Milenio
Luis Javier García Saldaña, agente en activo del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México, no sólo es o era suegro de César Omar Martínez Zendejas, uno de los acusados por el multihomicidio de la colonia Narvarte; y conocido de un segundo inculpado, Abraham Torres Tranquilino; sino que es padre de un sospechoso al que las autoridades han dejado extrañamente libre de toda indagatoria, Alejandro “N”.
De acuerdo al informe técnico de la perito Aidée Yuridia Cruz de la Rosa, al cual tuvo acceso MILENIO, el teléfono celular del hijo del agente García Saldaña, con terminación 7078, estuvo presente en la zona del escenario del crimen ese mismo día, de las 14:29 hasta las 15:11 horas, justo el tiempo en que torturaron y asesinaron a Alejandra Negrete Avilés, Mile Virginia Martin, Yesenia Quiroz Alfaro, Nadia Vera Pérez y Rubén Espinosa Becerril.
Luego, a las 21:32, cuando la Policía ya se hallaba en el departamento 401 de Luz Saviñón 1909, el mismo número vuelve a ser ubicado en el sitio.
“¿Por qué el portador del número 7078 regresa al lugar del los hechos?”, se preguntan los familiares en un comunicado, “¿quién le avisó que a esa hora ya habían llegado los policías de la SSP y ministeriales de la entonces PGJ?”
En el expediente FBJ7BJ-17T2704379715-07, tomo 11, foja 4090-4099, se admite que el teléfono era propiedad de Alejandro “N”, pero él no fue investigado ni llamado a declarar porque supuestos vecinos, cuyos nombres y datos particulares no fueron tomados, habrían dicho que el verdadero dueño era el acusado César Omar Martínez Zendejas.
En conferencia de prensa y acto de protesta matutino a las afueras del llamado ‘búnker’ de la FGJCDMX, a ocho años del crimen, familiares de las víctimas anunciaron el rompimiento del diálogo con la institución, pues desde marzo de 2022 le pidieron averiguar la relación del agente García Saldaña y de su hijo con la matanza.
Además de averiguar una presunta relación con el entorpecimiento de la investigación, y por respuesta sólo les dijeron que el primero “está en el Metro”, aunque un documento oficial de marzo de 2023 demuestra que continúa laborando en la FGJCDMX; y del segundo no mencionaron nada.
Durante casi siete años, la antes Procuraduría y hoy Fiscalía insistió en que los agresores fueron tres –todos ya presos– y que utilizaron dos vehículos en el ataque del 31 de julio de 2015; sin embargo, grabaciones de cámaras de vigilancia y sábanas de llamadas telefónicas –que los abogados de los familiares lograron rescatar tras años de litigios– muestran que intervinieron cinco personas en tres carros.
La Fiscalía capitalina se resistió a admitir este hecho hasta marzo de 2022, y ya que finalmente lo reconoció, no ha reportado diligencias para descubrir la identidad del cuarto y el quinto perpetradores.
Los familiares de las víctimas han acusado a la dependencia local de “indolencia” y “complicidad” en su investigación del multihomicidio de la Narvarte.
“Alejandrito”
Martínez Zendejas vivía y tenía una hija con Rosa Ivette “N”, hermana de Alejandro e hija del agente García Saldaña, a quien tenía registrado en el celular como “Suegro”. En septiembre de 2015, cuando el domicilio de la pareja fue cateado, García Saldaña se presentó para vigilar el procedimiento en calidad de “abogado”.
Abraham Torres Tranquilino, otro inculpado, también había grabado ese número telefónico en su aparato, bajo el nombre “Saldaña Mp Coyoacan Javier”, así como el de Martínez Zendejas.
La relación entre Torres Tranquilino y a quien él llama “Alejandrito” se inició, según declaró el primero, en una fiesta al salir de prisión, donde cumplió condena por el delito de tortura. En fotos de Facebook, aparecen juntos en situaciones de festejo. Además, en una Cartilla de Identidad Postal, Rosa Ivette funge como “aval moral” de Torres Tranquilino.
Llamado a declararen marzo de 2022, tras la denuncia de los familiares de las víctimas, García Saldaña minimizó su relación con su yerno Martínez Zendejas, “lo traté aproximadamente en cuatro ocasiones”.
