ADVIERTE COPARMEX
MISAEL AUTE
Los cambios al Código Fiscal de la Federación, en particular la reclasificación de operaciones del artículo 5-A, en cuanto a sus alcances penales, afecta a todos los sectores empresariales, ya que opera bajo sociedades mercantiles y la figura de la escisión es un elemento básico corporativo.
Así lo consideró la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), liderada por Gustavo A. De Hoyos Walther, que aseguró estar preocupado, pues pese a la crisis económica que vive el país, en el proyecto de Paquete Económico 2021 que presentó el Gobierno Federal no se destinan recursos para atenderla y dijo que en dicho Paquete no ve fomento para la generación de empleos.
En cuanto a los cambios fiscales, ejemplificó que ahora la escisión de sociedades se considerará enajenación si da lugar a la creación de conceptos o partidas que no existían antes de la misma. «Además, se pretende usar cámaras fotográficas, de video, y dispositivos móviles en las atribuciones de la autoridad fiscal, para recabar información de los contribuyentes», anotó.
En cuanto a la reclasificación del artículo 5-A yace en darle una categoría de consecuencia penal, ello a pesar de que el agremiado empresarial solicitó explícitamente no manejarlo así, para evitar abusos subjetivos en torno a la aplicación de este supuesto. «Resulta inaceptable que de nueva cuenta nos vulneren como contribuyentes».
Tras subrayar que la Administración Federal castiga a justos por pecadores al operar de manera tan abrupta, agregó que con el inicio de sexenio se han erradicado los derechos y se imponen obligaciones a los contribuyentes, bajo el pretexto de perseguir Empresas Facturadoras de Operaciones Simuladas (EFOS).
«Desde un inicio nuestra postura ha sido clara: estamos a favor de la lucha contra las empresas fantasma, pero no podemos permitir que todos nos veamos afectados por unos pocos que viven en la ilegalidad», aseveró.
Por otra parte, enfatizó que dentro de los cambios al Código Fiscal de la Federación está el que de nueva cuenta violan los derechos de los contribuyentes, al querer implementar un aseguramiento de bienes precautorio. «En este caso también los particulares se verían afectados, no importando si se encuentran en estado de responsable solidario o tercero interesado, en una operación mercantil donde estos deberán proporcionar información de un tercero ajeno a ellos mismos».
