PATRICIA MONREAL / QUINTO ELEMENTO LAB ILUSTRACIÓN: JOAN X. VÁZQUEZ
09 de Julio 2020
5º Elemento
Morelia, Michoacán.- El fin de semana del sábado 9 y domingo 10 de mayo, en las comunidades indígenas otomíes de San Felipe de los Alzati, La Palma, Ziráhuato y Ocurio del municipio de Zitácuaro, en Michoacán, empezó a correr la versión de que elementos de la Guardia Nacional estaban contaminando los pozos de agua y los hogares “con el virus”.
“Por ahí hagan guardia a sus pozos de agua, les encargamos porque están mandando personal para echarle al agua líquido, y mientras nosotros estamos aquí va a haber gente allá haciendo maldades”, apuntaba uno de los comuneros de San Felipe reunidos en grupo el sábado 9 de mayo en el acceso principal a la comunidad conforme videos que fueron difundidos en redes sociales y replicados por los medios de comunicación.
Sin una acción oportuna de las autoridades federales, estatales y municipales para informar, aclarar dudas y despejar tales versiones, durante esos dos días los comuneros elaboraron volantes y realizaron asambleas para hablar de la presunta contaminación, lo que derivó en el bloqueo de carreteras. El Gobierno del Estado reaccionó hasta el lunes 11 y emitió una publicación en sus redes sociales alertando sobre la información falsa, pero esto no tuvo ningún impacto en las comunidades indígenas del lugar, que para entonces exigían la presencia del gobernador para dialogar.
Al día siguiente, el martes 12, acudió a Zitácuaro el secretario de gobierno, Carlos Herrera Tello, quien se vio desbordado por la situación y acabó por ser retenido la tarde-noche de ese día por los comuneros quienes, en diálogo por teléfono con el gobernador encontraron entre sus respuestas frases como “¿para qué me quieren ahí?, ¡por una pinche información falsa!”. Finalmente, Silvano Aureoles, tuvo que acudir a Zitácuaro para destrabar el conflicto desde la cabecera municipal.
Este episodio, que tuvo lugar a 10 semanas del primer caso de Covid-19 en México, es una muestra de los múltiples problemas de comunicación que existen en Michoacán entre las autoridades y comunidades indígenas, entre los que destaca -por su gravedad y por ser protagonista la administración de Silvano Aureoles- el ocurrido el cinco de abril de 2017 en la comunidad purépecha de Arantepacua en el municipio de Nahuatzen, cuando una caravana de 800 policías estatales irrumpió a fuego abierto en el poblado bajo el argumento de recuperar vehículos retenidos por la comunidad, lo que dejó como saldo la detención de 38 personas, una decena de heridos y cuatro comuneros muertos, entre ellos un menor de edad que iba saliendo de clases. Tal hecho detonaría la lucha legal de Arantepacua para lograr su autonomía y el ejercicio directo de su presupuesto.
Los problemas se han visto agravados con la pandemia de Covid-19 y han obligado a las comunidades a tomar acciones propias. Michoacán se encuentra entre los 15 estados más afectados por la crisis del nuevo coronavirus, con 6546 casos confirmados y 508 muertes registradas oficialmente al día 6 de julio.
En el territorio michoacano existen indígenas de 35 pueblos originarios, pero los que tienen mayor presencia son el P’urhépecha, Nahua, Otomí, Mazahua y Pirinda (que se autodenominan P’urhe, Nahua, Hñahñú, Jñatjo y Matlatzinca respectivamente). El coronavirus en un inicio parecía un asunto lejano.
“Pensábamos que eso no iba a llegar acá a nuestro país, pero nos empezamos a dar cuenta que era algo grave cuando, en reuniones que teníamos para otros temas con el Gobierno del Estado nos empezaron a restringir. Entonces fue que vimos que la cosa era seria y empezamos a organizarnos”, recuerda Jorge Chávez Flores, presidente del Concejo Comunal de Sevina, población ubicada en la Meseta Purépecha que a partir de este 2020 y tras un largo proceso legal logró el reconocimiento de su autonomía y el ejercicio directo de su presupuesto.
