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Al igual que pasa con Salgado Macedonio, en la Ciudad de México las denuncias por violación caen en un laberinto del que sólo 9% de los acusados recibe sentencia. ¿El caso Andrés Roemer se sumará a esta estadística?
Félix Salgado Macedonio, el candidato de Morena a la gubernatura de Guerrero, no está solo. También en la Ciudad de México las denuncias por violación caen en un laberinto burocrático y político: por cada 100 carpetas de investigación que se abren por el delito de violación en la capital, apenas se dan 9 sentencias condenatorias. Del resto, la mayoría no llega ni siquiera ante un juez.
En las estadísticas está el caso de Victoria, una joven que en 2016 fue violada por dos de sus amigos, quienes la drogaron para después violentarla. Tras poder salir del lugar de la agresión, fue inmediatamente ante el Ministerio Público a levantar una denuncia. Aunque el delito se acreditó con pruebas físicas y psicológicas, ella otorgó nombres y domicilios de sus agresores, estos siguen libres. Su caso nunca llegó ante un juez.
Un análisis realizado por esta revista digital revela que, entre 2014 y 2020, en la Fiscalía General de Justicia de la CDMX (PGJCDMX, antes Procuraduría) se abrieron un total de 6 mil 383 de carpetas de investigación por este delito.
En contraste, en esos mismos siete años, apenas se sancionaron 576 casos en el Tribunal Superior de Justicia de la CDMX, es decir el 9%.
De esos casos de violación que fueron sancionados, al menos 17 fueron cometidos por un familiar y 228 se cometieron contra menores de 12 años de edad. Las estadísticas del TSJCDMX también registraron al menos 36 violaciones tumultuarias a mujeres, 2 de ellas menores de edad.
Laura Martínez, directora de la Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas (ADIVAC), explica que la impunidad que rodea a las violaciones recae directamente en las manos de los servidores públicos que son negligentes al iniciar las carpetas de investigación. “No les interesa hacer su trabajo”.
En suma, esta negligencia está acompañada de un discurso que desvirtúa la denuncia desde el aparato del Estado, advierte.
“Desde el presidente de la República (AMLO), que no le da legitimidad a las mujeres que denuncian porque su machismo no se lo permite, hasta las instituciones. Descalifican las denuncias de violencia sexual y así protegen a los denunciados, incluyendo a políticos y empresarios, desde Salgado Macedonio, Andrés Roemer y hasta al Magistrado que violó a sus hijas”.
CON LA PANDEMIA LA JUSTICIA SE DESPLOMA
El 2020, año en que empezó la pandemia de Covid-19 y se decretó aislamiento, el número de denuncias por violación aumentó de un año a otro en la ciudad que gobierna la morenista Claudia Sheinbaum: 2019 cerró con mil 413 carpetas de investigación por violaciones, en tanto que el 2020 tuvo mil 477.
Pese a este aumento, la justicia para las denunciantes fue mínima, la más baja de los últimos siete años.
De las mil 477 carpetas de investigación que se abrieron en pandemia, el Tribunal dictó apenas 30 sentencias condenatorias contra los agresores: es decir, sólo 2 de cada 100 denuncias fueron sancionadas.
Esto se traduce en un desplome en el número de sentencias condenatorias a presuntos violadores. En 2014 se sentenció al 22%, en relación a las carpetas de investigación que se abrieron; el año pasado, sólo el 2%.
La misma Organización de las Naciones Unidas (ONU) detalló que con la pandemia se intensificó la violencia contra las mujeres y niñas, mientras que el acceso a la justicia se vio mermado.
APELAR A LA NO REPETICIÓN
En abril de 2020, Nayeli de Alba fue violada por Enrique Castañeda “Meketrefe”, fundador del estudio de tatuajes y piercings INK INC, a quien consideraba su amigo y quien abusó de ella tras haber perdido el conocimiento. Levantó una denuncia en su contra y denunció públicamente a su agresor.
En entrevista contó que uno de los motivos por los que había hecho público su caso era para evitar que a otra mujer le pasara lo mismo que a ella. “Sólo así vamos a impedir que nos sigan agrediendo”. Pese a la denuncia y la judicialización del caso, el presunto agresor sigue libre.