No obstante, los registros de llamadas indican una comunicación repetida entre ambos en los meses previos y posteriores al crimen, incluidos días relevantes, como cuando fue detenido el propio Martínez Zendejas, y antes, tras el arresto del tercer acusado, Daniel Pacheco.
El agente García Zendejas y su hijo Alejandro vivieron en el mismo domicilio al menos hasta abril de 2016, indican registros de la Secretaría de Movilidad y del Instituto Nacional Electoral.
El primero trabajó en la PGR desde 2002 y, según el testimonio que prestó cuando fue descubierto, de enero de 2010 a agosto de 2018, fue “litigante adscrito a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México con el cargo de Auxiliar Ministerial” en el Sistema de Transporte Colectivo Metro.
Sin embargo, el Órgano Interno de Control de la FGJCDMX reportó que hasta marzo de 2023 –por lo menos– era agente del Ministerio Público Auxiliar A adscrito a la Fiscalía de Investigación Territorial en la alcaldía Cuauhtémoc.
Maquinaria de complicidad
La intervención y la relación familiar y amistosa del agente García Saldaña podría ayudar a entender porqué la FGJCDMX limitó el alcance de su indagatoria a tres individuos y dos vehículos, y por años ha obstaculizado y desviado las investigaciones, ocultando o provocando la pérdida de evidencia importante como sábanas de llamadas, objetos con información valiosa como celulares, computadoras, pastillas de memoria, y hasta vestimentas y zapatos. Pero no lo explicaría todo.
“Es muy importante saber qué nivel de participación ha podido tener esta persona, uno, su injerencia en las investigaciones, y dos, qué nivel de complicidades pueda tener al interior de la propia Fiscalía, o a quién pudiera estar eventualmente beneficiando o protegiendo al interior de la Fiscalía”, señala David Peña, uno de los representantes legales de las víctimas, en entrevista con MILENIO.
“La operación de la impunidad no se lograría entender pensando sólo en la operación de un servidor público o de un grupo de servidores públicos, funciona como una maquinaria que tiene niveles de complicidad, que puede operar en lo mínimo para ocultar un error que pudo haber cometido un agente pero también para proteger a los asesinos intelectuales, a quienes ordenaron este crimen”.
“La responsabilidad desde luego es una responsabilidad institucional”, continúa el abogado y defensor de derechos humanos, “es una responsabilidad de la anterior administración y de esta administración”, porque, en relación con la Procuraduría del ex jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera, hoy “existe un cambio de discurso pero la actitud sigue siendo la misma”.
De ahí el rompimiento: “Las familias lo han colocado muy claramente, no se va a continuar con el diálogo con la fiscal hasta que no se investigue a este personaje, hasta que se deslinde la responsabilidad. Y que se profundice en la relación de este vínculo telefónico de su hijo con los asesinos materiales”.
Fiscalía niega la relación del Ministerio Público
La Fiscalía General de Justicia capitalina negó que existan vínculos entre un funcionario de la dependencia con la investigación por el multihomicidio de la colonia Narvarte, registrado el 31 de julio de 2015, y sostuvo que no se encubre a ningún funcionario o ex funcionario de la institución.
Luego de que familiares de las víctimas del caso denunciaron que el hijo de un Ministerio Público estuvo presente la noche en que cuatro mujeres y un hombre fueron asesinados, el vocero de la dependencia capitalina, Ulises Lara, informó que se trata de un oficial secretario de la Agencia de Delitos Cometidos en el Sistema de Transporte Colectivo Metro quien, aseguró, no ha tenido ninguna participación en la indagatoria.
Mencionó que dicho funcionario público fue citado como testigo hace siete meses y que la Policía de Investigación (PDI) y la Guardia Nacional
«Respecto al pronunciamiento que hicieron los representantes de las víctimas sobre un servidor público de la institución que se desempeña como oficial secretario de la Agencia de Delitos Cometidos en el Sistema de Transporte Colectivo Metro, señaló enfáticamente que dicha persona no ha tenido ningún tipo de participación en la investigación del Caso Narvarte.
«Al referido servidor público se le citó como testigo hace siete meses, además de que se ha buscado datos o indicios que pudieran establecer su participación o la de algún familiar en los hechos, por lo que detectives de la Policía de Investigación y elementos de la Guardia Nacional han realizado diversos actos de investigación, se han obtenido intervenciones periciales en materia de explanometría facial e identificación humana, así como información de diversas fuentes».