El 20 de marzo, el gobernador del estado, Silvano Aureoles, anunció la implementación de medidas extraordinarias por el Covid-19, el video fue difundido en el sitio web del Gobierno y en redes sociales, pero en Michoacán el acceso a internet en las comunidades es limitado. El Diagnóstico de Cobertura de Servicio Móvil en los Pueblos Indígenas 2018 elaborado por el Instituto Federal de Telecomunicaciones, consigna que sólo el 34 por ciento de los purépechas cuentan con teléfono celular, menos de la mitad que a nivel nacional, en donde es el 75.1 por ciento del total de la población según datos de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares del INEGI en 2019.
Explica Salvador Adame, integrante del Concejo Mayor de Gobierno Comunal, que lo primero que hicieron en Cherán fue echar mano de su organización y estructura comunitaria para hablar del tema, es decir, a través de las reuniones alrededor de fogatas y de las asambleas de barrio que para entonces todavía se celebraban cada ocho días.
“La organización se nos da por el sentido comunitario que tenemos, porque vivimos este movimiento y nos jugamos la vida todos, eso nos hermanó”, refiere Salvador Adame aludiendo a la lucha que Cherán ha mantenido desde 2011, primero con la organización para la defensa de sus bosques contra los talamontes y la instalación de fogatas con brigadas de comuneros para hacer frente a grupos delincuenciales. Esa lucha se ha visto también expresada en sus esfuerzos para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconociera en 2014 a su Concejo Mayor de Gobierno Comunal con la misma jerarquía que a los ayuntamientos.
Frente a la pandemia de Covid-19, la decisión en Cherán fue suspender las concentraciones de gente, desde las asambleas hasta los eventos deportivos y sociales, y pedir a los comerciantes que vendieran sus productos en sus casas para evitar el uso de la plaza. La suspensión más significativa fue la de la celebración de Semana Santa del 8 al 12 de abril.
Sólo la pandemia de Covid-19 ha logrado suspender las fiestas en las comunidades, refiere Orlando Aragón Andrade, integrante del Colectivo Emancipaciones, que ha dado asesoría jurídica a Cherán y otras comunidades. “La gran mayoría si no es que en todas, decidieron suspender las fiestas, y esto es una cosa que yo no había visto y creo que nadie recuerda que haya ocurrido antes”, señala.
Ausencia gubernamental
En Michoacán las comunidades y pueblos indígenas no son prioridad para la administración estatal, tanto que el gobierno de Silvano Aureoles optó por desaparecer en 2018 la Secretaría de Pueblos Indígenas para dejar el área a nivel de Comisión.
En 2015 –cuando dio inicio la administración de Aureoles- el presupuesto anual de la Secretaría sumaba 128.8 millones de pesos; actualmente, la Comisión ejerce recursos anuales por tan solo 25.4 millones.
Fuente: Gobierno del estado de Michoacán
“El estado mexicano ha tenido una gran deuda histórica con los pueblos y comunidades originarias, estas mantienen los índices más altos de pobreza, de desigualdad, de discriminación y de marginación; ahora lo que hizo la pandemia fue sacarlos a relucir o exponerlos”, comenta Pavel Guzmán, historiador y asesor del Consejo Supremo Indígena de Michoacán.
En las comunidades indígenas los procesos de comunicación e información son distintos a los instrumentados por las autoridades gubernamentales que son afectas a los medios electrónicos, digitales y a las redes sociales. En las comunidades la comunicación discurre por vía oral, la información se platica y discute entre comuneros, ya sea a través de reuniones en fogatas, asambleas de barrios, cuarteles o comunales, e incluso –ahora con la crisis sanitaria- con visitas casa por casa.
Así de puerta en puerta, fue que en la comunidad de Zirahuén las autoridades comunales tuvieron que informar a la gente sobre el nuevo virus. “Porque no es lo mismo que se los diga alguien que es autoridad y conocen, a lo que se pueda escuchar de fuera”, recuerda Flor Esmeralda Árciga Ramírez, jefa de Tenencia en Zirahuén, la única mujer que ha logrado ocupar un cargo similar en la Meseta Purépecha debido al machismo que aún impera en las comunidades indígenas.
Ya a inicios de la crisis, el 26 de marzo, el Consejo Supremo Indígena había alertado sobre la falta de protocolos gubernamentales en las comunidades para la atención de la pandemia, la reacción del Gobierno del Estado fue difundir al día siguiente un video casero de una funcionaria de la Comisión Estatal para el Desarrollo de Pueblos Indígenas, donde repetía en purépecha las medidas de sana distancia, estornudo de etiqueta, uso de gel antibacterial y lavado de manos, el cual fue distribuido vía whatsapp a los medios de comunicación.
