Animal Político. El número de empresas que participaron en los presuntos desvíos en la Sedesol y Sedatu, entre 2014 y 2016, y que ya fueron denunciadas por la autoridad tributaria como sociedades fantasma va en aumento.
A las siete empresas que participaron en los presuntos desvíos y que ya tenía en la lista negra en agosto, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) incluyó en su último reporte del 21 de septiembre a siete más, porque comprobó que no tienen infraestructura real, personal, ni activos.
Además, el SAT reportó a otras cinco más como presuntas fantasma por el mismo motivo: simular operaciones comerciales para cometer presuntos delitos como evasión de impuestos, desvío de recursos, o lavado de dinero.
Estas empresas fantasmas fueron beneficiadas gracias a un esquema de desvío en el que se utilizó como intermediarios a universidades públicas y a tres medios de comunicación estatales: Radio TV Hidalgo, Televisora de Hermosillo y el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social.
Tal y como documentó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en informes forenses de la Cuenta Pública, estos entes públicos debían dar los servicios a Sedesol y Sedatu, pero no tenían la capacidad para ello, y subcontrataron de manera arbitraria y sin pasar por ninguna licitación a estas empresas fantasma, violando además la ley federal de adquisiciones.
Es el mismo esquema documentado en la investigación La Estafa Maestra, donde más de 4 mil 600 millones de pesos de 11 dependencias de Gobierno acabaron, entre 2012 y 2014, en 146 empresas fantasma o irregulares a través de ocho universidades públicas.
Según la ASF, los desvíos en Sedesol y Sedatu entre 2014 y 2016 se produjeron cuando Rosario Robles era titular en la Sedesol, primero, y luego en la Sedatu. En entrevistas y notas informativas, tanto Robles como ambas dependencias de gobierno a nivel institucional, han rechazado que cometieran irregularidades en los convenios con universidades públicas y medios estatales.
Su postura, en resumen, es que los convenios son legales. Que las dependencias no hicieron directamente ninguna contratación de empresas. Y que cuentan con los entregables que demostrarían que se cumplieron los servicios contratados a las universidades y a los medios estatales.
No obstante lo anterior, la ASF lleva presentadas 18 denuncias penales ante la Procuraduría General de la República (PGR) por el presunto desvío de 2 mil 824 millones de pesos solo en Sedesol, entre 2013 y 2015. Mientras que, según información proporcionada por la Auditoría al Senado de la República, presentará otras cinco denuncias más a finales de octubre por presuntos desvíos en Sedatu por mil 529 millones de pesos.
