Ayotzinapa, cinco años sin certezas. Los recursos, otorgados por un tribunal federal a expolicías municipales y a miembros de Guerreros Unidos, abre la puerta para que salgan libres; su proceso sería invalidado por presunta tortura
Juan Pablo Reyes y Andrés Becerril/Excelsior
CIUDAD DE MÉXICO.-Un tribunal federal en Tamaulipas amparó a 12 expolicías de Iguala y a miembros de Guerreros Unidos involucrados en la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa.
De momento, esta resolución no implica su libertad inmediata, pero sí pone en jaque a la FGR y abre la puerta a que ellos y otros imputados salgan ante la presunta tortura cometida en su contra para que confesaran el paradero de los estudiantes.
Las declaraciones de estos acusados fueron fundamentales para que la PGR concluyera que los 43 fueron quemados en Cocula.
Aún hay 65 casos contra implicados en el crimen. En la Corte está el de Zulaid Marino Rodríguez, un policía de Iguala que exige pagos equivalentes a su salario para que su familia subsista mientras él es procesado.
Hoy, a cinco años de la desaparición y tras cientos de declaraciones, diligencias, teorías y polémicas, la incertidumbre sobre el paradero de los 43 prevalece para sus padres, quienes aun así no pierden la esperanza de hallarlos.
De 142 detenidos, 77 ya fueron liberados, lo que llevó al actual gobierno a retomar casi desde cero la indagatoria para cumplir su compromiso de esclarecer el crimen.
ABREN CAMINO A LIBERTAD DE OTROS 12 IMPLICADOS
Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declinara analizar una serie de amparos que la entonces Procuraduría General de la República (PGR) le pidió revisar, un tribunal federal de Tamaulipas amparó para efectos a 9 expolicías municipales de Iguala y tres integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos, involucrados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
El fallo pone en jaque a la Fiscalía General de la República (FGR) y encamina la posible salida de prisión de ese grupo de imputados ante la presunta tortura ejercida contra ellos para obtener confesiones sobre el paradero de los estudiantes.
“Al resolver la situación jurídica, de no haberse presentado los dictámenes practicados conforme al Protocolo de Estambul, deberá determinarse si sus declaraciones fueron emitidas bajo tortura, partiendo de la base de que recae en el Ministerio Público la carga de la prueba de que dichas personas no fueron torturadas, y que no aportó los dictámenes correspondientes”, señala la sentencia.
Las declaraciones realizadas por los acusados y desechadas por los magistrados federales, fueron fundamentales para que la PGR llegara al basurero municipal de Cocula, donde, según la “verdad histórica”, los estudiantes fueron calcinados por los Guerreros Unidos.
Incluso los magistrados federales hacen una comparativa de declaraciones de los policías municipales, obtenidas por la PGR respecto a la ubicación de los 43 normalistas, las cuales no coinciden a pesar de haber sido obtenidas con al menos 10 días de diferencia.
Los amparos son sobre los casos de Miguel Ángel Ríos Sánchez, Osvaldo Ríos Sánchez, David Cruz Hernández, Abraham Julián Acevedo Popoca, Jesús Vargas Rodríguez, Manuel Vázquez Chávez, Raúl Javier Crespo, Carlos Canto Salgado, Israel Dayán Arroyo Mendoza, Juan Carlos Beltrán Cruz, Ubaldo Toral Vences y Miguel Arias Topete.
Fue el 24 de septiembre del año pasado cuando, en sesión privada, la Suprema Corte concluyó no ejercer la facultad de atracción sobre siete juicios de amparo relacionados con 12 presuntos delincuentes que participaron en el ataque, secuestro y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Los razonamientos de la Corte para no atraer los juicios es que no se hicieron públicos y el hecho sólo consta en una resolución signada por el entonces ministro presidente Luis María Aguilar en el que se levanta la suspensión del procedimiento en los amparos revisados por el Primer y Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito.
Lo anterior “con el objeto de que los referidos Tribunales Colegiados, con base en sus atribuciones constitucionales y legales, continúen con su trámite y en su oportunidad, resuelvan lo conducente”, lo que ocurrió hace unos días.
Excélsior informó el 9 de julio de 2018 que la SCJN dio entrada a la solicitud de facultad de atracción de una serie de amparos relacionados con 12 personas que supuestamente participaron en el ataque y desaparición de los 43 normalistas de la Normal Rural de Ayotzinapa.
TORTURA TUMBA EL CASO
A cinco años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa los 65 procesos que aún se mantienen contra los señalados por el secuestro de los estudiantes están a punto de culminar en juzgados y tribunales con una sentencia, absolutoria o condenatoria, el más importante es el de Sidronio Casarrubias quien, en tribunales, ha logrado comprobar que se cometió tortura en su contra durante las indagatorias.
