A poco más de una semana de la elección más grande en la historia del país, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), mostró su preocupación por la creciente intromisión de los gobiernos en los órdenes Federal, estatal y municipal en este proceso y pidió recordar que la ley electoral es muy clara en cuanto a que las autoridades deben respetar la veda electoral.
Tras señalar que en los próximos comicios están en juego 21 mil cargos, contando 15 gubernaturas, diputados de 30 congresos locales, así como integrantes de mil 923 ayuntamientos, el organismo calificó como preocupante que se utilice la posición de Gobierno para denostar a Consejeros del Instituto Nacional Electoral o a candidatos de oposición.
En este sentido, recordó que se ha señalado a gobernadores y presidentes municipales con intromisiones en estados como Michoacán, Oaxaca, San Luis Potosí, Veracruz y Zacatecas y que uno de los casos más graves ha sido el de Lizbeth Victoria H., presidenta municipal con licencia de Asunción Nochixtlán, Oaxaca; que fue vinculada a proceso por ser presunta responsable del delito de desaparición forzada de la activista, Claudia Uruchurtu Cruz quien era una crítica de su reelección.
«La democracia es mucho más que un voto en la urna, implica instituciones respetuosas de la ley y de la crítica, apego irrestricto a los principios de imparcialidad y equidad en la contienda. Hoy, no debe hablarse anacrónicamente de fraude electoral y ese discurso tampoco debe ser el preámbulo para deslegitimar, tras la jornada electoral, los resultados», resaltó.
Criticó que desde el inicio de la presente administración diversos colectivos alertaron por la creación de una figura con visos de inconstitucionalidad como la de los “Superdelegados” que serían interlocutores con los gobiernos locales y encargados de la política social en las entidades. Esta figura entraña la posibilidad de utilizar la política social con fines político-electorales y fue impugnada ante la Suprema Corte.
Afirmó quen hoy se ha puesto en evidencia la falta de autonomía de la Fiscalía General de la República al utilizarla como “arma política” y exhortarla a que investigue a los candidatos punteros a la gubernatura de Nuevo León por diversos actos considerados como delitos electorales.
Por otra parte, subrayó que el INE apercibió al Presidente por el uso reiterado de la conferencia matutina para realizar pronunciamientos que pueden considerarse propaganda gubernamental en tiempos de campaña, conductas que contravienen al artículo 41 constitucional. «Se ha ignorado la petición para que se abstenga de difundir logros de gobierno, incluyendo programas sociales, obra pública, e incluso emitir cualquier tipo de información que pueda incidir en las preferencias».
Frente a la polarización, Coparmex hizo un llamado para que todas las autoridades, en todos los órdenes de gobierno, respeten y acaten la ley.»La intromisión directa o indirecta de los gobernantes -y más con el uso de recursos públicos- en una elección viola el principio de imparcialidad que se establece en el artículo 134 de la Constitución, no debe haber cabida a la tentación de influir indebidamente en los electores».
