Rosario Robles comparecerá de nueva cuenta ante un juez en octubre, donde la Fiscalía General de la República presentará testigos que avalen los desvíos en la Sedesol y Sedatu durante su gestión. Muna Dora Buchahin, exauditora que detectó los malos manejos en su administración, contó a SinEmbargo cómo desde la ASF descubrieron esta red de corrupción. Asegura que Robles no actuó sola y si la autoridad se lo pide estaría dispuesta a declarar sobre lo que investigó.
Por Guadalupe Fuentes López
–Con información de Dulce Olvera
Ciudad de México, 31 de agosto (SinEmbargo).– Rosario Robles Berlanga no actuó sola, todos los desvíos detectados en las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) fueron estructuradas desde el alto poder. Hubo complicidad en el Sistema de Administración Tributaria (SAT), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y en la Función Pública, desde donde decían que todo estaba solventado, aseguró Muna Dora Buchahin Abulhosn, exauditora que detectó los malos manejos en la administración de Robles.
“Por supuesto que ella (Rosario) no pudo realizar estas acciones sola, todas estas acciones son intencionadas, planeadas con el fin del desvío. Hubo una red estructurada desde el alto poder. Es uno de los más altos actos de corrupción en el país”, señaló la exauditora en entrevista. “Estaban los que fabricaban los contratos, los que buscaban los contactos, los que hacían las empresas fachada, los que en la parte del SAT y la Unidad de Inteligencia Financiera encubrían, los que recibían el dinero, los bancos que permitían este tipo de acciones”.
De 2013 a 2016, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó 32 denuncias penales ante la entonces Procuraduría General de la República (PGR, hoy FGR) contra ambas dependencias, universidades públicas y sistemas públicos de comunicación relacionados por posibles daños al erario público, de acuerdo con el informe del órgano fiscalizador sobre el estado de solventación de observaciones al corte de marzo de 2019.
Buchahin Abulhosn, contó a SinEmbargo cómo desde la Auditoría Superior de la Federación detectaron movimientos irregulares en la Sedatu y Sedesol, las cuales incluían la participación de empresas fantasma y universidades públicas.
“En la Auditoría Forense hacemos la planeación con diversas metodología de trabajo, una de ellas está basada en riesgos y entre los riesgos detectamos que habían adjudicado, al amparo del artículo primero, contratos por montos muy elevados y también nos dimos cuenta de contratos inusuales”, detalló la exauditora. “Al iniciar los trabajos de auditoría nos percatamos de vinculaciones muy interesantes con diversas universidades y eso se nos hizo muy raro porque cómo puede una institución supuestamente autónoma coincidir con proveedores”.
De acuerdo con la exauditora, desde las secretarías eludían las licitaciones públicas para simular servicios y adquisiciones. “Nos dimos cuenta de que el recurso que se entregaba a los proveedores se transfería a otro tercero. Empezamos a generar toda esa trazabilidad y a partir de esa trazabilidad documentamos todos los hechos”.
Robles Berlanga dirigió Sedesol de diciembre de 2012 a agosto de 2015, año en que la ASF presentó nueve denuncias ante la PGR contra esa dependencia encargada de la entrega de programas sociales a población vulnerable.
“Nosotros expresamente nos pusimos a revisar todo lo que era el importe, los servicios, la normatividad y los programas, porque se habían inventado unos programas que ni siquiera les tocaba”, dijo Muna Dora. “Nos dimos cuenta que se habían establecido programas o creado supuestas actividades que no solamente no tenían nada que ver con la Cruzada contra el Hambre, sino que eran servicios intangibles o innecesarios para apoyar los proyectos”.
En 2013 y 2014, la Auditoría también presentó dos denuncias contra la Sedesol (Radio y Televisión de Hidalgo); dos contra Sedesol (Universidad Autónoma del Estado de México); y siete contra Sedesol (Universidad Autónoma del Estado de Morelos).
Para 2015, la ASF interpuso una denuncia penal justo contra Sedesol (Universidad Autónoma de Chiapas) y otra contra Sedesol (Universidad Politécnica de Chiapas); además de una contra Sedesol (Universidad Autónoma de Zacatecas); contra Sedesol (Universidad Intercultural del Estado de México); contra Sedesol (Universidad Tecnológica Nezahualcóyotl); y otra contra Sedesol (Universidad Tecnológica del Sur del Estado de México, Universidad Politécnica de Texcoco, y Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl).
Después de la Sedesol, de agosto de 2015 a noviembre de 2018 Rosario Robles tituló a la Sedatu. El informe de la ASF muestra que presentó dos denuncia ante la PGR contra Sedatu (Sistema Quintanarroense de Comunicación Social) en 2015 y 2016; y una contra Sedatu (Televisora de Hermosillo); contra Sedatu (Universidad Politécnica de Chiapas); contra Sedatu (Universidad Politécnica de Francisco I. Madero); y contra Sedatu (Universidad Politécnica de Quintana Roo) en 2016.
