La Jornada
Durante su sesión de hoy –interrumpida por algunos minutos debido a la activación por error de la alerta sísmica–, el mencionado órgano legislativo discutió la iniciativa de austeridad republicana presentada por López Obrador, la cual proponía elevar a rango constitucional que el sueldo mensual que percibe el mandatario, de 136 mil 700 pesos mensuales, sea el tope salarial del resto de los servidores públicos.
Ciudad de México. La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó este viernes dos dictámenes más del llamado “Plan C” del presidente Andrés Manuel López Obrador, mediante los cuales se establece que ningún servidor público podrá tener un salario más alto que el del jefe del Ejecutivo, y que le permiten al Estado “retomar” la rectoría de las vías férreas del país, para impulsar el servicio de transporte de pasajeros en ferrocarril.
En el texto del dictamen –mediante el cual se modificaron seis artículos de la Carta Magna–, se mencionó de manera específica que la remuneración de “los Ministros de la Suprema Corte, los Magistrados de Circuito, los Jueces de Distrito, los Magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, los Magistrados Electorales y demás personal del Poder Judicial de la Federación, no podrá ser mayor a la establecida para el Presidente de la República”.
Otro de los puntos de la iniciativa estableció que “no podrán adquirirse o contratarse con recursos públicos ningún tipo de bienes o servicios innecesarios, ni jubilaciones, pensiones y regímenes especiales de retiro, de separación individualizada o colectiva, cajas de ahorro especiales, seguros de gastos médicos o seguros de vida privados u otros que no estén disposición general, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo”.
Durante el debate en la comisión, legisladores de todos los partidos manifestaron que votarían en favor de la propuesta, con excepción del PAN, que en voz del diputado Jorge Triana señaló que el total de gastos asociados a la labor del Presidente de la República asciende en realidad a “casi medio millón de pesos al mes”.
De igual forma, hizo ver que el gobierno de López Obrador “quedó lejos de cumplir con la austeridad”, pues –dijo– rebasó cuatro veces lo que se había comprometido a erogar en gasto corriente y contrataciones de nuevo personal.
Al dictamen se presentaron cuatro reservas, de las cuales sólo fue aceptada la hecha por el diputado Ismael Brito (Morena), quien pidió especificar que la remuneración integral del Presidente de la República “incluye todas las percepciones en efectivo y en especie y no podrán exceder el equivalente a 73.04 veces el valor anual de la Unidad de Medida y Actualización”, y no 73 veces, como decía el texto originalmente.
Tras una discusión de más de dos horas, la iniciativa fue aprobada por unanimidad de 36 votos a favor.
Impulso a trenes de pasajeros
En la sesión de hoy, también se avaló el dictamen mediante el cual se faculta al Ejecutivo federal a “retomar” la rectoría de las vías férreas del país, con el objetivo de “otorgar asignaciones a empresas públicas o concesiones a particulares, para utilizar las vías férreas y proporcionar el servicio de transporte de pasajeros por ferrocarril”.
En uno de los transitorios de la iniciativa, se mencionó también que “los particulares que cuenten con concesiones para prestar el servicio de transporte ferroviario de carga podrán obtener concesiones para prestar el servicio de transporte de pasajeros”, con la aclaración de que este último tendrá preferencia.
En el texto del dictamen, se enfatizó que, aunque “en México el transporte ferroviario fue crucial en el desarrollo a finales del siglo XIX y principios del XX”, en 1995 se sustituyó el régimen de participación exclusiva del Estado en los ferrocarriles, a fin de permitir la participación de privados a través de concesiones.
“Desde su privatización hasta 2017, las vías férreas sólo aumentaron 23 kilómetros, para tener una extensión total de 26 mil 914 kilómetros”, lo cual relegó al tren como una forma de transporte de pasajeros muy marginal, lamentó.
Al igual que ha ocurrido con otras de las propuestas presidenciales de reforma, prácticamente todos los partidos adelantaron que votarían a favor, excepto Acción Nacional. El diputado Héctor Saúl Téllez indicó que el blanquiazul no acompañaría la iniciativa porque abría la puerta a que las Fuerzas Armadas se hagan cargo de una empresa estatal de administración de trenes de pasajeros, lo que implicaría la “militarización de un servicio civil”.
También argumentó que el Tren Maya y otros proyectos de infraestructura del actual gobierno se han construido con un alto sobreprecio, y que este tipo de iniciativas “crean una grave incertidumbre para la inversión” y “ponen en riesgo las concesiones ya otorgadas a particulares”.
Pese a las críticas de la oposición, se aceptó una reserva de Morena para especificar que el dictamen le permitiría al Estado “retomar” la rectoría sobre las vías férreas. La iniciativa fue aprobada por 30 votos en favor, 8 en contra y una abstención.
Al término de la sesión, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Juan Ramiro Robledo (Morena), señaló que como la discusión de cada dictamen del “Plan C” –seis en total, entre el jueves y el viernes—se ha llevado dos horas en promedio, le propondrá a los coordinadores de los grupos parlamentarios que el análisis de las próximas cinco iniciativas se divida en dos sesiones
De esta manera, dos o tres de los próximos dictámenes se debatirían el viernes 9 de agosto, y los restantes en la siguiente sesión, para “trabajar de manera más ágil”. El posible nuevo calendario, ya con estas adecuaciones, se daría a conocer el próximo lunes.
