Existe presunto conflicto de interés, pues la empresa prestadora de dicho servicio es propiedad del papá de la Regidora con licencia, Marcela Castillo
En sesión extraordinaria, este viernes 2 de febrero el Cabildo de Tuxtla Gutiérrez autorizó la ejecución de un millón 959 mil para la contratación de servicios de asesoría jurídica en materia laboral por el período comprendido de este mes de febrero al próximo 30 de septiembre.
Llama la atención que estos servicios sean requeridos para dicho período, pues se trata de los últimos meses de gestión del Orsoe Morales, empero, la 8va Regidora del Ayuntamiento, Adriana Guillén Hernández, destacó que esta tarea es realizada de manera continua por el gobierno.
No obstante, según una investigación de Agencia 55, esta contratación se realiza porque el Consejero Jurídico del Municipio, Jorge Enrique Zapata, no tiene la capacidad de desahogar este tipo de trabajo.
De hecho, este tema se convierte en un conflicto de interés, pues la empresa a contratar para prestar este servicio sería Integral Legal SC, propiedad del papá de la Regidora con licencia, Marcela Castillo, quien se lanzó en busca de una diputación federal.
Otro asunto que se trató en la sesión, fue el aval para invertir 974 mil 999 pesos en la compra de tres tambos de imidacloprid 3%, + prelatina 0.75% tambo de 208 litros, que se usarán en las fumigaciones dentro de la ciudad para prevenir enfermedades transmitidas por vector.
