· La medida busca disminuir y castigar esta clase de actos
MANUEL MONROY
Con el objetivo de disminuir y castigar los casos de acoso sexual callejero en Tuxtla Gutiérrez, instancias civiles y de gobierno dieron a conocer este jueves un protocolo de actuación que se implementaría en los negocios de la ciudad para intervenir cuando se registren esta clase de hechos.
Carmen Villa Chávez, directora del Observatorio Ciudadano Chiapas (OCCH), explicó que esta medida está diseñada para que pueda ser implementado en diferentes tipos de establecimientos. “Si bien, la prueba piloto se realizará en una decena de negocios aliados del Centro, la intención es que pueda extenderse a toda la ciudad y otros municipios del estado”, dijo.
En conferencia dio a conocer que el mecanismo de protección estará disponible de manera gratuita para cualquiera que lo que desee consultar e implementar. “No es necesaria una capacitación específica, ni tampoco implica la derogación de recursos económicos significativos”, especificó.
Tras recordar que la implementación de este proyecto forma parte de los trabajos de prevención de delito que realiza el organismo que preside, añadió que el documento en mención toma en cuenta que los establecimientos que se sumen al proyecto puedan identificar los casos de acoso e intervenir de manera positiva sin ponerse en riesgo ellos, ni a las víctimas.
Informó que el Artículo 238 del Código Penal del Chiapas especifica que comete el delito de Acoso Sexual quien con fines de lujuria, asedie a persona de cualquier sexo, aprovechándose de alguna circunstancia que produzca desventaja, indefensión o riesgo inminente para la víctima, independientemente de que se realice en uno o varios eventos.
Refirió de igual manera que también incurre en acoso sexual, quien sin consentimiento del sujeto pasivo y con propósito de lujuria o erótico sexual, grabe y/o fotografíe a cualquier persona, a través de medios informáticos, audiovisuales, virtuales o por cualquier otro medio.
“También será delito quien sin consentimiento y con fines lascivos, asedie de manera verbal o corporal a cualquier persona, en lugares públicos, instalaciones o vehículos destinados al transporte público de pasajeros, afectando o perturbando su derecho a la integridad y libre tránsito, causándole intimidación, degradación, humillación y/o un ambiente ofensivo”, reveló.
Interrogada sobre las penas para quien infrinja esta ley, dio a conocer que irán de un año a cuatro años de prisión y de 100 a 300 días de salarios mínimos de multa.
En la conferencia además del OCCH, también asistieron representantes del Observatorio Ciudadano Nacional (OCN), Fiscalía Especializada en la Protección de los Derechos de las Mujeres, Centro de Justicia para las Mujeres y, la Fiscalía General del Estado.
