• En la entidad hay 345 mil 460 “viejitos”, es decir, 7.2% de la población total
• En México viven 12 millones 973 mil 411 de 60 y más años
• 53.9% de este universo son mujeres y 46.1% varones
MISAEL AUTE
Tras subrayar que Chiapas ocupa uno de los primeros a nivel nacional por su número de adultos mayores (345 mil 460), la diputada Aida Guadalupe Jiménez Sesma, propuso adicionar una fracción al Artículo 11 de la Ley de Asistencia e Integración de este sector de la sociedad, para que tengan más beneficios.
Señaló que según estimaciones del Consejo Nacional de Población (Conapo), en México viven 12 millones 973 mil 411 personas de 60 y más años (53.9% mujeres y 46.1% hombres), y recordó que en México las personas mayores se consideran un grupo en situación de vulnerabilidad.
“Debido a las características psico-sociales que se presentan por la edad y que se acentúa a mayor longevidad de estas personas, deben mejorárseles los servicios de salud y buscar explotar su capacidad funcional para que tengan una más activa participación dentro de la sociedad”, consideró.
Consideró que las intervenciones que haga el Congreso del estado en favor de dicho núcleo poblacional, les permitirá gozar de mayor número de beneficios. “Para ello es obligación de los legisladores crear una cultura de envejecimiento basada en los derechos humanos”.
Especificó que su propuesta legislativa va en el sentido de que los establecimientos de servicios y de uso público implementen medidas para facilitar su uso y acceso adecuado, que se les brinde en éstos una atención preferente, y se creen asientos especiales en rutas de transporte.
Insistió que como servidores públicos, los legisladores deben colaborar en la ejecución de acciones oportunas ante el inminente crecimiento demográfico de la población adulta, las cuales deben estar orientadas a la implementación de medidas que tengan el propósito de mejorar sus condiciones de vida.
Jiménez Sesma subrayó que con la aprobación de esta modificación a la ley, se estaría reconociendo la movilidad sustentable como un derecho de las personas adultas mayores, así como el acceso preferente a los servicios en los términos que establece la ley.