Félix Camas
San Cristóbal de Las Casas.- Socios de la Caja Popular Don Bosco advierten sobre el fraude que directivos de esta instancia se encuentran haciendo con los beneficiarios, ya que se encuentran negando el seguro de vida, bajo el argumento de que el fallecido no había ahorrado o no había hecho sus abonos de su crédito, lo cual se encuentra fuera de la ley y del conocimiento de las autoridades reguladoras como Condusef y la Comisión Nacional Bancaria de Valores.
“El convenio entre la Caja Don Bosco y la aseguradora se hace de manera interna sin que tengan conocimiento las autoridades reguladoras, el seguro no es un beneficio, es un servicio que contrata el Representante Legal y Consejos con el dinero que retiran de las cuentas de Ahorro Mayor de sus socios”, refieren los denunciantes.
Asimismo, aseguran que con los documentos que cuentan es más que evidente que se quedan con los ahorros de los socios de manera ilegal y fraudulenta, “y por eso no tramitan los seguros ante la aseguradora, o bien, le paga a la aseguradora con los ahorros de la sociedad y tienen algún trato con esta, para que la caja impida que la aseguradora pague los seguros y beneficios, poniendo excusas ilegales”.
“El convenio de Beneficios que hemos firmado y firmaron nuestros difuntos no solo carece de validez por lo ya expuesto (aparte te niegan una copia del mismo), así como de sus reglamentos internos, ya que son ilegales y fraudulentos, máxime que dichos documentos están creados para obstruir a que sea tramitado el seguro, y el seguro lo tramita la propia caja, no lo tramita el beneficiario ante la aseguradora”, aseveran.
Por lo anterior, señalaron al gerente general de la Caja Don Bosco, José Antonio Flores López, en contubernio con el Consejo de Administración y Vigilancia de cometer fraude contra los socios.
Finalmente, aseguraron que demostrarán ante las instancias legales correspondientes que la Caja Don Bosco está utilizando documentos ilegales, con cláusulas abusivas y fraudulentas, lo cual debe ser sancionado por la Condusef, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Fiscalía General del Estado, “documentos ilegales que solo lo utilizan de manera interna y en perjuicio de los más necesitados”.