Incluso, un tribunal colegiado ordenó a la FGR investigar a personal de la Policía Federal, de las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena); Marina Armada de México (Semar) y de la propia fiscalía, señalados de torturar y entorpecer las investigaciones.
En la SCJN los litigios relacionados con el caso, que llegaron apenas en 2018, siguen a marcha lenta pues se requiere la colaboración de todos los órdenes de gobierno para que las demandas sobre la Comisión de la Verdad sigan su curso.
En el máximo tribunal del país hay al menos 15 recursos jurídicos relacionados con el caso Iguala y uno de ellos es la exigencia de expolicías, algunos liberados, para que se le restablezcan los sueldos que no recibieron durante el tiempo en prisión.
Otros son sobre la exigencia de indemnizaciones para familiares de las víctimas que formaban parte del equipo de futbol Los Avispones de Chilpancingo.
En las demandas se alega que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), sólo determinó que los hechos provocaron afectación sicológica a los quejosos y se limitó a establecer pagos similares a los de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en otros casos.
-Juan Pablo Reyes
EMERGE ESPERANZA PESE AL DOLOR
El dolor por la desaparición de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, hoy hace 5 años, no desaparece…
Las investigaciones para dar con el paradero de los jóvenes yacen en inertes legajos llenos de un lenguaje abigarrado, burocrático y declaraciones de cientos de personas, unas ciertas, otras falsas o arrancadas a la fuerza, por lo que un juez federal las desechó. Legalmente, no sirven, y de los 142 detenidos por el caso, 77 ya andan en las calles.
Las señales esperanzadoras de saber qué pasó con los jóvenes están más presentes que nunca, dijo a Excélsior Felipe de la Cruz, padre de uno de los sobrevivientes del ataque del 26 de septiembre de 2014.
“Con el presidente López Obrador hay un giro en la investigación respecto a lo que hizo Peña Nieto; fueron cuatro años tirados a la basura por simulación y mentiras y ahora tenemos fuertes esperanzas”.
Esa misma confianza que los padres dan al Presidente la otorgó ayer la Organización de las Naciones Unidas (ONU), al ponderar el compromiso empeñado por López Obrador para llegar a la verdad.
Los padres de los 43 normalistas los extrañan, los lloran, sueñan que los encuentran con vida… “El reclamo es el mismo desde hace cinco años: la presentación de los jóvenes con vida, verdad y justicia, castigo a los responsables”, dijo De la Cruz.
La nueva Fiscalía dejó de hurgar en el basurero de Cocula -donde la extinta Procuraduría General de República (PGR) cimentó su “verdad histórica”, sobre la incineración de algunos de ellos-, ahora remueve desechos con maquinaria pesada en busca de indicios de los jóvenes en otro basurero, el de Tepecoacuilco.
De vez en vez, la esperanza paterna por volver a estar junto a sus hijos los recrea frente a ellos, en un espejismo de amor: ven a sus chicos saludando, riendo… como le sucede a don Emiliano Navarrete.
Lo cierto es que desde hace cinco años, en una acción de violencia extrema, donde se usaron armas de fuego durante cuatro, cinco horas, e ilustrada como de “guerra” por Ángela María Buitrago, exintegrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), los 43 normalistas están desaparecidos.
Las acciones en las que desaparecieron ocurrieron en nueve escenarios distintos en un perímetro de 180 kilómetros, entre las 9:30 de la noche del 26 de septiembre de 2014 y las 2 de la madrugada del día siguiente. Y de esas acciones, distintas autoridades tuvieron conocimiento y no hicieron nada. Hubo fotografías y videos que no se hicieron públicos porque supuestamente fueron destruidos.
La ausencia de estos 43 aspirantes a maestros rurales de la escuela Raúl Isidro Burgos, la misma donde se gradúo el legendario guerrillero Lucio Cabañas (1938-1974), se debió a una acción conjunta entre policías de al menos dos municipios del estado de Guerrero – Iguala y Cocula- al servicio del grupo criminal Guerreros Unidos.
Esta historia de horror y muerte comenzó el 26 de septiembre de 2014 después de que un grupo de estudiantes de la Normal de Ayotzinapa se movilizó desde Chilpancingo hacia las afueras de Iguala. Habían salido a “botear” (recolectar dinero) y secuestraron, según sus usos y costumbres, autobuses de transporte público para ir a la marcha conmemorativa del 2 de octubre en la Ciudad de México.
