MISAEL AUTE
La nula respuesta de las autoridades de diversas ramas, respecto a la situación que viven ocho alumnos aspirantes a Médico Cirujano de la Universidad Intercultural de Chiapas (Unich), ha interesado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ya pidió datos a diversas instancias mexicanas.
Lo anterior lo dio a conocer el director del Centro de Derechos Humanos Ku’untik de San Cristóbal de Las Casas, Diego Cadenas Gordillo, quien lleva el caso de los estudiantes afectados, quienes al no recibir una respuesta favorable de las autoridades, iniciaron una huelga de hambre, acción que tuvieron que levantar por la crisis sanitaria del Covid-19 que se vive en el país.
En entrevista, el activista señaló que la Comisión Estatal de Derechos Humanos “al parecer tiene cosas más importantes que hacer, pues no ha emitido alguna resolución al respecto, por lo que acudió ante la CNDH, que se ha interesado en el fondo de este asunto, es decir, conocer más del proceso de derecho de admisión que se realiza en la citada Universidad”, dijo.
Subrayó que en la citada etapa es donde se ha descubierto se violan las garantías de los aspirantes y calculó que los afectados no sólo son a los que defiende. “Seguramente hay muchos más alumnos que han sufrido de estas vejaciones, pero que por diversas razones no se presentan a levantar una denuncia”.
Recordó que los estudiantes que iniciaron esta querella fueron obligados por el Comité Administrador de la Unich a firmar un documento donde renunciaban a su derecho de impugnar la decisión en caso de que no fuera admitidos.
Cadenas Gordillo resaltó que las autoridades están obligadas a resarcir el daño y permitir el que los estudiantes puedan inscribirse en la carrera de Médico Cirujano. “Hay poco más de 100 muchachos los cuales no tuvieron acceso a un proceso de impugnación por el escrito que firmaron”, reveló.
Enfatizó que el pasado 26 de marzo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos pidió al gobierno local, vía Secretaría de Educación, implemente medidas cautelares para garantizar la protección, integridad física, derecho a la educación, así como atención médica, psicológica y asesoría legal a los afectados.
