La Jornada
En sólo cuatro años, el precio de la tortilla –alimento básico en la dieta de nueve de cada 10 mexicanos– se ha disparado casi 50 por ciento, revelan datos oficiales.
Debido a lo anterior, el gobierno encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum encomendó a las autoridades correspondientes diseñar una estrategia no sólo para estabilizar su precio, sino disminuirlo durante el resto del sexenio.
De acuerdo con el Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM), en diciembre de 2020 el precio promedio del kilogramo de tortilla en México era de 15.54 pesos, mientras ahora se ubica en aproximadamente 23.17 pesos, una variación de 7.63 pesos o 49.1 por ciento.
Según estimaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la tortilla es el complemento alimenticio de más de 90 por ciento de las familias mexicanas, lo que convierte a México en el principal consumidor de tortillas del mundo. Asimismo, la institución calcula que cada mexicano come alrededor de 75 kilos de tortilla al año.
Un estudio del Laboratorio de Datos contra la Obesidad destaca que 84.9 por ciento de los núcleos familiares consumen tortillas de maíz todos los días; 10.4 por ciento cada tercer día, 3.6 por ciento una vez por semana y 1 por ciento lo hace ocasionalmente.
De acuerdo con especialistas, el fuerte encarecimiento de las tortillas en los últimos cuatro años se debe principalmente al encarecimiento de los insumos, sobre todo maíz, electricidad y gas; competencia desleal, alzas de los costos de transporte y maquinaria; efectos de la sequía en la producción nacional de maíz y la disputa comercial con Estados Unidos en torno al maíz transgénico.
En México existen alrededor de 130 mil tortillerías. Sin embargo, la industria harinera de maíz, controlada por un pequeño grupo de empresas, es la que tiene el mayor impacto en el precio al consumidor compran las tortillas. Según estimaciones de diferentes instancias, Maseca controla más de 70 por ciento de este negocio en México, seguido por Minsa, con alrededor de 25 por ciento. El resto se lo reparten Harimasa, Cargill de México y Molinos Anáhuac, entre otras.
En 2022, el gobierno federal, encabezado entonces por el presidente Andrés Manuel López Obrador, responsabilizó de manera directa a Maseca –subsidiaria de Gruma– por el incremento del precio de la tortilla (que en ese momento había aumentado más de 30 por ciento en dos años), por ser un actor preponderante en este mercado.
Ricardo Sheffield, quien en ese momento era el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, destacó que, sin importar cómo se comportan los precios de la tonelada de maíz, esta compañía mantenía sus precios al alza, lo que orilló a la mayoría de las tortillerías a encarecer el producto.
Una de las primeras acciones de Claudia Sheinbaum como presidenta fue encomendar a Julio Berdegué Sacristán, titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, no sólo estabilizar el precio de la tortilla en México, sino reducirlo al menos 10 por ciento para fin del sexenio, para lo cual el gobierno trabaja con productores de harina, maíz y tortilla.
