Milenio
El estado de excepción que decretó en Ecuador el presidente Daniel Noboa, que estará vigente por 60 días y es el primero que decide ordenar tan sólo a un mes y medio de encabezar el Ejecutivo, no es algo nuevo para ese país sudamericano pues su antecesor, Guillermo Lasso, recurrió a él frecuentemente.
Esta vez recurre Noboa a él debido a la fuga del narcotraficante Adolfo Macías, Fito, de una cárcel de la ciudad de Guayaquil este fin de semana.
Lasso recurrió al estado de excepción a nivel nacional en agosto tras el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio a manos de sicarios días después que el propio aspirante afirmara que Fito intentaría matarlo.
El estado de excepción no es un decreto raro en la historia mundial, ya sea en todo un territorio nacional o en algunas regiones y/o ciudades.
Tan solo en América Latina “al menos 30 estados de excepción o regímenes de seguridad pública análogos” han sido decretados entre abril de 2020 y abril de 2023, de acuerdo al Center for Strategic and International Studies.
El año pasado, por algunos momentos (días o semanas) además de Ecuador, Perú y Brasil declararon estados de excepción o sus equivalentes, ya sea a nivel nacional, provincial o en ciudades.
Un año antes, el presidente Gabriel Boric decretó, en mayo de 2022, el estado de excepción en la zona mapuche, en concreto la región de La Araucanía y las provincias de Arauco y del Biobío, en la región del Biobío, para el control del orden público ante la disputa territorial que encabezan los indígenas.
También en 2022, Belice decretó estado de emergencia por 30 días ante la violencia generada por la delincuencia en Ciudad Belice.
Un año antes, había tomado medidas similares pero para resguardar la capital, Belmopán.
Pero los casos más conocidos son los de Honduras y El Salvador al decretar estados de excepción al argumentar su lucha contra las pandillas, en particular a la Mara Salvatrucha.
El gobierno de Honduras ha ido extendiendo el «estado de excepción parcial», en vigor desde diciembre de 2022, tras la llegada a la presidencia de Xiomara Castro, como medida para reducir los índices de violencia en al menos 158 de los 298 municipios del país. El último terminó su vigencia el pasado primero de enero.
En cuanto a El Salvador, su presidente, Nayib Bukele, a izado la bandera de la violencia pandillera parta desde marzo de 2022 pedir al Congreso, oficialista, el estado de excepción.
A menos de un mes de las elecciones presidenciales donde Bukele busca la reelección, por lo mismo ha pedido licencia al Ejecutivo por lo que hay una presidenta interina, su popularidad, de acuerdo a Los Angeles Times es de 70.8 por ciento y 97.7 por ciento de los consultados consideró que la violencia ha disminuido.
El Salvador cerró 2023 bajo un régimen de excepción, que suspende garantías constitucionales como el derecho a la defensa, después de que el oficialismo aprobó el 6 de diciembre en la Asamblea Legislativa la vigésimo primera ampliación por 30 días.
En el decreto, aprobado por 65 votos de los 84 diputados sin debate previo, señala que la suspensión de estas garantías, que llegará a 22 meses, sigue siendo necesaria «para llevar a cabo las acciones operativas idóneas y continuar dando seguridad frente a la amenaza de las organizaciones criminales y sus integrantes».
