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Inés Gómez Mont y su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, así como Alejandro, hermano de este último, han sido acusados por la Fiscalía General de la República (FGR) desde 2021, por su presunta responsabilidad en los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada y peculado.
Lo anterior, por supuestamente operar compañías “fantasma” con las que desviaron dos mil 950 millones de pesos del erario público, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.
Un año antes, en 2020, Inés Gomez Mont evitó un juicio por evasión fiscal, al pagar a la Hacienda federal 10 millones 967 mil pesos, por concepto de contribuciones omitidas.
De acuerdo con una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la exconductora de TV Azteca y su pareja realizaron, entre 2016 y 2017, más de mil 400 operaciones bancarias para triangular recursos y lavar dinero proveniente de la Secretaría de Gobernación (Segob), cuando su titular era Miguel Ángel Osorio Chong.
Con los cerca de tres mil millones de pesos provenientes de la Segob, supuestamente se adquirieron diversos equipos de seguridad para reclusorios federales, a través de empresas, cuyos apoderados legales eran Gómez Mont y los hermanos Álvarez Puga.
En junio de 2023, un juez negó a Gómez Mont un amparo contra dos órdenes de aprehensión que tiene en su contra y el 6 de septiembre de ese año se reportó que la exconductora de televisión, así como su esposo y el hermano de éste, se encuentran en calidad de prófugos de la justicia, por lo que se emitió una orden de búsqueda de la Interpol, en 190 países.
La UIF informó que como medida preventiva los incorporó a la lista de personas bloqueadas; sin embargo, el pasado 26 de marzo, un juez les otorgó un amparo para descongelar sus cuentas bancarias.
Esta mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum reprobó las irregularidades de esta resolución del Poder Judicial:
“Cuando hay evidencia en la UIF de mala utilización de recursos, de lavado de dinero, lo que hace la UIF es congelar una cuenta. ¿Qué es lo que ha pasado? Estas personas se amparan y en la suspensión, ni siquiera en un juicio de fondo, les liberan las cuentas los jueces. Estamos hablando de más de 35 mil mdp”.
La mandataria destacó que “no puede ser esta corrupción y colusión, porque no tiene otro nombre, de jueces y ministros de la Corte”.
Además, la UIF informó que ambas personas se encuentran en Estados Unidos, por lo que ya está en trámite el proceso de extradición.
“Se fueron a vivir a Estados Unidos; han podido eludir la extradición de EUA a México, pero esperamos que las cosas cambien y ellos sean extraditados para que enfrenten su responsabilidad ante tribunales mexicanos”, manifestó Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
