Excelsior
Los territorios que ocupan los pueblos indígenas en México es donde mejor está conservada la biodiversidad; sin embargo, la riqueza natural y envidiable ubicación geográfica los ha puesto en la mira de grupos criminales que encuentran en estos hábitats rutas para el tráfico ilegal, recursos naturales para lucrar y sobreexplotar, así como jóvenes que reclutar como sicarios.
Hoy, 9 de agosto, que se conmemora el Día Internacional de los Pueblos Originarios, las etnias mexicanas tienen poco que celebrar.
Estudios del Consejo de los Derechos Humanos de la ONU alertan que aunque la población indígena en México representa 10%, es víctima de 40% de las crisis por desplazamientos forzados que actualmente están ocurriendo en Zacatecas, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Michoacán, pero también en Sonora y Chihuahua.
El éxodo forzado de indígenas más reciente fue a principios de agosto, al ser desplazados por la violencia más de 2 mil habitantes de tres comunidades indígenas Tzotziles; pero en julio también ocurrió el desplazamiento de la etnia Cho’l de Tila, con más de cuatro mil víctimas.
A la fecha, en Chiapas suman más de 12 mil indígenas expulsados de sus hogares; mientras que muchos hombres son reclutados a la fuerza como soldados en la guerra entre grupos criminales que luchan por la plaza, mujeres también son reclutadas como cocineras, siendo víctimas de toda clase de abusos.
La violencia es por la pugna entre grupos ligados al Cártel de Sinaloa o al Cártel Jalisco Nueva Generación.
DESPLAZAMIENTO FOZADO EN SONORA
El profesor e investigador Alejandro Aguilar Zeleny, antropólogo e historiador en el INAH, reconoció que la injerencia de grupos criminales en México está presente, de distintas maneras, en todos los territorios de los pueblos originarios que habitan Sonora, incluyendo algunas tribus entre las víctimas del desplazamiento forzado y el saqueo de sus riquezas naturales.
Pero también es Sonora receptor de grupos expulsados por la violencia y la pobreza desde todo el país, al grado que se han detectado hablantes de lenguas indígenas.
El especialista advirtió que los pueblos originarios no tienen capacidad de oponerse a la violencia criminal, ni siquiera los que tienen Guardia Tradicional armada, porque la mayoría cuenta con rifles de cacería y no con fusiles de asalto, granadas o drones para arrojar explosivos, como los narcos en la actualidad.
En la mayoría de los pueblos sólo quedan ancianos, mujeres, niños y niñas muy menores, los adolescentes y hombres migran a buscar trabajo, están en fábricas o minas, fueron desaparecidos o incorporados con criminales, no por gusto, sino por obligación, amenazados”, lamentó Aguilar Zeleny.
Recordó el caso de San Francisquito, una comunidad indígena de la nación Tohono O’odham que fue desplazada por un grupo criminal por quedar en la ruta del tráfico ilegal de drogas e indocumentados, hacia Arizona, en Estados Unidos, cuando las familias víctimas pidieron auxilio al gobierno “les dijeron que les podían dar raite a recoger sus cositas”.
Algunos pueblos que han migrado a Sonora en búsqueda de mejores condiciones de vida y reclaman el respeto y el derecho al reconocimiento como pueblos indígenas son los Triquis, Mixes, Mixtecos, Zapotecos, Tarahumaras y Tojolabales, quienes habitan en grandes núcleos de población rural junto a zonas agrícolas en La Atravesada en Empalme; Miguel Alemán y Pesqueira en Hermosillo; y la Y Griega en Caborca.
El gobierno de México implementó los Planes de Justicia que actualmente benefician a 17 etnias, pero en el país hay más de 68 pueblos originarios y 27.5 millones de personas se autodescriben como indígenas.
El historiador y antropólogo advirtió que más que Planes de Justicia, lo implementado por el gobierno federal son planes para el desarrollo centrados en construcción de equipamientos, infraestructura y viviendas, que no representan en sí las exigencias de los pueblos originarios al Estado mexicano como son la seguridad el reconocimiento y la plena autodeterminación de su territorio.
