Animal Político. La Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), a través de la ONU-DH México, emitió una serie de recomendaciones al Estado mexicano ante la falta de acceso a la justicia de mujeres y niñas y los altos niveles de violencia que atraviesa el país.
Las recomendaciones enfatizan la necesidad de concluir el proceso de armonización legislativa en los niveles federal, estatal y municipal acorde con los estándares internacionales que garantizar el acceso a la justicia.
La CEDAW es el instrumento internacional vinculante sobre los derechos humanos de las mujeres y niñas, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas y cuyo cumplimiento de medidas es obligatorio para los países integrantes de la ONU.
Aunque la CEDAW reconoció los avances del país en materia legislativa y de políticas públicas emprendidas para erradicar la discriminación hacia las mujeres, reprochó los altos niveles de violencia.
Las recomendaciones destacan la necesidad de fortalecer el acceso de las mujeres al mercado laboral y al crédito, en igualdad de condiciones; la creación de políticas de prevención desde el sector educativo para acabar con la violencia y los estereotipos sexistas.
Además resalta “la urgencia de garantizar los derechos de poblaciones vulnerables como la población LGBTI, las mujeres indígenas, las mujeres rurales, las defensoras de derechos humanos y las periodistas”, en este apartado incluye recomendaciones específicas para México sobre mujeres migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas.
Exhortan a las autoridades a tomar “medidas urgentes” para prevenir las muertes violentas, los homicidios y las desapariciones forzadas de mujeres. El Comité también enuncia recomendaciones sobre los derechos y la salud sexual y reproductiva de las niñas y mujeres.
Este es el panorama para las mujeres mexicanas detectados por la CEDAW y las recomendaciones solicitadas para cada caso.
Violencia de Género
La CEDAW lamenta los patrones persistentes de violencia generalizada basada en el género contra mujeres y niñas. Considera preocupante los niveles de violencia física, psicológica y sexual, así como el aumento de la violencia doméstica, las desapariciones forzadas, la tortura sexual y asesinato, en particular el feminicidio, que se vive a nivel nacional.
La Convención resalta que estos crímenes son a menudo cometidos por actores estatales y no estatales, incluidos los grupos del crimen organizado. Hechos que se suman “a la incompleta armonización de las legislaciones estatales con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (2016) para tipificar el feminicidio.
Por ello el CEDAW insta al Estado a:
- Fortalecer su estrategia de seguridad pública para combatir el crimen organizado en conformidad con sus obligaciones internacionales de derechos humanos de las mujeres y niñas, para eliminar los altos niveles de inseguridad y violencia.
- Adoptar medidas para aumentar la conciencia de los derechos humanos de las mujeres a través de campañas y la creación de capacidad pública diseñados e implementados con la participación activa de las organizaciones de mujeres.
- Adoptar medidas urgentes para prevenir las muertes violentas, homicidios y desapariciones forzadas de mujeres.
- Asegurar que el feminicidio sea penalizado en todos los códigos penales estatales de conformidad con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (2016), y estandarizar los protocolos de investigación de la policía de feminicidio.
Discriminación contra las mujeres
En este rubro la CEDAW recalca y pide atención en la falta de mecanismos efectivos y el presupuesto insuficiente para aplicar y supervisar las leyes relativas a la igualdad de género y el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Situación que propicia la prevalencia de la discriminación, en particular contra las mujeres indígenas, afro-mexicanas, migrantes, mujeres con discapacidad, y la comunidad LGBTTTI.
Aunada a la ausencia de un código penal unificado y de un mecanismo judicial para juzgar los casos de discriminación contra las mujeres que se ha traducido en bajas tasas de enjuiciamiento en los casos de discriminación basada en el sexo.
Razones por las que recomienda:
- Derogar las disposiciones de la legislación que discriminan a las mujeres y las niñas y armonizar las definiciones y sanciones para la discriminación y la violencia contra las mujeres legales.
- Establecer una base mínima que garantice plenamente los derechos de las mujeres a través de una ley general en materia penal.
- Establecer un mecanismo de denuncia judicial para ocuparse específicamente de los casos de discriminación contra las mujeres.
- Adoptar una hoja de ruta que incluya los recursos adecuados, una línea de tiempo y metas mensurables que requieren las autoridades federales, estatales y locales para aplicar las leyes pertinentes para prevenir y eliminar todas las formas de discriminación de hecho contra las mujeres.
Acceso a la justicia
La CEDAW señala las barreras institucionales, estructurales y prácticas que obstaculizan el acceso de las mujeres a la justicia, condiciones que fomentan los estereotipos discriminatorios y el desconocimiento de los derechos de las mujeres.
