Gaceta UNAM
En los supermercados es común encontrarse a adultos mayores sirviendo como empacadores, los llamados “cerillitos”, personas que encuentran en esta actividad la obtención de algunos pesos por sus servicios. Este tipo de actividades, si bien les proveen un ingreso y los mantienen activos, no son el ideal para su estabilidad económica.
Para Isalia Nava Bolaños, del Instituto de Investigaciones Económicas, hay una discriminación muy marcada hacia las personas en edades avanzadas y sobre todo una discriminación económica. “Si nosotros revisamos la última encuesta sobre discriminación del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que data de 2017, veremos que más de la mitad de la población de 60 años y más declara haber sido discriminada por su edad en el último año, y dentro de esta discriminación los elementos económicos tienen un peso muy importante; por ejemplo, la parte de depender económicamente de las familias, el maltrato, el abandono, el despojo de los bienes, carecer de acceso a servicios de salud. Algo muy importante es que al preguntarles si se consideran una carga para sus familias, más de la mitad de ellos, declara estar de acuerdo con esta premisa”.
Diversos motivos
Nava Bolaños abunda: “eso nos da cuenta de cómo es percibido el proceso de envejecimiento entre la población, a partir de sus propias experiencias, de sus vivencias. Generalmente en las edades avanzadas se presenta una discriminación múltiple por diversos motivos: la edad, que es el principal, desigualdades de género y raciales, así como ciertas condiciones de salud o discapacidad. Esto se agrava cuando consideramos todos estos elementos y la población se vuelve más vulnerable, más discriminada, empieza a sufrir esas condiciones de desventaja”.
Sobre cómo pueden tener una mejor situación económica, la experta en economía, género y envejecimiento de la población apunta que como sociedad tenemos que pensar en mecanismos vinculados con la seguridad social que garanticen un ingreso de la población en estas edades avanzadas: “Puede ser un ingreso a partir de las pensiones contributivas, y si no logran contar con este derecho hay que pensar en las pensiones no contributivas. En las familias hay un aporte importante y ayuda al bienestar de las personas mayores. Pero estos recursos suelen ser insuficientes y dependen de las familias y las personas al interior de los hogares. Por ello, también es necesaria una diversificación de sus fuentes de ingresos, o sea, un poquito de alguna actividad laboral, un poquito de la familia, otro poquito de otro lado. De pronto algunos tienen pensiones no contributivas y van juntando un recurso más amplio”.
Acciones legales y del Estado
Además de las acciones que se pueden tomar en lo personal o familiar, la especialista señala también que es indispensable que el Estado también intervenga: “es muy importante que se prohíban todo este tipo de situaciones, que se sancionen, sobre todo las relacionadas con la parte laboral o cuando están vinculadas con el despojo de bienes; que se eliminen barreras jurídicas o sociales que puedan existir, barreras institucionales; que se tomen medidas de acción afirmativa encaminadas a mejorar las condiciones de la población en edades avanzadas, a proveer mayor información para uso de la tecnología, que se hagan ajustes como sociedad para tomar conciencia sobre la importancia de las personas en edades avanzadas o el aporte que tienen y han tenido en general y en particular para la economía”.
Hay un aumento en la esperanza de vida, y aunque hay gente en edades avanzadas en muy buenas condiciones, también hay población en edades tempranas con salud muy mermada y esto representa un costo. Particularmente, agrega Nava, “el envejecimiento se caracteriza por la presencia de enfermedades crónico-degenerativas, de incapacidades y es muy común que se recaiga en dependencias por parte de la familia. No todas las personas mayores experimentan las mismas circunstancias en términos de la presencia de estas malas condiciones de salud, sino que puede haber diferencias importantes que además se intensifican de pronto por algunas desigualdades socioeconómicas”.
Para terminar, la investigadora comenta: “desafortunadamente, la mayor parte de la población que se mantiene en la actividad económica, 75 por ciento aproximadamente, lo hace en la informalidad. Esto nos lleva a que no cuenten con acceso a la seguridad social, con servicios de salud, con la posibilidad de a lo mejor tener pensión. La mayoría de los hombres está en el ámbito agropecuario, las mujeres en el sector informal. Y si revisamos por empleos, entonces lo que predomina ahí es una alta precariedad”.
