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Políticos, empresarios y hasta miembros de la Iglesia Católica se vacunan en secreto mientras la población espera su turno. El derecho a ser vacunado se habría convertido en el privilegio de poderosos en América Latina.
El proceso de vacunación contra el COVID-19 en América Latina, que ya tenía problemas por su lentitud y desigualdad, se ha visto empañado por el otro virus endémico que afecta a la región, y al que parece no ser inmune: la corrupción. Políticos, funcionarios públicos, empresarios y allegados a estos fueron inmunizados contra el nuevo coronavirus antes de tiempo en medio de mentiras e irregularidades en países como Perú, Argentina, Brasil y Chile.
El “vacunagate” peruano
Los destapes en la región comenzaron la semana pasada en Perú, donde la prensa local informó que al menos 487 personas accedieron en septiembre a un exclusivo lote de la vacuna china de Sinopharm, cuando esta todavía estaba en ensayos clínicos. En el estrépito, bautizado como “vacunagate”, estaban implicados altos funcionarios públicos, tanto del Gobierno anterior como del actual Gobierno de transición.
Una cuarta parte de la lista de vacunados irregularmente eran trabajadores del Estado. Entre ellos figuraba el expresidente recientemente destituido Martín Vizcarra, su esposa y su hermano. También la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, que había renunciado pocos días antes, y la de Exteriores, Elizabeth Astete, fueron vacunadas en secreto.
Para el politólogo de la Universidad Católica de Perú Fernando Tuesta, “esto es una gran decepción y un duro golpe, en general, para el proceso de lucha contra la pandemia”. Sobre todo, en momentos en que hay limitaciones para vacunar al personal médico que está en primera línea. “Quizás se refleje el impacto en las próximas elecciones, pero el más afectado en sí ha sido el propio Gobierno, del partido Morado. Además ha salido dañado un sector que había ganado prestigio: el de la ciencia en el área de Salud”, comenta a DW el experto Tuesta.
En el “vacunagate” peruano también se vieron involucrados reconocidos empresarios, académicos y hasta integrantes de la Iglesia Católica. Según el protocolo del ensayo, Sinopharm envió un lote con 3.200 dosis extras “para ser administradas voluntariamente al equipo de investigación y personal relacionado al estudio”, realizado por la Universidad Cayetano Heredia, y quienes habrían cedido a la petición de las autoridades y contactos cercanos.
Del “Vacunatorio VIP” argentino a la lista paralela chilena
Un escándalo similar estalló el último viernes en Argentina, donde el presidente, Alberto Fernández, pidió la renuncia de su ministro de Salud, Ginés González García, después de que se revelara que allegados a este se habían vacunado contra el COVID-19 en la sede ministerial. Horas después, el mismo ministro presentó su dimisión al cargo.
El denominado “Vacunatorio VIP” se hizo público cuando el periodista Horacio Verbitsky, de 71 años, contó en una radio local que “amigos y buenos contactos”, entre ellos él, fueron privilegiados con la inoculación. Verbitsky relató que él mismo llamó a su “viejo amigo” para recibir la vacuna. Según la prensa local, además del periodista, otras personas cercanas al Gobierno, entre ellos alcaldes, militantes políticos y funcionarios de provincias también habrían sido vacunados pese a no estar dentro de los grupos prioritarios que marca el plan de vacunación del país, que empezó el proceso a finales de diciembre con la vacuna Sputnik V, pero que avanza con lentitud debido a la escasez de dosis.
También Chile, a pesar de ser uno de los líderes del proceso de inoculación en la región, ha visto manchada su campaña por irregularidades. El Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS) reveló que unas 37 mil personas fueron vacunadas fuera de su turno. Este escándalo de la lista paralela, que ya fue denominado como el “vacunagate chileno”, incluye a personas menores de 60 años y sin enfermedades crónicas o requerimientos obligatorios para ser parte de los primeros grupos de vacunación.
Según medios locales, alrededor de nueve mil personas vacunadas irregularmente tienen entre 18 y 39 años; otras nueve mil oscilan entre los 40 y 49 años, y 17 mil entre 50 y 59 años. Entre estos habrían personalidades famosas y funcionarios públicos. Hasta el momento no se han encontrado responsabilidades, pero la subsecretaria de Salud chilena, Paula Daza, ha anunciado que se llevará una meticulosa investigación para determinar lo ocurrido.
Las “vacunas de aire” de Brasil
Por otro lado, en Brasil, causó indignación el caso de las “vacunas de aire”, con las que ancianos, aparentemente, fueron inoculados como parte de una simulación. Ellos pensaban que estaban siendo vacunados, pero recibían, el pinchazo con jeringas vacías o la enfermera a cargo de la aplicación nunca empujaba el émbolo. El asunto se conoció a través de videos que se hicieron virales en redes sociales.
“Si las investigaciones confirman que hubo desvío de dosis, o cualquier otra irregularidad, el profesional de salud podrá ser acusado por el crimen de peculado, que tiene penas que pueden llegar hasta doce años de prisión”, señaló en un comunicado la Policía de Río de Janeiro, de donde vinieron las denuncias.
“En general, tenemos aquí un factor político, económico y cultural. Esto es algo que vemos lamentablemente desde México hasta Argentina. Quienes poseen poder o están cerca de él, tienden a utilizarlo para hacerse de ventajas y privilegios. Lo más importante para ellos son las conexiones, a lo que llamamos el influyentismo. Esto demuestra lo enraizadas que están este tipo de prácticas que van en contra de la ley, la ética y la moral”, explica a DW el profesor Francisco González, de la Escuela de Estudios Internacionales de la Universidad Johns Hopkins.
Consecuencias políticas y para la ciencia
Estos casos de corrupción, según el experto González, son muy graves, teniendo en cuenta que en América Latina las tasas de confianza en instituciones, autoridades e, incluso, interpersonales son muy bajas: “Si uno de los asuntos claves en plena pandemia es hacer caso a las autoridades políticas y sanitarias, pues estos escándalos empeoran la confianza de por sí ya precaria. Esto hace que más gente termine sintiéndose muy desilusionada y violada en sus derechos básicos. Contra la corrupción todavía no tenemos una vacuna”.
Por su parte, la doctora y profesora de la Universidad Cayetano Heredia de Perú, Theresa Ochoa, lamenta que estos escándalos hayan empezado en su institución y que se haya puesto en tela de juicio sus valores y principios como científicos. “Nos da una tristeza enorme que se haya violado un principio de ética básica dentro de la universidad, pero son décadas que nosotros venimos haciendo investigación e innovación en muchos temas de salud pública. Esperamos que no sea algo negativo en la lucha contra la pandemia”, declara a DW.
Un primer paso para poder recuperar la credibilidad han sido las renuncias de las autoridades universitarias implicadas. La doctora Ochoa, quien es la encargada de los ensayos de la vacuna alemana CureVac en el país, cuenta que tras el escándalo del “vacunagate” hubo un poco de incertidumbre entre los voluntarios de su ensayo, “pero una vez que se les aclaró las medidas que se están tomando, el estudio de CureVac sigue su curso, de la misma manera como debe seguir también el de Sinopharm. Eso es indispensable para la salud pública”.