Remarcan como un obstáculo de acceso a la justicia, la falta de responsabilidad de algunos jueces que no cumplan con el desempeño jurisdiccional sensible al género, combinado con las barreras lingüísticas y geográficas que enfrentan las mujeres de bajos ingresos y la limitada información acerca de sus derechos, así como los recursos legales disponibles para ellas.
Ante este panorama la CEDAW recomienda:
- Garantizar la creación de capacidad sistemática y obligatoria de los jueces, fiscales, defensores públicos, abogados, agentes de las policías federal, estatal y local, sobre los derechos de las mujeres.
- Adoptar medidas para garantizar la aplicación del Protocolo Tribunal Supremo de Justicia con una perspectiva de género en lo que respecta a los sistemas judiciales a nivel federal y estatal.
- Asegurar que la información sobre los recursos legales está disponible para las mujeres víctimas de la violencia basada en el género y todas las formas de discriminación.
- Alentar a las mujeres a denunciar los casos de violencia de género, incluida la violencia doméstica, y asegurar que las mujeres víctimas de violencia tengan acceso a recursos oportunos y efectivos.
Igualdad de género
La CEDAW señala que a pesar del aumento en el presupuesto de género, los recursos siguen siendo insuficientes. Esta situación se suma a la falta de coordinación sistemática e institucional, a nivel federal, estatal y municipal, entre las dependencias que constituyen el Sistema Nacional para la Igualdad entre mujeres y hombres.
Otro tema a tratar en este punto es la insuficiente participación de las organizaciones de mujeres en el diseño y seguimiento de políticas públicas en materia de igualdad de género.
Por tanto recomienda al Gobierno Federal:
- Aumentar los recursos humanos, técnicos y financieros del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), y aumentar su capacidad para promover y supervisar la aplicación de las políticas de igualdad de género.
- Adoptar una estrategia para contar con un presupuesto de género con recursos suficientes para la aplicación de los derechos de las mujeres y la aplicación de mecanismos de control.
- Fortalecer esfuerzos para garantizar la coordinación sistemática e institucionalizada entre el Instituto Nacional de la Mujer, el Estado y las oficinas municipales de la mujer.
- Asegurarse que el Programa Nacional para la Igualdad (PROIGUALDAD), política de igualdad de género (2013-2024), incorpore los avances ya realizados a través del programa anterior llevado a cabo de 2013 a 2018.
Estereotipos
México es un país en el que los estereotipos discriminatorios entre hombres y mujeres persisten con relación a las funciones y responsabilidades de ambos sexos en la familia y en la sociedad, además de contar con una arraigada cultura del machismo, entornos que impiden el progreso en la promoción de la igualdad de género.
CEDAW remarca también la normalización de la violencia contra las mujeres y las imágenes estereotipadas y sexualizadas de éstas, y recomienda:
- Adoptar una estrategia global dirigida a las mujeres, hombres, niñas y niños a superar la cultura del machismo y estereotipos discriminatorios sobre los roles y responsabilidades de las mujeres y los hombres en la familia y en la sociedad.
- Desarrollar una estrategia de educación para los medios de comunicación que incluya orientaciones y mecanismos de vigilancia para eliminar los estereotipos que discriminan a las mujeres, y fomentar coberturas sensibles al género, sobre todo en las campañas electorales.
Defensoras de derechos humanos y periodistas
El contexto de violencia en México para las defensoras y periodistas de derechos humanos es preocupante. Los informes, según la CEDAW indica que los medios sociales, y los ataques digitales, se utilizan como una herramienta por grupos anónimos de incitar a la violencia contra las mujeres.
La CEDAW recomienda:
- Adoptar medidas concretas y eficaces para aplicar plenamente y con sensibilidad de género de la Mecanismo Federal para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos y Periodistas en todos los estados.
- Prevenir, investigar, procesar y castigar a los ataques y otras formas de abusos cometidos contra este sector y se tomen medidas efectivas para combatir la impunidad.
Estas observaciones, argumenta la CEDAW, constituyen un marco para avanzar hacia la igualdad sustantiva y la no discriminación hacia las mujeres y las niñas en México.
Ante el pronunciamiento de la CEDAW para el Estado mexicano, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó que observará el cumplimiento de las 57 recomendaciones emitidas para la eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres.
“Se trata de medidas urgentes de implementar para eliminar las condiciones de discriminación y violencia contra las mujeres y niñas mexicanas”, expresan en un comunicado.
Agregan que la resolución de la CEDAW “incluye la obligación del Estado mexicano de presentar en el plazo de dos años un informe preliminar de avances en materia de acciones para frenar la violencia basada en género”.
