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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llamó el miércoles (04.09.2024) a El Salvador a brindar una «reparación integral» a las víctimas de presuntos atropellos en el marco del régimen de excepción, que suspende garantías constitucionales.
En su informe de país Estado de excepción y derechos humanos en El Salvador, la CIDH recomendó las medidas de reparación y «garantías de no repetición».
La CIDH propuso «elaborar e implementar un plan de reparación integral para las víctimas de las violaciones a los derechos humanos perpetradas en el marco de las detenciones del régimen de excepción, considerando la perspectiva de género y la interseccionalidad de otros factores de vulnerabilidad y discriminación».
El organismo apuntó que esta recomendación se da ante «las denuncias de detenciones ilegales y arbitrarias sistemáticas y generalizadas por parte de las fuerzas de seguridad, así como de otras violaciones de derechos en las instancias de administración de justicia y espacios de privación de la libertad». La entidad indicó además que es necesario «identificar las circunstancias que generaron ese cuadro de presuntas violaciones, las posibles responsabilidades institucionales e individuales».
La CIDH también urgió a investigar la muerte de civiles a manos de fuerzas de seguridad o bajo custodia estatal, además de las que «pueden constituir actos de tortura, con el fin de establecer los hechos y determinar las responsabilidades penales o de otra naturaleza que correspondan».
El ente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) también llamó a «poner fin a la suspensión de los derechos y garantías restringidas en el marco del régimen de excepción», entre las que se encuentran la defensa de las personas detenidas, la inviolabilidad de las telecomunicaciones y la detención administrativa máxima de 3 días.
Gobierno cuestiona informe de la CIDH
Ante esto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y Libertad de Expresión del Gobierno salvadoreño cuestionó este miércoles la elaboración del informe. «Además de los problemas metodológicos, el informe y las circunstancias de su elaboración ponen en evidencia una preocupante falta de transparencia e imparcialidad», señaló en un comunicado.
La entidad criticó que «tanto la CIDH como Cristosal, una de las principales fuentes del informe, reciben financiación de las mismas entidades, como son la Open Society Foundation y la Ford Foundation». Además, dijo que, «a la fecha, la CIDH no ha proporcionado una explicación satisfactoria sobre cómo se seleccionan sus fuentes, testigos, procesos de entrevista y selección, ni ha demostrado de manera clara y pública que sus decisiones están libres de influencias externas».
Este señalamiento se da a pesar de que el comisionado José Luis Caballero señaló en su voto concurrente -que se encuentra en el informe- que «la Comisión aplicó la metodología que su reglamento establece» y que este es «consistente con la naturaleza, tradición y reglamentación del mandato de monitoreo de la Comisión Interamericana de los últimos 65 años».
Sobre las recomendaciones hechas por la CIDH, la entidad salvadoreña aseguró que «como Estado, procederemos a revisarlas y analizarlas de manera exhaustiva para evaluar cada observación en su contexto».
El polémico régimen de excepción de El Salvador
El Congreso de El Salvador aprobó la suspensión de garantías constitucionales a finales de marzo de 2022 tras una escalada de homicidios atribuidos a las pandillas. La medida se ha extendido en 30 ocasiones por períodos de 30 días y ha dejado la detención de más de 81.900 personas, de las que se han libertado más de 7.000.
Este régimen de excepción se ha convertido en la principal y única medida del Gobierno contra las pandillas y que le consiguió al presidente Nayib Bukele su reelección inmediata, pese a la prohibición constitucional.
Diversas organizaciones humanitarias han recibido más de 6.400 denuncias de violaciones a derechos humanos -principalmente por detenciones arbitrarias y torturas- y reportan más de 300 muertes bajo custodia estatal, la mayoría con signos de violencia.
Investigaciones del medio local El Faro señalan que el alza de asesinatos que dio pie al régimen de excepción se dio por la ruptura de un pacto entre el Gobierno y las denominadas maras.
