Saúl Pedro Martínez Gómez, representante de calle a través del Sistema de Agua Chupactic en San Cristóbal de Las Casas, denunció la indiferencia que han mostrado los tres últimos alcaldes y alcaldesa locales para acabar con el ecocidio que sufre desde hace 9 años la Reserva Ecológica de Quemvó Cuxtitali.
«Las invasiones en la zona de poco más de 22 hectáreas y el levantamiento de distintas estricturas genera un gran impacto ambiental y pone en riesgo la existencia de un manantial, mismo del que se abastecen de agua aproximadamente siete mil personas», detalló el ambientalista.
En entrevista, recordó que en junio pasado un juez federal concedió un amparo y ordenó a las autoridades inherentes a esta problemática, entre ellas la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y Comisión Nacional del Agua (Conagua), coordinarse para evitar que haya más invasiones en la zona.
«La importancia que reviste preservar este lugar, del que en 2014 el Congreso del estado emitió el Decreto 516, estriba en que dentro de la Reserva se encuentran las cuevas de Quemvó, desde donde brota el agua que forma el río Amarillo, afluente que lamentablemente hoy registra altos niveles de contaminación», remarcó el denunciante.
Respecto al fallo del juez, Martínez Gómez señaló que es una medida cautelar para que las autoridades referidas lleven a cabo las tareas que coadyuven a conservar la Reserva Ecológica de Quemvó Cuxtitali.»La resolución marca un tiempo determinado para que estas instancias de gubierno den a conocer cuál es el avance que llevan en estos trabajos», señaló.
Lamentó la podedumbre en que se ha manejado el asunto, pues pese a la infinidad de reuniones que han tenido los afectados con autoridades de los tres niveles de gobierno, las protestas pacíficas que han efectuado y las constantes notas informativas que se publican al respecto, lejos de solucionarse el conflicto, han recbido amenazas por parte de quienes han invadido ilegalmente la zona.
No obstante, confío en que pronto podrán ver algún resultado positivo, ya que si los señalados para actuar hacen caso omiso al resolutivo, serán sancionados económicamente y en casos más graves «podrían ser hasta destituidos del cargo por desacato los funcionarios y/o funcionarias involucradas», resaltó.
