La Jornada
La relatora especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos, Mary Lawlor, y otros expertos de la ONU advirtieron que en la región de Los Altos de Chiapas la situación sigue siendo muy compleja en cuanto a la seguridad general de periodistas y defensores de derechos humanos, de acuerdo con reportes que han recibido. “Actualmente no está garantizado un entorno propicio para ellos”, destacaron.
Al enviar una comunicación conjunta al Estado mexicano por los diversos incidentes de seguridad que han sufrido los defensores indígenas Reynaldo Pérez Pérez y José Vásquez Gutiérrez, en esa entidad desde octubre de 2022, pidieron a las autoridades de diferentes niveles políticos adoptar medidas para prevenir los ataques contra los defensores de los derechos humanos en la región.
En el documento, con fecha del 17 de febrero pasado y difundido hoy al haberse cumplido 60 día de confidencialidad, igualmente instaron al gobierno mexicano a que adopte todas las medidas necesarias para proteger los derechos y las libertades de Pérez Pérez y Vásquez Gutiérrez e investigar, procesar e imponer las sanciones adecuadas a cualquier persona responsable de las agresiones contra ellos.
Lawlor y los relatores especiales sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Morris Tidball-Binz; sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, Gina Romero; y sobre los derechos de los Pueblos Indígenas, Albert K. Barume, expusieron que según reportes Pérez Pérez y Vásquez Gutiérrez han sufrido amenazas de muerte, un intento de desaparición y dos ataques armados. “La información sugiere que funcionarios públicos habrían estado involucrados”, advirtieron.
Indicaron que los defensores, beneficiarios del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras y Periodistas, habrían presentado al menos tres denuncias ante las autoridades correspondientes, las cuales no habrían actuado de manera diligente para investigar las agresiones, juzgar y sancionar a las personas responsables.
“La zona donde los defensores actúan ha sido escenario de disputas territoriales entre grupos de la delincuencia organizada. En este contexto, autodenominados grupos de autodefensa, creados con el objetivo declarado de expulsar elementos criminales de la región, también estarían enfrentándose con agrupaciones vinculadas con el crimen por el control del municipio de Pantelhó. Tales enfrentamientos habrían dejado diversos heridos y muertos, así como causado el desplazamiento forzado de cientos de pobladores”, expusieron.
Añadieron que según los reportes, el 3 de diciembre de 2024, un grupo habría tomado la presidencia municipal de Pantelhó tras la elección de un consejo municipal que estaría conformado por personas relacionadas con una agrupación del crimen organizado, y que la toma del edificio del municipio también sería una respuesta a una serie de ataques contra pobladores atribuida a la delincuencia organizada.
Tras la solicitud de información sobre el tema, el Estado mexicano, a través de la Misión Permanente ante la Oficina de las Naciones Unidas y otros Organismos Internacionales con sede en Ginebra, respondió que Pérez Pérez y Vázquez Gutiérrez fueron incorporados al Mecanismo de Protección desde el 13 de junio de 2023 y se pusieron en marcha una serie de acciones para su protección. Asimismo, que en enero del 2024 el caso fue presentado ante la Junta de Gobierno, que determinó igualmente un plan de protección.
En el documento difundido no se dan a conocer estas medidas debido a que fueron testadas. El Estado añadió que personal del área de seguimiento del Mecanismo “se encuentra en constante comunicación de las personas beneficiarias”.