Sin embargo, el Consejo Supremo Indígena denunció el 21 de abril a través de un manifiesto publicado en su cuenta de Facebook y distribuido a los medios de comunicación, lo inoperante de la educación en línea debido a la falta de internet, equipos de cómputo o teléfonos celulares en los pueblos indígenas.
A partir de la denuncia pública del Consejo Supremo Indígena del 26 de marzo la autoridad estatal imprimiría carteles y folletos, elaboraría infografías y videos para difundir en redes sociales, así como spots de radio en lenguas originarias como medida informativa para las comunidades.
Según Jorge Chávez, presidente del Concejo Comunal de Sevina, la atención del gobierno del estado en su comunidad se limitó a 50 carteles, cuatro litros de gel y 50 despensas infantiles. Cuando consultamos respecto a esta falta de abastecimiento a Patricia Padrón Espinoza, enlace de comunicación de la Secretaría de Salud del Estado, nos indicó que no llevan un subregistro detallado por comunidad y que los materiales de difusión “se dispersan a todas las unidades médicas con un abasto garantizado”, mientras que los insumos en materia de salud, “fluyen de manera constante” dependiendo “de las necesidades de cada unidad”.
En Zirahuén donde la ausencia de la autoridad federal y estatal fue más grave, el ayuntamiento envió en un par de ocasiones vehículos para realizar perifoneo pidiendo a la gente permanecer en sus hogares, “pero nada más”, apunta Flor Árciga, quien recuerda que la propia comunidad decidió en asamblea cerrar el paso a empresarios de Morelia, que querían mantener abiertas sus cabañas turísticas ubicadas alrededor del lago de Zirahuén.
Ante esta situación, las comunidades, que cuentan con distintos niveles de autogobierno, han desarrollado sus propias políticas de prevención en el marco de la contingencia sanitaria.
En Michoacán, existen comunidades con gobiernos reconocidos legalmente por mandato judicial: Cherán, Santa Cruz Tanaco, Sevina, Arantepacua, Comachuén, Nahuatzen, Pichátaro y San Felipe de los Herreros. Mientras que Urapicho, Cheranástico y Pomacuarán ejercen su presupuesto directo vía acuerdo con el ayuntamiento de Paracho.
Entre las medidas tomadas por estas comunidades se encuentran la suspensión de las fiestas patronales, el cierre de accesos a los pueblos, el toque de queda, la articulación de procesos de información, el abastecimiento de insumos para los centros y unidades de salud, la conformación de cuerpos de seguridad, la habilitación de espacios de aislamiento en caso de registrarse contagios, y la dotación de alimentos a quienes han dejado de trabajar.
En Sevina por ejemplo, se conformó el cuerpo de seguridad comunal contra la COVID-19 denominado Nuestros Defensores que realiza funciones de seguridad, apoyando en los filtros de acceso a la comunidad para verificar a las personas que pasan o llegan, darles la indicación de usar cubrebocas y proporcionarles gel antibacterial, por la noche vigila el cumplimiento del toque de queda.
En Zirahuén las autoridades del Sector Salud no han aplicado una sola prueba para detectar posibles casos de COVID-19. Frente a esto la comunidad ha establecido medidas como el aislamiento y chequeo de personas que llegan de fuera, según explica Flor Árciga. “Hubo una familia que llegó de Estados Unidos porque se le murió un familiar, fueron como unas cuatro personas a lo mucho, entonces lo que se hizo fue hablar con la familia, decirles que no salieran y darles las precauciones que debían tomar”, señala.
En Cherán se conformó un grupo de jóvenes médicos para realizar revisiones en las barricadas y al interior de la comunidad. En el Hospital comunal hay registros de internados por COVID-19, pero no son de Cherán, llegaron desde Pichátaro debido a que en el Hospital Regional de Uruapan ya está saturado.
Las comunidades que cuentan con organización para su autonomía han logrado resultados exitosos de prevención, a tal punto que de las siete defunciones y los 103 contagios registrados al día seis de julio en los municipios de Cherán, Nahuatzen, Tingambato, Charapan, Paracho, Salvador Escalante y Quiroga de los que forman parte, solo cuatro casos de contagio pertenecen a ellas. En palabras de Orlando Aragón, del Colectivo Emancipaciones, “la historia de resistencia, autonomía y organización” de las comunidades han sido la clave para enfrentar esta pandemia.