De acuerdo con las investigaciones oficiales, hubo ataques contra tres autobuses en la calle Juan N. Álvarez; otro atentado a un autobús en un puente frente al Palacio de Justicia de Iguala. De dos de esos tres autobuses es de donde se llevaron a los normalistas: unos hacia Cocula y otros hacia Huitzuco. Esta última pista apenas se empieza a investigar.
El GIEI documentó, además, el bloqueo a otro autobús que normalistas habían tomado; fueron obligados a descender y luego fueron perseguidos durante varias horas.
Además del ataque masivo a los normalistas, hubo otros: primero contra dos taxis y posteriormente contra el autobús del equipo de futbol de tercera división Los Avispones y otros vehículos en el cruce de Santa Teresa, a 12 km de la ciudad de Iguala, rumbo a Chilpancingo.
Además de la posterior desaparición de los 43 estudiantes, en esos ataques murieron seis personas y 38 más resultaron heridas. La onda expansiva de ese ataque, según el segundo reporte del GIEI, produjo cerca de 180 víctimas directas y hasta cerca de 700 familiares afectados.
Entre los heridos el más emblemático de los hechos de la noche de Iguala es Aldo Gutiérrez, un joven de Tutepec (Guerrero), que desde hace cinco años está en estado vegetativo en una cama de hospital, en una casa que el gobierno construyó para él, con una ambulancia a su servicio, en Ayutla de los Libres.
El caso empezó como un asunto del fuero local y las autoridades federales entraron tarde, lo que para muchos analistas políticos marcó el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto. A esa complejidad se sumó un ingrediente: el quinto autobús. La existencia de un autobús más, soslayada en la investigación oficial, fue impulsada por el GIEI desde el inicio de su investigación.
La hipótesis, que se comprobó tres años después, se basaba en que entre los vehículos secuestrados por normalistas pudo haber uno cargado con droga cuyo destino final era Chicago. Guerreros Unidos traficaba heroína de Iguala a esa ciudad.
El GIEI no quedó satisfecho con la identificación plena del autobús que las autoridades mexicanas presentaron como el quinto autobús. “A criterio del GIEI, no se ha realizado de forma conveniente (la identificación), teniendo en cuenta las diferencias señaladas en el peritaje correspondiente publicado en el Informe Ayotzinapa del 6 de septiembre de 2015 entre el bus presentado por la PGR y el que aparece en la grabación de video de la central camionera. El cotejo de diferencias llevó a determinar que probablemente no se trataba del mismo. Estudios más específicos para esa identificación deberían hacerse antes de la inspección de un autobús que no se sabe si corresponde con aquel”, dice el informe de la instancia de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH).
El GIEI, que en sus dos participaciones en el caso Ayotzinapa tuvo como secretario técnico a Omar Gómez Trejo, quien es desde el 26 de junio pasado es el fiscal de la Unidad Especial de Investigación y Litigación de la Fiscalía General de la Federación (FGR), obtuvo en 2015 un logro: sacar de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) la investigación y llevarla a la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la PGR.
No obstante, a partir de enero de 2016, según el segundo informe del GIEI, se dificultó su labor. “Si bien los meses de noviembre y diciembre (de 2015), mientras el nuevo equipo conocía el caso, se logró empezar a avanzar en las líneas de investigación, a partir de enero distintas situaciones obstaculizaron el trabajo. Las condiciones que se crearon a partir de entonces limitaron el avance, ya que el equipo no contó con la independencia, ni la información necesaria para realizar adecuadamente su trabajo”.
Desde la campaña presidencial, López Obrador subrayó su interés de llegar a la verdad de la desaparición de los normalistas. El 3 de diciembre de 2018, dos días después de su toma de protesta como Presidente, firmó el decreto para la creación de la Comisión para la Verdad.
En Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo ha recibido a los padres de los estudiantes. Y una y otra vez ha invitado a la gente que tenga información a que la comparta. Felipe de la Cruz sostiene que ve voluntad y disposición del gobierno federal porque “ha puesto los medios para que se avance en esta nueva etapa de investigación. El decreto presidencial abre las instituciones que en su momento Enrique Peña Nieto había cerrado y hay disposición de los funcionarios”.
Ahora las autoridades federales han empezado a romper una especie de pacto de silencio y la investigación se empieza a fortalecer con nuevos datos, dijo Buitrago. De forma voluntaria personas se han acercado a las autoridades para así poder saber cuál fue la suerte de los 43 normalistas, que con su desaparición globalizaron el nombre de Ayotzinapa, como uno de los casos de violación de los derechos humanos en México.
