Milenio
Menos de 24 horas después de haber puesto en suspenso indefinido a la polémica leyes antimigrantes de Texas, la mayoría conservadora de la Suprema Corte de Justicia, con la oposición de los magistrados liberales, decidió dar luz verde a su entrada en vigor.
El argumento esencial es que primero debe determinar su constitucionalidad una corte de apelaciones antes que el máximo tribunal de Estados Unidos
En una decisión dividida, el máximo tribunal de Estados Unidos allanó el camino para su implementación al argumentar que primero debe ser una corte de apelaciones quien revise el proceso para determinar si la legislación promulgada por el gobernador es constitucional.
“La Corte da luz verde a una ley que alterará el antiguo equilibrio de poder federal-estatal y sembrará el caos, cuando el único tribunal que consideró la ley concluyó que probablemente es inconstitucional», escribió en una opinión disidente la magistrada latina Sonia Sotomayor.
Expertos en derecho internacional coinciden en que la legislación texana podría dar lugar a una disputa legal con el gobierno de México, toda vez que los oficiales de Texas tienen luz verde para enviar hacia territorio mexicano a miles de personas al margen de su estatus migratorio o nacionalidad.
Aún antes de la promulgación de la ley por parte del gobernador republicano Greg Abbott, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador advirtió que el paquete de medidas legislativas aprobadas por Texas afectaría los derechos humanos de millones de personas de origen mexicano que residen en Texas.
En este sentido, el gobierno de Washington argumenta que la ley viola la Constitución y la ley federal al interferir con el poder del gobierno central para regular la migración.
El gobernador de Texas, Greg Abbott, firmó el pasado diciembre la ley, conocida como SB4, por la que se autoriza a las fuerzas del orden estatales a detener a las personas sospechosas de entrar ilegalmente en Estados Unidos, otorgando a los funcionarios locales poderes delegados durante mucho tiempo al gobierno federal.
Abbott afirmó que la ley era necesaria debido a la incapacidad de Biden para hacer cumplir las leyes federales que penalizan la entrada o reentrada ilegal, y declaró en una rueda de prensa el 18 de diciembre que «la inacción deliberada de Biden ha dejado a Texas a su suerte».
La ley de Texas convertía la entrada o reentrada ilegal en Texas en un delito estatal, con penas desde 180 días de cárcel a 20 años de prisión. En virtud de ella, los jueces de primera instancia de Texas deberán ordenar a los migrantes que regresen a México, con penas de hasta 20 años para quienes se nieguen.
Elon Musk respalda la ley SB4
El multimillonario dueño de la plataforma X se pronunció a favor de la política migratoria del gobierno texano, al considerar que Greg Abbott «cumple con el trabajo de Joe Biden».
«Qué loco que Texas tenga que cumplir con el trabajo de la administración Biden, ¡Que ha emprendido una batalla legal para entorpecer al estado! Si alguien duda que el objetivo de Biden es acompañar a los migrantes, espero que esto los convenza», escribió en su red social.
El también dueño de Tesla publicó la noticia sobre la Corte Suprema y opinó que «como siempre, hablo como un migrante orgulloso de haberse convertido en ciudadano, y que apoya la expansión de la migración ‘legal'».
México apelará Ley antimigrantes SB4; SRE rechaza repatriaciones desde Texas
El gobierno mexicano reprobó la entrada en vigor de la Ley SB4 local de Texas, para detener el flujo de migrantes, luego de que la Corte Suprema de Estados Unidos levantara una suspensión indefinida, y que además, se unirá bajo la figura de amigo de la corte, al litigio contra la ley que se encuentra en una corte de apelaciones,
“México participará como Amigo de la Corte ante la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito ubicada en Nueva Orleans, Luisiana, para acercar información relevante sobre el impacto que dicha ley tendrá en la comunidad mexicana y/o mexicoamericana, así como su efecto en las relaciones entre México y Estados Unidos”, detalló la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), en un comunicado.
En el texto, se denunció que con la ley se “pretende detener el flujo de personas migrantes mediante su criminalización, fomentando la separación de familias, discriminación y perfilamiento raciales que atentan contra los derechos humanos de la comunidad migrante.”
La ley fue presentada, discutida y aprobada en el Congreso de Texas el año pasado, y desde entonces, el gobierno mexicano rechazó esa y cualquier otra medida que permitiera que autoridades estatales fungieran como autoridades de control migratorio, para detener y retornar a personas a México.
“México cuestiona también disposiciones legales que afecten los derechos humanos de las más de 10 millones de personas de origen mexicano que residen en Texas, generando ambientes hostiles en los que la comunidad migrante esté expuesta a expresiones de odio, discriminatorios y de perfilamiento racial”, detalló la cancillería.
En el comunicado, la SRE detalló que no aceptará en ninguna circunstancia repatriaciones desde Texas, y recordó el derecho legítimo de México a proteger los derechos de los mexicanos en el extranjero y establecer sus políticas de internación a su territorio.
Como parte de una estrategia de protección consular, la cancillería explicó que desde 2023 reunió a cónsules en Texas para coordinar acciones de prevención, además de reuniones de titulares de representaciones de México en el mismo sentido.
“La SRE seguirá brindando asistencia y protección consular oportuna, humana y digna a todas las personas mexicanas en Texas a través de sus 11 representaciones en el estado, y del Consulado de Albuquerque que también cubre condados del estado”, concluyó la cancillería.
