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El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) postergó para el primero de enero de 2024 la entrada en vigor o surtimiento de los efectos, de la declaratoria de inconstitucionalidad sobre la incorporación administrativa y operativa de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. (Sedena).
Al resolver sobre los efectos y consecuencias de su resolución, en la sesión del martes pasado, y eventuales complicaciones con las modificaciones de algunos de los artículos invalidados, el ministro Juan Luis González Alcántara Carranca, propuso el aplazamiento.
La nueva propuesta del ministro ponente fue aprobada por 9 votos a favor y dos en contra, de la ministra Yasmín Esquivel y su par, Arturo Zaldívar.
“Con esta prórroga en el surtimiento de los efectos propuestos, se va a privilegiar la certeza jurídica en el control y la operación de la Guardia Nacional, así como en el estatus jurídico de quienes la componen, asegurando, respetando la integración de las provisiones necesarias para tal efecto en el presupuesto de egresos de la federación’’, aseguró el ministro José Luis González Alcántara Carrancá
De acuerdo con la ministra presidenta Norma Lucia Piña y Alcántara Carrancá, este plazo de casi ocho meses para la entrada en vigor de la declaratoria judicial, es con el fin de dar tiempo al Ejecutivo Federal y al Congreso de realizar los ajustes necesarios para la transición de regreso de la Guardia Nacional a la jurisdicción de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana.
En la sesión de este jueves, las y los ministros de la Corte iniciaron la discusión de una acción de inconsttitucionalidad interpuesta por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH, contra la participación de la Guardia Nacional en labores de vigilancia, a contingentes de personas migrantes, y cuyo proyecto de resolución del ministro Javier Laynez Potisek, también propone la inconstitucionalidad.
Cabe recordar que en el pleno del martes pasado, el alto tribunal declaró inconstitucional, con el voto de ocho ministros, el traslado de la Guardia Nacional a Sedena, destacando entre otros puntos, la invalidación de la trasferencia de la corporación; la facultad que se otorgaba al secretario de la defensa, para nombrar al comandante de la guardia, y la sujeción de sus integrantes al régimen militar.