EL ENCUBRIMIENTO DESDE LA SFP
En conferencia de prensa de septiembre de 2018, Robles Berlanga pidió que se le investigara “hasta por debajo de las piedras” y argumentó que las auditorías estaban solventadas con entregables, además de que las contrataciones y convenios tanto de Sedesol como de Sedatu fueron legales “bajo el amparo” del Artículo 1º de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
Sin embargo, la Auditoría Superior observó una y otra vez en sus informes que los contratos se establecían con universidades públicas o tecnológicos, que a su vez subcontrataban a empresas más del 49 por ciento permitido, y sin que contaran con la capacidad técnica y humana para prestar el servicio requerido.
Al pagar a terceros por los servicios, dictaminó la ASF, se generaba sobrecostos o en otros casos no se contó con la evidencia de la realización por parte de los proveedores. Algunas empresas no fueron localizadas y de otras se presume su vinculación con actos irregulares.
A mediados de octubre de 2018, la ex Secretaria de la Función Pública (SFP), Arely Gómez González, absolvió de las investigaciones sobre los presuntos daños al erario público a la ex titular de la Sedatu Rosario Robles Berlanga, al argumentar que “una titular de una Secretaría no puede tener conocimiento de todo lo que está aconteciendo con miles de servidores públicos que trabajan para ella”.
“Nosotros reportábamos a la Secretaría de la Función Pública año con año todas esas irregularidades, pidiéndoles su intervención y respondían que ya estaba todo solventado y cerraban los casos, eso nos llamó la atención. Hoy deberían de estar investigados todos esos órganos internos de control que fueron omisos”, dijo Muna Dora.
Días después, el 31 de octubre de 2018, la ASF presentó otras siete denuncias ante la entonces PGR contra la Sedesol y Sedatu, universidades públicas y sistemas de radio y televisión estatales por el presunto desvío de mil 900 millones de pesos dadas a conocer por el Auditor David Colmenares en la última entrega de la Cuenta Pública 2017.
TESTIFICARÍA SI LA FGR LO PIDE
Rosario Robles Berlanga comparecerá el próximo 26 de octubre ante la Fiscalía General de la República, donde un Juez federal presentará las pruebas que tiene para enjuiciarla por el delito de ejercicio indebido del servicio público.
Según las autoridades judiciales, en esta comparecencia el juzgador decidirá si es caso será enviado a un tribunal de enjuiciamiento para presentar las pruebas y probablemente, dictar sentencia.
La revista Proceso informó la semana pasada que Muna Dora Buchahin fungiría como testigo en el juicio penal que se le sigue a Robles Berlanga. Sin embargo, la exdirectora general de Asuntos Forenses de la ASF negó tener información sobre este tema, pero de ser cierto acudiría a la cita.
“Tengo la obligación ética de participar, no es algo personal, es parte de las investigaciones que se conocieron en la Auditoría Forense sobre este tema”, aseguró.
Para Buchahin Abulhosn es importante llegar al fondo de estos actos de corrupción, saber el destino del dinero que se desvió. “Es importante conocer cómo se estructuró esa red de corrupción, hablamos de millones de pesos, ¿a dónde están?”
De acuerdo con el artículo 214 del Código Penal Federal, comete el delito de ejercicio indebido de servicio público el servidor público que tenga conocimiento por su cargo que pueden resultar gravemente afectados el patrimonio de alguna dependencia de la administración pública federal y lo omita; o inutilice ilícitamente información o documentación que se encuentre bajo su custodia.
La ASF, durante la gestión de Robles en la Sedesol, lanzó 19 observaciones al Oficial Mayor, Emilio Zebadúa González –cercano a la exsecretaria–, mientras que Mauricio Razo Sánchez, Titular de Quejas del Órgano Interno de Control (OIC), fue llamado 171 veces a investigar a los servidores públicos responsables de las observaciones señaladas, reportó la Unidad de Datos de SinEmbargo.
Razo Sánchez era el titular del OIC tanto en Sedesol como en Sedatu hasta ser suspendido durante 630 días en abril de 2018 por la Secretaría de la Función Pública por archivar, sin ninguna razón o justificación, los señalamientos de la ASF de los años 2013 y 2014.
Los otros tres funcionarios que Robles decidió conservar en su equipo a pesar de las irregularidades planteadas por la ASF fueron Juan Carlos Lastiri Quirós, Subsecretario de Planeación, Evaluación y Desarrollo Social y Humano en Sedesol y luego Subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda en Sedatu hasta enero de 2018 cuando contendió por la gubernatura de Puebla; Enrique González Tiburcio, coordinador de asesores en Sedesol y luego subsecretario de Ordenamiento Territorial; y su ex abogada María Evangélica Villalpando Rodríguez, entonces cabeza de la Unidad de Asuntos Jurídicos de Sedatu.
