MANUEL MONROY
Lanzan iniciativa con proyecto de decreto para que se reformen las fracciones XXXI y XXXII y se adicionen la fracción XXXIII al artículo 73 de la Constitución Política de México, en materia de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas.
Kenia López Rabadán, diputada que propone esta modificación, asegura que la labor que realiza el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas ha sido un pilar fundamental para evitar las violaciones de los derechos de las personas por ejercer la libertad de expresión.
Sin embargo, dijo que pese a todo se vulnera su esfera jurídica, ante lo que es urgente reforzar el marco normativo y hacerlo más robusto «con una ley general que atienda de raíz a estos dos sectores que se encuentran en constante vulnerabilidad».
Según la organización “Reporteros sin Frontera”, de 180 países que son evaluados tanto en lo político, económico, legislativo, social y de seguridad, destaca que México pasó del lugar 128 al 121, mejorando su calificación en la atención a periodistas, sin embargo, sigue siendo uno de los países más peligrosos y mortíferos para ejercer la libertad de expresión.
Por su parte, la organización “Human Rights Watch”, señala que, durante el pasado sexenio, se contabilizaron 3 mil 408 agresiones o amenazas en contra de periodistas, 46 fueron asesinados y cuatro desaparecidos; mientras que en el caso de los defensores ambientales, fueron asesinados 14.2.
«Las agresiones en contra de los periodistas y los defensores de derechos humanos en nuestro país, se han ido incrementando, tanto en cantidad como en intensidad. Por lo que pensar en una Ley General sobre la materia resulta urgente, sobre todo, por la posibilidad de contar con instrumentos legislativos que pongan énfasis en la atención y prevención de agresiones», destacó la legisladora.
Recordó que es responsabilidad de los Estados, proteger, promover y garantizar los derechos fundamentales de todas y todos, especialmente, de quienes están siendo afectados en su esfera jurídica.
«Por ello es urgente contemplar la configuración del Sistema Nacional de Protección, el Modelo Nacional de Prevención, el Registro Nacional de Agresiones, así como contar con un Protocolo Nacional de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas», anotó.
