Gaceta UNAM
La prohibición absoluta del consumo de cannabis para fines lúdicos es inconstitucional y el legislador debe buscar nuevas vías de regulación para esta práctica, por lo que México está en un punto de quiebre para tomar decisiones, pues hoy en día hay un gran vacío legal e inseguridad para consumidores, para terceros y el país en torno a cómo debe ejercerse el derecho al consumo, los alcances y límites, coincidieron expertos reunidos en el Seminario 4/20.
En una revisión del tema, moderada por Imer B. Flores Mendoza, del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ), expertos en el tema coincidieron que existen dos grandes factores que retrasan la generación de una ley y normas que regulen el consumo de cannabinoides en México y son: buscar una regulación perfecta –no es fácil ponderar el derecho superior al menor– y el derecho a la salud.
En el encuentro, organizado de forma híbrida por el Observatorio de Legislación y Adjudicación del IIJ, Seminario sobre Violencia y Paz del Colegio de México y el Instituto Nacional para la Salud Pública, Guillermo Kohn Espinosa, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) detalló que las decisiones que se tomen en esta materia afectan directamente a múltiples sectores.
“Parece que el legislador tiene miedo de tomar decisiones por equivocarse, pero lo cierto es que en este tema lo vamos hacer y será poco a poco que se tomen mejores decisiones. Además, hay una desinformación importante, sobre las afectaciones a la salud, ya sea que es la puerta a drogas más duras o no, lo cierto es que todavía falta desarrollar mucha información científica sobre los efectos, pero con la evidencia que contamos ahorita podemos destruir estos mitos y ojalá el legislador pueda avanzar a una nueva legislación”, comentó Kohn Espinosa.
El Seminario 4/20 reflexiona sobre la evidencia científica disponible en torno a la regulación del cannabis y sus derivados mediante el desarrollo e implementación de indicadores, metodologías y estrategias que permitan dar cuenta del proceso regulatorio y sus impactos, además de formular propuestas alternas para orientar la toma de decisiones y facilitar el acceso a información verificada de los diferentes actores de la población interesados en el tema.
Durante la reunión, realizada en el Aula Centenario del IIJ, Geovanna Quiñonez Bastidas, investigadora de la Universidad Autónoma de Sinaloa, explicó que uno de los grandes problemas para generar datos sobre los efectos del consumo en la salud de la población es que para hacer indagación se requieren autorizaciones más allá de los institutos o universidades, pues la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) debe dar una autorización que suele ir más allá del tiempo que tienen los científicos.
“Si nos preguntamos en México dónde estamos parados, bueno, tenemos más dudas que respuestas y como investigadores la mayoría tenemos muchas incertidumbres en cómo hacer la indagación, sobre todo por los permisos. Vemos restricción y revisamos la Ley General de Salud en cuanto al control sanitario y por ejemplo para realizar ciencia básica debes someter el protocolo de investigación a Cofepris, cuando regularmente se presenta sólo ante las instituciones y desde ahí hay limitaciones, porque se hace tedioso y tenemos muchos investigadores que dejan de lado el tema por las restricciones”, reflexionó.
La experta en química del dolor enfatizó que un paso clave para avanzar en el tema es educar a la sociedad, pues si bien en el reglamento se habla de cómo hacer uso medicinal de cannabis, la mayoría de las personas consideran que al ser un producto natural es algo inocuo, un error común y es tarea enfatizar a la población que cannabis no cura todo y por eso se necesitan revisar los reglamentos y regulaciones actuales.
Con ella estuvo de acuerdo Amaya Ordorika, del Colectivo ReverdeSer, quien recordó que si bien ambas cámaras ya aprobaron una regulación, no eran las mismas, y esto ha hecho que se tenga un limbo en su legalidad en su aplicación, generando una inconstitucionalidad que debe ser corregida.
“Necesitamos identificar los daños que causa la prohibición, la violencia de Estado que se implementa a partir de las leyes prohibicionistas de la cannabis, para garantizar la no repetición de estas violaciones a derechos humanos; pensar en la reparación del daño generado por la prohibición y, finalmente, campañas de verdad y memoria. Desde el Estado mexicano se ha promovido la discriminación de los usuarios, de quienes nos relacionamos con la planta, mentiras sobre los efectos de la planta buscando generar una percepción no adecuada”, detalló la activista.
Desde el plantón frente al Senado de la República, el miembro del Colectivo 4/20, José Rivera, detalló parte de los abusos de poder que cometen autoridades de diferentes entidades de la República, especialmente en Oaxaca, contra las personas que fuman cigarrillos de marihuana, calificándolos desde traficantes hasta drogadictos, privándolos de su libertad y agraviando sus derechos humanos.
Igualmente recordó que parte de la celebración 4/20, que se realiza de manera informal en todo el mundo, es justamente que muchos gobiernos y legisladores no quieren legislar sobre el tema, por lo que surgió la idea de que si “no nos quieren escuchar, no nos quieren ver… ahora nos van a oler” y muchos usuarios y colectivos suelen fumar esta sustancia afuera de los recintos legislativos, que en el caso del Colectivo 4/20 es el Senado de la República.
Finalmente, Eric Ponce, de la empresa ICAN Latam, detalló que una de las grandes ventajas de México es que, al menos en el tema medicinal, se ha acertado en reconocer a la cannabis como un medicamento bajo la Ley General de Salud porque eso “permite navegar bajo las normas y reglamentos existentes sobre lo que se puede o no hacer”, además pidió mayor apoyo a la industria local que esté interesada en hacer los medicamentos.
