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Un juez de Argentina notificó este miércoles (25.09.2024) a la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) del pedido de captura librado contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en una causa por posibles crímenes de lesa humanidad tramitada en tribunales argentinos, informaron fuentes de la querella.
El juez federal Sebastián Ramos emitió un oficio dirigido a la Interpol, a la que le solicitó «recabar de forma urgente» la «información que permita la identificación» de Maduro; del ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello, y de otros miembros del Ejecutivo venezolano con pedido de captura.
En un comunicado, el Foro Argentino para la Defensa de la Democracia (FADD), querellante en la causa, exhortó a la Interpol a «tramitar las alertas rojas para que sean detenidos los perpetradores de estos crímenes y que pueda haber justicia para las víctimas».
El pasado lunes, la Cámara Federal instruyó al juez Ramos a «disponer vía Interpol la captura internacional con fines de extradición a la República Argentina» de Maduro, Cabello y otros funcionarios venezolanos para ser juzgados en Argentina por presuntos delitos de lesa humanidad.
«Persecución, secuestro, tortura y asesinato» desde 2014
En su fallo, la Cámara Federal consideró que la cúpula del Gobierno venezolano ha ejecutado «un plan sistemático, a lo largo del tiempo y de manera organizada» en contra de la población civil en Venezuela, mediante prácticas de «persecución, secuestro, tortura y asesinato» desde 2014 hasta la fecha.
La causa que se tramita en tribunales argentinos se inició en enero de 2023 por una denuncia presentada por el FADD basada en el principio de jurisdicción universal que permite a los países procesar graves delitos contra los derechos humanos independientemente de dónde se hayan cometido y de la nacionalidad de los responsables o sus víctimas.
La cancillería venezolana había reaccionado entonces argumentando que este fallo violentaba «la jurisdicción de los Estados y las inmunidades y privilegios» de los altos funcionarios.
La justicia argentina aplicó la jurisdicción universal cuando en 2010 abrió un caso por crímenes de lesa humanidad cometidos en España durante el mandato de Francisco Franco.
