El Universal
Cuernavaca.– La comunidad de afromexicanas, estimada en 38 mil personas, aproximadamente, pide a los partidos políticos ser considerados en este proceso electoral y evitar la usurpación de candidaturas.
Así lo demandó Elizabeth Mildred Maluti Lúa, promotora de derechos humanos de personas afromexicanas y grupos vulnerados, afirmó que estarán atentos al registro de los candidatos para impedir actos de usurpación y en ese supuesto presentar las impugnaciones.
“Vamos a estar vigilantes y de alguna forma poder impugnar, pero no hay filtros y cualquier persona puede llegar y decir ‘soy afrodescendiente’, aunque no hay trabajo y conocimiento que lo avale», lamentó.
Mildred Maluti Lúa informó que trabajan con las autoridades electorales para que el próximo proceso exista un balance y puedan ser tomados en cuenta, porque actualmente hay un contexto de invisibilización, a pesar de que hay varios grupos que tienen interés en participar.
Alertan sobre venta de constancias indígenas
Por otra parte, abogados electorales alertaron sobre la venta de constancias de autoadscripción calificada para los aspirantes a un cargo de elección popular, por cantidades de hasta 30 mil pesos.
Esa actividad ilegal, afirmaron, es realizada con el consentimiento de los representantes de comunidades indígenas en la zona oriente y sur de Morelos.
La abogada electoral Perla Pedroza Vélez informó que ha recibido denuncias por medio de los representantes de los partidos políticos ante el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac).
Lo grave de este tema, dijo, es que limitaría a estas comunidades a lograr una verdadera representación en los ayuntamientos y en el Congreso del estado, por lo que llamó a las autoridades de comunidades indígenas a ser solidarios y hacer conciencia de que cobrar por expedir estas constancias representa un obstáculo para los aspirantes a estos cargos.
«Al momento en que van a solicitar las constancias de autoadscripción calificada a las comunidades les están diciendo que tienen que hacer un pago que va de los 5 a 30 mil pesos y esto solo genera un obstáculo para que las personas de las comunidades indígenas puedan llegar a los cargos», precisó.
