El Congreso del estado de Chiapas armonizará su Constitución con la Ley Federal en materia de suspensión de derechos para ocupar, cargo, empleo o comisión del servicio público a las personas que hayan cometido ciertos delitos, entre ellos el ser deudores alimentarios morosos.
Así lo observa un Dictamen firmado por el Senador, Alejandro Armenta Mier y la Senadora, Verónica Noemi Camino, quienes informar que este cambio a la Constitución local deberá hacerse dentro de los 180 días naturales siguientes a su entrada en vigor (28 de abril).
El documento destaca que se reformó el párrafo segundo del apartado A del Articulo 102 y se adiciona una fracción VII al Artículo 38 de la Constitución Política de México.
Así las cosas, la nueva ley señala que una persona no podrá ser registrada como candidata para cualquier cargo de elección popular, ni ser nombrada para empleo, cargo o comisión en el servicio público si, además del delito ya mencionado, es prófugo de la justicia desde que se dio la orden de aprehensión, hasta que prescriba la acción penal.
Igualmente, no podrán ser aspirantes a algún cargo quienes sean acusados de la comisión intencional de delitos contra la vida e integridad corporal; contra la libertad y seguridad sexuales, por violencia familiar y violencia familiar equiparada o doméstica.
También se les suspenderán estos derechos a quienes hayan cometido violaciones a la intimidad sexual y, por violencia política a las mujeres en razón de género en cualquiera de sus modalidades y tipos.
