El “huachicol fiscal”, que consiste en el contrabando de combustibles a través de las principales aduanas y puertos del país, es un problema de corrupción que debe ser atendido por las autoridades del sector energético, las cuales aparentemente no se coordinan y suman esfuerzos para erradicarlo.
Desde la perspectiva de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), la ilícita práctica es realizada por personas físicas y morales que evaden el pago de impuestos en la importación de combustibles y venden productos a precios por debajo del mercado.
«Lamentablemente cada vez son más las empresas, estaciones de servicio y usuarios finales que deciden comprar combustible ilegal por sus precios bajos bajo mecanismos como importar Diésel Ultra Bajo Azufre (producto sujeto al pago de IEPS) pero reportando la importación como si fuese de lubricantes (producto no sujeto a IEPS)», detalló.
Denunció que los principales “huachicoleros” son empresas que emiten facturas a favor de sus clientes y legitiman sus operaciones con permisos de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y pedimentos de importación que no corresponden a sus verdaderas actividades.
El organismo sindical señalo que entre algunas de las principales consecuencias del “huachicol fiscal” se encuentran la afectación a Petróleos Mexicanos (PEMEX) y empresas privadas que operan legalmente y pierden mercado frente al contrabando de combustible ilegal; Evasión de impuestos; Distorsión de los precios de mercado y Corrupción en aduanas.
Recordó que conforme a la Ley Federal para Prevenir y Sancionar Delitos en Materia de Hidrocarburos y la Ley Nacional de Extinción de Dominio, las empresas que adquieren combustible de origen ilícito incurren en el delito de posesión ilegal de hidrocarburos, con el riesgo de revocación de permisos, clausura de actividades y sanciones privativas de la libertad.
«En los últimos meses se ha observado que el “huachicol fiscal” ha seguido en el mercado del Diésel y ha ido avanzando en el mercado de gasolina, lo cual perjudica severamente a las empresas que importan de manera legal», subrayó la Confederación.
Hizo un llamado a las autoridades del sector energético, en especial a la Secretaría de Energía (SENER), al Sistema de Administración Tributaria (SAT) y Aduanas para atacar, de manera directa, esta modalidad de huachicol de tipo fiscal, así como coordinarse con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y con la Fiscalía General de la República (FGR) para realizar los operativos correspondientes y detener a vendedores y compradores responsables de crear un mercado ilícito de petrolíferos.
