MANUEL MONROY
La tarea básica y fundamental del Estado Mexicano: brindar seguridad a sus ciudadanos, no está siendo cumplida. «Llevamos más de una década con niveles de homicidios sin precedentes. El primer cuatrimestre de este año ha sido el más violento desde que se tiene registro, con aumentos en el número de homicidios en 16 de 32 entidades federativas».
Gustavo De Hoyos Walter, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), recordó que en la semana recién concluida se dio un hecho grave que amerita reflexión: En La Huacana, Michoacán, un grupo de militares fueron sometidos por civiles fuertemente armados e incluso grabados en un video mientras eran arrinconados.
«Este triste espectáculo de sumisión por parte del Ejército fue catalogado como un acto de valentía pues, según supimos, él gobierno ha instruido a dicha instancia a no violentar los derechos humanos de ningún individuo», dijo y agregó que Coparmex celebra que las Fuerzas Armadas busquen conducirse con apego a los derechos humanos.
Sin embargo -señaló- «diferimos fuertemente con el Ejecutivo en aceptar que la forma de lograrlo es permitir la humillación del Ejército en plena visibilidad pública. Pretender que debemos escoger entre la protección del territorio y los derechos humanos es un planteamiento ficticio y maniqueo que no abona a crear un Estado de Derecho».
Rememoró que desde hace varias décadas, la estrategia para combatir al crimen organizado ha tenido que recurrir al uso de las Fuerzas Armadas. «Entre 2006 y 2018, se registraron cuatro mil 250 enfrentamientos entre fuerzas federales y grupos criminales, de los cuales el 75% fueron protagonizados por la Secretaría de la Defensa Nacional», informó.
Consideró igualmente que el uso del ejército y la marina ha sido necesario debido al incremental poderío de fuego de los grupos criminales. «Si bien el ideal sería que el crimen fuera controlado por cuerpos de policía civiles debidamente profesionalizados o entrenados, la realidad del sistema de justicia mexicano no lo permite», subrayó.
El empresario enfatizó que al momento, solo las Fuerzas Armadas tienen la estrategia para enfrentar a los cárteles de la droga. A diferencia de las policías, el Ejército y la Marina tienen por vocación el control de territorio en situaciones de alto riesgo. «Ante el nivel de violencia que impera en ciertas comunidades, éstas resultan el único mecanismo viable para restaurar el orden y la tranquilidad».
De Hoyos Walter calificó como preocupante que el gobierno federal haya girado instrucciones complementarias ambiguas que impiden a las fuerzas armadas actuar. «El Ejecutivo ha encomendado al Ejército la protección del territorio a la vez que les ha solicitado no enfrentarse con civiles para evitar violaciones a los derechos humanos».
Y destacó: «Esta instrucción es poco clara y por tanto contraproducente. De ser interpretada de forma literal, la orden impide que las Fuerzas Armadas realicen funciones básicas de control, pues le impide enfrentarse a células criminales armadas o grupos paramilitares».
