MANUEL MONROY
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), emitió 46 recomendaciones a siete instancias gubernamentales federales y de Chiapas por el caso Chalchihuitán-Chenalhó, municipios que desde noviembre de 2017, derivado de una disputa territorial, viven una situación de desplazamiento interno de cientos de habitantes.
En su recomendación 87/2018, la Comisión resalta que desde el inicio del conflicto acudió a los distintos campamentos en los que se encontraba la población en situación de desplazamiento y observó las condiciones precarias e inhumanas en las que se ven obligados a vivir, así como el apoyo insuficiente e inadecuado que las autoridades federales y estatales les proporcionan.
Recordó que al inicio de las hostilidades el número de afectados osciló entre cuatro y cinco mil personas, las cuales salieron huyendo de sus domicilios ubicados en las comunidades de Canalumtic, Pom, Ch´enmut, Bololchojón,
Bejeltón, Tulantic, Cruztón, Cruz Cacanam y Tzomoltón (Chalchihuitán), y Majompepentic (Chenalhó), y se asentaron en las montañas.
Así las cosas, la CNDH emitió 46 recomendaciones a siete diferentes instancias gubernamentales del orden federal y estatal, incluido el gobernador del estado, Rutilio Escandón Cadenas; Alejandro Gertz Manero, Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales (en suplencia del Procurador General de la República); Sergio Jaime Rochín del Rincón, Comisionado Ejecutivo de Atención a
Víctimas; Adelfo Regino López, Director General del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas; Jorge Luis Llaven Abarca, Fiscal General de Chiapas, así como a los presidentes municipales Margarita Díaz García y Abraham Cruz Gómez, de Chalchihuitán y Chenalhó, respectivamente.
Entre las encomiendas, la Comisión solicita que en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, se brinde la reparación integral a las víctimas indirectas de las personas que perdieron la vida durante el desplazamiento forzado; las personas que sufrieron daños en sus viviendas y las que perdieron sus cosechas y animales de granja; así como aquellas que una vez realizado el censo así lo requieran, en los términos de la Ley General de Víctimas.
También solicita que de manera coordinada con las autoridades de los municipios involucrados, en un plazo de seis meses a partir de la aceptación de la
Recomendación, se realice un censo que corrobore el número de víctimas de desplazamiento, que salieron de sus domicilios desde octubre de 2017.
Asimismo, pide se giren instrucciones a quien corresponda, a efecto que en el plazo de tres meses, se corrobore que las niñas, niños y adolescentes, víctimas de
desplazamiento hayan concluido con satisfacción el plan de estudios correspondiente al ciclo escolar 2016-2017.
De igual manera, pide que de manera coordinada con las autoridades municipales de Chalchihuitán y Chenalhó, en un plazo de tres meses, realice un diagnóstico que permita conocer la situación actual en la que se encuentra el conflicto territorial entre ambos municipios y señala que de lo anterior deberán enviarse pruebas de su cumplimiento a esta CNDH.