Un caso similar es el de Aida Mulato, violentada en 2017 también por un amigo cercano que, al igual que en el caso de De Alba aprovechó su estado de indefensión para violarla. Pese a que hay una denuncia en su contra, su caso no ha llegado ante un juez por las negligencias de la autoridad. La más reciente, errores y omisiones en el peritaje psicológico realizado por la Fiscalía a cargo de Ernestina Godoy.
Apenas el 8 de marzo, durante la marcha en contra de la violencia de género en el marco del día Internacional de la Mujer, entre las más de 20 mil manifestantes, estuvieron aquellas que, por primera vez, nombraron públicamente a sus agresores, en muchos casos, miembros de sus familias.
A la altura de la Antimonumenta en honor a las víctimas de feminicidio, frente a Bellas Artes, una joven sostiene un cartel que reza: “Aron Alvarado Mora ya no tendrás mi silencio, violador”. Al tiempo, entre llanto y una voz llena de rabia, grita: “era mi familiar y me violó, yo tenía sólo 3 años de edad”.
El movimiento feminista, explica Laura Martínez de ADIVAC, ha traído como parte de su ola un compromiso de las sobrevivientes de violencia sexual con romper el silencio y apelar a la no repetición, aún contemplando las dificultades de obtener justicia.
“Me da impotencia y angustia que tengamos un aparato político que esté desvirtuando este movimiento legítimo, que estén deslegitimizando a las víctimas de violencia sexual, por eso hay tanto enojo”, reclama.
El sistema, advierte, es indolente, carente de perspectiva de género y de derechos humanos. “El gobierno envía un mensaje claro: la violencia sexual en este país no se persigue”.
Apenas en 2019, ADIVAC realizó un diagnóstico que instaba a las autoridades a hacer cambios profundos en el modelo de atención a los delitos sexuales, el gobierno de la CDMX de Sheinbaum lo recibió e hizo cambios… a los edificios, pero el modelo de atención perdura.
“Las personas que atienden siguen sin perspectiva de género, pocos son los comprometidos y no pueden contra todo el aparato viciado. Urge un cambio en el sistema de acceso a la justicia, son vidas”.
SALGADO MACEDONIO PONE LA VIOLENCIA SEXUAL EN EL FOCO
El caso de Félix Salgado Macedonio, candidato a la gubernatura de Guerrero, puso en el foco el desinterés de la administración por impartir justicia en los delitos sexuales.
Con el respaldo del presidente Andrés Manuel López Obrador –quien ha declarado que considera que las denuncias contra el guerrerense no existen– y del partido en el poder, Morena, es probable que se le ratifique como el candidato, pese a que tiene una denuncia por violación vigente de 2016, una queja por acoso de 2007 ante la Comisión de los Derechos Humanos de Guerrero y una denuncia por violación cometida en 1998 contra una menor de edad que, según determinaron las autoridades, ya prescribió.
“Nos han demostrado que no importa la violencia sexual, siempre podrán tener un cargo público”, detalla Martínez.
Este caso le recuerda al del magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX, Manuel Horacio Cavazos López, que tiene una denuncia por violación contra sus hijas de 5 y 7 años y que, pese a las pruebas periciales que acreditaron el delito, las valoraciones psicológicas y las declaraciones de las pequeñas, el caso que inició en septiembre sigue impune.
Asimismo, recuerda otros casos en los que han prevalecido tanto el poder político como la impunidad como el de Maité López García, esposa del exsenador priista Noé Castañón quien enfrentó un proceso penal por violencia familiar, pero que estaba detenido por el fuero con el que contaba por su labor.
Tanto el caso de Salgado Macedonio como otros ligados al poder político y económico, como el de Andrés Roemer –quien ya tiene denuncias formales ante la Fiscalía por delitos sexuales y que acumula denuncias en redes sociales–, el del magistrado y el exsenador, dice son sólo los que conocemos.
“Estamos llenos de casos de abusos sexuales cometidos por servidores públicos que quedan en la impunidad, porque hay un desinterés en atenderlos a diferencia de otros delitos”.
El viernes 12 de marzo, a cuatro días de la manifestación que exigió ante Palacio Nacional que no se permitiera que un presunto violador pudiera competir por una candidatura, Morena definirá si ratifica o no a Salgado Macedonio como su candidato.
