuera su defensor, Rodrigo Alejandro Nieto, quien se desempeñó como Oficial Mayor de Sedesol, Javier Ortiz Moreno quien se desempeñaba como abogado general de Sedesol, Emilio Zebadúa González quien se desempeñaba como Oficial Mayor de la Secretaría de Desarrollo Social del 1 de diciembre de 2012 al 26 de agosto de 2015, y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) del 27 de agosto de 2015 al 30 de noviembre de 2018.
Sostiene que la declaración de Zebadúa servirá para atender las observaciones planteadas por la ASF a la cuenta pública 2013 y las acciones que se realizaron en el área a su cargo para atender las observaciones planteadas.
También pide sea recogido el testimonial de Juan Carlos Lastiri Quiroz, quien se desempeñó como Subsecretario de Sedesol entre 2012 y 2015 y de Sedatu del 2015 al 2018, y que actualmente está en prisión.
Su testimonial, dice servirá para explicarlos convenios de Colaboración con las Universidades Tecnológicas de Nezahualcóyotl, Politécnica de Texcoco y Tecnología del Sur del Estado de México, para el desarrollo de diversos proyectos y adquisiciones y otros servicios.
También pidió el testimonio de David Colmenares Páramo Auditor Superior de la Federación (ASF), para que establecerá con toda precisión, el estado procesal que actualmente guardan las auditorías, los pliegos de observaciones, y los dictámenes técnicos emitidos por la Auditoría Superior de la Federación, a la cuenta pública 2013, 2014, 2015, 2016, 2017; en particular para atender los denominados convenios con las universidades.
