Por “revisiones indignas” a visitantes de personas privadas de la libertad y defensoras de derechos humanos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió una recomendación al Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social y cinco Centros Federales de Readaptación Social (Ceferesos) para terminar con estas prácticas.
Lo anterior deriva luego de que internos en el ahora desincorporado Cefereso de Jalisco protestaron y se enfrentaron por su inconformidad con la forma en que se llevan a cabo las revisiones a sus visitas.
Visitadores de ese organismo recopilaron quejas señalando que personal de Seguridad y Custodia de este Centro solicitaba a las mujeres levantarse la blusa y bajarse el pantalón durante la revisión, lo cual fue negado por las autoridades del penal de Puente Grande, mismo que el 28 de septiembre de 2020 el Gobierno federal cerró.
Posteriormente, en otras visitas de trabajo, los visitadores observaron revisiones que calificaron como “indignas” en los Ceferesos de Sonora, Veracruz, Michoacán y Chiapas que incluían solicitudes que si los visitantes se negaban a realizar se les negaba el acceso.
Por lo anterior la CNDH solicitó información al Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social acerca de si existen protocolos para llevar a cabo la revisión de visitas y personas que accedan a los Centros Federales.
La dependencia respondió que se trata de la denominada “Revisión a toda persona que ingrese al Centro Penitenciario”, que es de aplicación obligatoria en todos los establecimientos penitenciarios de la Federación, y se negó a proporcionar copia de este documento, argumentando que se habían clasificado como información reservada.
Ante ello, la CNDH recomendó que se evalúe y realice un análisis del contenido de ese Protocolo de Actuación, así como de cualquier otro que se aplique para tales efectos; que se presente un proyecto de reestructuración para que las revisiones se realicen con criterios no discriminatorios y en condiciones dignas.
Para los defensores de derechos de las personas privadas de su libertad, resulta necesario tener un enfoque de máxima protección a las víctimas de estos hechos y terminar con este tipo de prácticas, con base en estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos.
